La Paz, 1 de abril de 2025 (ANF).- El director de Litigio Internacional de Human Rights Foundation (HRF), Javier El-Hage, advirtió que gestionará procesos y sanciones contra los funcionarios que no hagan cumplir la resolución del Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que ordena la liberación del gobernador electo de Santa Cruz, Fernando Camacho.
“En lo que estamos es esperar que este gobierno la ejecute (la resolución). Lo contrario, crea un precedente muy malo y puede generar sanciones a las personas específicas que están abogando para que no se cumpla. Durante la conferencia de prensa de hoy indicamos que nosotros, como HRF, tenemos un programa de sanciones, según el cual nosotros vamos a buscar sanciones a los funcionarios concretos que no cumplan esto”, dijo El-Hage anoche en Red Uno.
La semana pasada se conoció la resolución que emitió el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU sobre la detención preventiva de Camacho. El documento ordena la libertad del exlíder cívico, pero ese informe fue rechazado por el ministro de Justicia, César Siles.
El primer punto resolutivo del documento indica que la privación de libertad de Luis Fernando Camacho es arbitraria, además de haber vulnerado los artículos 2, 7, 9, 10, 11, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14, 19, 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“Pide al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Camacho sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto”, señala el documento.
El director de Litigio Internacional de HRF dijo que apelarán a la “Ley Global Magnitsky” de Estados Unidos para sancionar con el retiro de visas y el congelamiento de bienes de todas las personas que impidan la ejecución de la resolución.
“Estos funcionarios que cometen estas faltas son los que van a tener minar siendo sancionados, no el estado boliviano”, resaltó El-Hage.
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