La Paz, 9 de abril de 2025 (ANF).- En una reciente emisión del programa del Defensor del Pueblo, el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, expresó su preocupación ante la crítica situación del hacinamiento carcelario en Bolivia.
“El Estado está vulnerando el derecho madre que tiene cada persona, que es el de ejercer todo lo que corresponde en ley”, afirmó al señalar que el crecimiento desproporcionado de la población penitenciaria obedece, en gran parte, al incumplimiento de plazos y garantías procesales.
Limpias subrayó que la normativa legal debe acompañar tanto las demandas de seguridad ciudadana como el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
“La sociedad necesita una respuesta y requiere que la normativa acompañe, pero también se tiene que respetar todo lo que concierne en plazos a los delitos que están siendo juzgados a cada individuo dentro de un Estado”, señaló.
La autoridad penitenciaria explicó que, si bien existe una demanda legítima de seguridad por parte de la ciudadanía, esta no puede ser abordada únicamente desde la óptica punitiva.
En los últimos años, indicó, la población demanda más seguridad, como prioridad, pero “eso no debe traducirse en una aplicación desmedida de la prisión preventiva ni en un olvido de los derechos procesales de los acusados”.
Durante el programa, Limpias también cuestionó la visión política dominante que asocia seguridad con endurecimiento penal. Recordó que muchos políticos han hecho campaña prometiendo “más seguridad”, pero sin considerar el impacto de esas políticas en el sistema penitenciario.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, complementó el análisis indicando que el Decreto Presidencial N° 5137, recientemente aprobado por el Gobierno, busca aliviar esta situación mediante medidas de amnistía e indulto. Sin embargo, cuestionó la contradicción existente entre estas políticas y el accionar del sistema judicial.
“Por un lado se pretende descongestionar las cárceles, pero por otro, tenemos jueces que aplican la detención preventiva de forma desproporcionada”, advirtió.
Callisaya criticó también las propuestas legislativas que endurecen las penas para delitos patrimoniales menores, como el proyecto “Lo ajeno no se toca”, impulsado por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Según los datos oficiales presentados por el Defensor, la población penitenciaria en Bolivia creció de 24.000 a 32.500 personas hasta enero de 2025. De esta cifra, el 65% está detenida preventivamente sin sentencia, lo que refleja una clara tendencia a la judicialización excesiva y a la falta de una política penal que priorice la reinserción.
“Es necesario ver desde la perspectiva de los derechos humanos la urgencia de acciones concretas que regulen el uso racional de la detención preventiva”, insistió Callisaya.
A su juicio, Bolivia requiere una verdadera política penitenciaria integral que no solo se centre en el castigo, sino que también contemple la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad.
/ANF/
Articulo sin comentarios
