La Paz, 16 de julio de 2024 (ANF). - Las organizaciones e instituciones de la sociedad civil, pueblos indígenas originarios campesinos y otros sectores que se articularon en el XI Foro Social Panamazónico (FOSPA) exigen la suspensión de la actividad minera en las comunidades indígenas de Yororobá, Quitunuquiña y Aguas Calientes en el municipio de Roboré, del departamento de Santa Cruz.
“Exigimos la inmediata suspensión de todas las actividades mineras otorgadas en el área denominada Aguas Calientes y la revocación de cualquier licencia o concesión otorgada sea de cualquier índole, por haber sido autorizada sin el consentimiento de las comunidades. En consecuencia, nuestro respaldo y apoyo a la Central Indígena Amanecer Roboré – CICHAR y a sus comunidades afectadas Yororobá, Quitunuquiña y Aguas Calientes, en su rotundo y contundente rechazo al ingreso de la empresa minera Walfremar S.R.L. y cualquier otra actividad minera”, dice el pronunciamiento.
La diputada de Creemos María René Álvarez denunció que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) autorizó la actividad minera que afecta a esas comunidades indígenas. La legisladora envió una Petición de Informe Escrito (PIE) al Ministerio de Minería para que se expliquen los parámetros en los que se otorgaron los permisos.
A la vez, piden a la AJAM dejar sin efecto toda autorización de explotación minera otorgada en el polígono de Aguas Calientes, colindante al Valle de Tucabaca ubicada en ese municipio.
“Las operaciones mineras han causado y continuarán causando daños irreparables al medioambiente, incluyendo la contaminación de las fuentes de agua y la destrucción de la biodiversidad local, convirtiéndose en una amenaza devastadora para nuestras comunidades”, precisa.
Indicaron que la actividad minera en la región fue autorizada sin realizar una consulta previa a las comunidades indígenas, tal como establece la normativa vigente y la Constitución Política del Estado (CPE) vulnerando sus derechos colectivos.
“Que la autorización de prospección y exploración para actividades mineras en la región ha sido autorizada sin la debida consulta previa, libre e informada a las comunidades, violando sus derechos colectivos establecidos en el artículo 30 de la CPE y poniendo en riesgo su autodeterminación y modos de vida ancestrales”, dice el documento.
La diputada cruceña también remitió a la Comisión de Organización Territorial y Autonomías de la Cámara de Diputados una minuta de comunicación para el alcalde de Roboré, José Eduardo Díaz, para que aplique las normas ambientales vigentes en ese municipio.
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