La Paz, 28 de octubre de 2023 (ANF). - La Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno nacional abrogar aquellas normas que fomentan los incendios forestales en el país. Además, consideró que es necesario trabajar en una ley que incremente las sanciones administrativas contra los responsables.
“En este alarmante contexto convocamos al Estado y gobiernos indígena originario campesinos a analizar y viabilizar normas agrarias, forestales e hídricas compatibles con las necesidades del pueblo boliviano abrogando normativas que fomentan o promueven los incendios forestales (Leyes N° 741 y N° 1171 y el Decreto Supremo N° 3973) incrementando las sanciones administrativas por estas quemas, además analizar y promulgar un Código de Procedimiento Agroambiental”, señala la nota difundida por el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
En un reporte que brindó el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó que entre lunes y martes se registraron 21 incendios en cuatro departamentos del país, al final de la semana laboral se redujeron a ocho, según información oficial.
A la vez, una delegación de esa instancia se trasladó hasta el norte de La Paz, Santa Cruz y en el Beni donde se evidenció que la salud de los niños, adolescentes y de los indígenas está siendo afectada por la densa humareda que ocasionaron las quemas en esas regiones.
“La brigada defensorial evidenció que la salud de niñas, niños, adolescentes, las comunidades indígenas originario campesinas y la biodiversidad se encuentran seriamente afectadas por el desastre. Eso debido a la contaminación de las fuentes de agua, la reducción de bosques, la afectación de la producción y los medios de vida de las poblaciones asentadas”, afirmo.
Por otra parte, también pidió a las autoridades correspondientes a asumir acciones para la atención de los damnificados, a la vez, solicitó a la población no ser indiferentes con la situación que atraviesan las familias afectadas.
“Convocamos a todas y todos los bolivianos a ser solidarios con las poblaciones de los municipios afectados; a las autoridades de todos los niveles del Estado a brindar con celeridad atención a las necesidades más emergentes de las poblaciones, sobre todo a realizar acciones de mitigación medio ambiental, posteriores al desastre natural, respetando los derechos humanos y los derechos de la Madre Tierra”, manifiesta el comunicado.
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