La Paz, 1 de septiembre de 2023 (ANF).- La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Beni resolvió “denegar la acción popular” que interpusieron los indígenas del sector Yacuma que pidieron que se les garantice sus derechos de propiedad de tierras de posesión ancestral. Además, tres instituciones estatales negaron que se tutelen los derechos colectivos de los indígenas.
“Resulta irrelevante el ordenar a la autoridad accionada emita una nueva respuesta, por lo que corresponde denegar la tutela impetrada. Exhortando sin embargo a la autoridad que en lo posterior atienda la solicitud realizada por cualquier persona individual o colectiva”, dice la resolución emitida por el vocal Marco Antonio Justiniano.
En julio de 2021, los indígenas tsimanes presentaron al Instituto Nacional de Reforma Agraria una demanda de reconocimiento y dotación de 54 mil hectáreas de tierra, pero esta institución estatal ni siquiera había respondido a su solicitud.
Cansados de que el INRA eluda su responsabilidad a las permanentes solicitudes de respuesta, Rosendo Merena, Gabriel Merena, Carmelo Cayo y otros indígenas tsimanes, interpusieron una acción popular para obligar a una respuesta y a que se tutelen sus derechos.
El administrador de justicia constitucional señaló que de acuerdo a informes del INRA se había dado respuesta, aunque de forma tardía, por lo que en su resolución exhortó que para el futuro las respuestas deben ser oportunas.
Sin embargo, el abogado de los tsimanes Alcides Vadillo cuestionó la información proporcionada por el INRA. “No confundamos, no intentemos tapar la ineficiencia o la amala fe confundiendo la verdad”.
Precisó que las comunidades que plantearon la acción popular no tienen territorio. “El INRA intenta confundir diciendo que les han dotado del territorio indígena tsiman, pero es una parcialidad. El reclamo es de 12 comunidades de Yucumo, Rurrenabaque y San Borja, son 12 comunidades que no se les ha reconocido ni tierra ni territorio”, sostuvo Vadillo en la audiencia.
El juez también se pronunció a favor de la Autoridad de Bosques, dijo que la petición de respuesta tampoco es atribuible a la autoridad, sino a un tercero.
Las comunidades tsimanes apelaron a la Constitución, a las normas internacionales, pero todo el aparato estatal señaló que no se han vulnerados sus derechos, incluso la Procuraduría General del Estado.
El abogado representante de la Procuraduría manifestó que pudieron evidenciar que no se vulneraron los derechos y garantías de comunidades indígenas.
“Esas tierras ya están saneadas y dotadas a comunidades accionantes como a otras que ya se encuentran asentadas. Nosotros nos vamos a adherir a todo lo que ha manifestado el INRA”, sostuvo, al pedir que se “deniegue” la tutela.
Mientras que la representante del INRA Nacional y la departamental del Beni alegaron que ya se les había dotado tierras y que se había respondido a sus demandas. Solicitaron que se deniegue la acción.
Por su parte, el representante de la ABT argumentó que esta institución no tendría que haber sido demandada con la acción popular porque no tiene nada que ver en la controversia entre comunidades tsimanes y campesinas, toda vez que se trata de un conflicto de distribución de tierras.
Los tsimanes también cuestionan las autorizaciones de la ABT para los “desmontes ilegales”, sin embargo esta institución alegó que las mismas se hicieron en el marco de las leyes y de sus atribuciones. Al final, como el resto de las instituciones estatales pidió “denegar” la tutela.
Como terceros interesados también estuvieron presentes los miembros de la Fepay (interculturales) que rechazaron la acción popular y demandaron que no se les reconozca los derechos de tierra a los indígenas.
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