La Paz, 21 de marzo del 2025 (ANF). – Campesinos de comunidades de Potosí, Oruro y La Paz llegaron a la sede de Gobierno este viernes para exigir a las empresas mineras un fondo de compensación por el daño ambiental y un alto a las concesiones mineras; además, denunciaron la inacción del gobierno de Luis Arce frente a la contaminación de los indígenas por mercurio, plomo y arsénico.
El vicepresidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), Lino Milluni, indicó que el Gobierno no tiene propuestas ni respuestas claras frente a la contaminación minera en comunidades del Norte Amazónico de La Paz y comunidades que viven por alrededores del Lago Poopo y Potosí.
“Por ahora no vemos respuestas claras del gobierno nacional frente a la contaminación minera. Algunas atenciones se han realizado, pero no vemos que hagan un monitoreo constante de las denuncias que hemos realizado de contaminación minera”, declaró el vicepresidente de la CPILAP.
Representantes del ayllu San Agustín de Puñaca y Betzabe Saca de CENDA recordaron que un estudio científico, del 2023, reveló que la contaminación por mercurio afecta a seis pueblos indígenas del norte de La Paz, quienes superan de dos a siete veces el límite permitido. Informaron que se unieron para exigir al Gobierno que dé soluciones. No descartaron realizar denuncias internacionales.
Ante esta situación, estas comunidades y pueblos exigen las autoridades al menos ocho puntos para la atención de sus habitantes y sus territorios:
1. Cumplimiento inmediato e irrestricto de las Sentencias, resoluciones Constitucionales 1471/2022-5-3 de Puñaca; Sentencia Constitucional N 05/2023 del Río Beni y Madre de Dios; Sentencia Constitucional de Cantumarca y supervisión efectiva de su ejecución, instando a las autoridades competentes a su pronta y efectiva implementación
2. Creación de un Fondo de Compensación y Reparación Integral, financiado por las empresas responsables, para reparar los daños sufridos.
3. Instamos al Órgano Legislativo y a la Comisión de Pueblos Indígenas dar seguimiento y cumplimiento de las Sentencias Constitucionales y establecer mecanismos efectivos para garantizar la ejecución de estos, para lo cual deberá de contar con la participación de las organizaciones indígenas, así como fiscalizar al Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelva en plazos establecidos las acciones de protección al medioambiente, salud y los territorios indígenas.
4. Conformación de una Comisión Mixta de seguimiento con participación de organizaciones indígenas, la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales, a ser posible, para garantizar y dar seguimiento a todas las acciones de cumplimiento.
5. Se garantice la implementación de mecanismos preventivos y medidas de protección inmediatas y efectivas para salvaguardar nuestra integridad física, psicológica y moral, frente a cualquier amenaza, hostigamiento, coacción o acto que ponga en riesgo nuestra seguridad personal, para garantizar un entorno seguro y libre de cualquier forma de intimidación.
6. Exigimos que no se otorgue ningún derecho minero en las cuencas y riberas de los ríos Beni y sus afluentes, ni en nuestros parques nacionales, ni territorios indígenas de T.I.O.C. y, por tanto, que se controlen y mitiguen los pasivos ambientales existentes y se rehabiliten las aguas contaminadas.
7. Exigimos la ampliación de estudios técnicos sobre contaminación del agua, lechos fluviales y análisis de sangre y orina a los comunarios, con la participación de expertos independientes y las comunidades y que los resultados sean públicos y transparentes.
8. Que el Ministerio de Salud implemente un plan de salud integral para diagnosticar, tratar y hacer seguimiento a las personas afectadas por exposición al metilmercurio, priorizando a las comunidades Esse Ejja, Tsimane y Mosetenes.
/DPC/FPF//
Articulo sin comentarios
