La Paz, 18 de mayo de 2025 (ANF).- En los últimos dos años, al menos 15 organizaciones sociales del país fueron objeto de suplantación o división dirigencial, una práctica impulsada por actores externos vinculados al Gobierno, según un informe del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de la red UNITAS.
El documento señala que entre 2023 y 2024 se registraron 15 casos en los que partidos políticos o grupos afines al oficialismo intervinieron estructuras internas de organizaciones sociales con el objetivo de fracturar o sustituir a sus dirigencias legítimas.
“La vulneración más recurrente a la libertad de asociación durante el 2024 fue la suplantación y división de organizaciones, entendida como la creación de una dirigencia paralela que se atribuye el título legítimo de cabeza de una organización, generando un discurso de invalidación de la estructura orgánica, legítima e histórica de ésta”, indica el informe.
Entre las organizaciones afectadas en 2023 figuran el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (dos veces), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (también en dos ocasiones), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y su filial de El Alto.
En 2024, el Observatorio documentó ocho nuevos casos, incluyendo a la Asamblea de la Alteñidad, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), la Federación de Padres de Familia de El Alto, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari”, la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija, la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Tarija y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia - Bartolina Sisa.
Según UNITAS, esta estrategia de “paralelismo dirigencial” responde al interés de actores estatales por “cooptar” organizaciones a través de redes clientelares que deterioran su autonomía y legitimidad.
La red advirtió que esta situación pone en riesgo el ejercicio pleno del derecho a la libre asociación y debilita el tejido democrático del país.
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