Juristas cuestionan la falta de independencia del IDIF y la carencia de recursos humanos

Los juristas Eusebio Vera, Cristian Alanes y Oscar Pereyra brindan criterios al respecto y observan principalmente la falta de independencia del IDIF, la falta de personal y formación. Algunos criterios coinciden con un informe realizado por la Defensoría del Pueblo sobre el IDIF.

“El IDIF siempre ha sido un órgano que ha presentado deficiencias, siempre, a lo largo de toda su existencia, lamentablemente”, afirmó el abogado y exfiscal, Eusebio Vera.

Indicó que, con su creación, el año 2005, se tuvo una gran proyección para realizar labores científicas, sin embargo, siempre “ha tenido deficiencias en cuanto a la contratación de personal”.

“Siempre se ha dudado de las pericias y de los resultados que ha arrojado esta institución, debido precisamente a la mala formación y a la no especialización de sus diferentes profesionales que trabajan en el IDIF”, enfatizó.

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), de acuerdo al artículo 75 del Código de Procedimiento Penal, es un órgano dependiente administrativa y financieramente de la Fiscalía General, y está a cargo de realizar, con autonomía funcional, todos los estudios técnicos requeridos para la investigación de los delitos o la comprobación de otros hechos mediante orden judicial.

Además, se lee en el artículo, los Directores y demás personal del IDIF serán designados mediante concurso público de méritos y antecedentes; sin embargo, señala Vera, la independencia en la actuación científica de la entidad siempre fue cuestionada.

“Entiéndase que no tiene independencia, dependen del fiscal general, entonces como en los últimos tiempos todas las designaciones a nivel jerárquico han obedecido siempre a niveles de carácter político, consecuentemente los resultados que se han obtenido por el IDIF siempre han generado dudas y no certezas”, apuntó Vera.

En el mismo sentido, el abogado Cristian Alanes, ve un conflicto de intereses entre la fiscalía y el IDIF al momento de impartir justicia.

“El IDIF viene a depender de forma directa del Ministerio Público, el IDIF debería ser un ente independiente porque no puede ser juez y parte a la misma vez”, indicó y puso como ejemplo de imparcialidad al Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP), entidad fuera del IDIF que realiza pericias con muy buenos resultados.

Sobre la calidad del trabajo en la institución, indicó que en su criterio cuenta con personal bastante preparado, pero cuestionó deficiencias en las pericias documentológicas por la falta de personal.

“El IDIF tiene personal bastante bien preparado, dependiendo del área que tengas, por ejemplo en psicología tiene muy buenos peritos, en el área médico-legal, pero lo que está fallando un poco es el área de grafotecnia, ya que hace bastantes años solamente tenemos una sola perito que tiene que hacer las pericias grafotécnicas a nivel Bolivia, o sea tiene sobrecarga de trabajo”, apuntó.

En general Alanes destacó el trabajo realizado por el IDIF, pero reparó en que faltan más recursos humanos y equipos para realizar otro tipo de pericias.

El abogado penalista Oscar Pereyra señaló que en este momento en el país no hay instituciones independientes, incluido el DIF, debido a que la gran mayoría han sido copadas por el gobierno de turno.

“Si se diera un caso en contra del gobierno, hay que tomar en cuenta que quienes son designados al IDIF cuentan con el apoyo del gobierno, como se dice tienen padrino en el gobierno y hablar de independencia es difícil”, enfatizó.

Sobre el trabajo que realiza la institución, indicó que en muchos casos se ha desvirtuado las pruebas generadas por el IDIF debido a que quedaron en duda. Indicó que, si una persona siente que no se le hace justicia con el resultado de un peritaje, de acuerdo a ley puede recurrir a un profesional externo y demostrar que lo que generó el IDIF no fue lo correcto.

Vera recordó que en un caso de falsedad material y uso de instrumento falsificado que defendió, se acogieron a una pericia de carácter documental del IDIF con la certeza de que saldría negativa, pero los resultados fueron adversos.

“Cuando sabíamos que no le correspondía la firma (al defendido), el IDIF arrojó en sus conclusiones que sí le corresponde, eso me tocó vivir”, recordó.

Dijo que tuvieron que acudir a otras pericias para objetar el resultado del IDIF, y convocaron al Instituto de Investigaciones del Ministerio Público de Chile, que, como tercero ajeno, “de manera certera señaló que la firma no le correspondía” a su defendido.

“Las deficiencias que ha presentado a lo largo de toda su existencia el IDIF ha generado que, en la población, en el mundo litigante y sobre todo en los abogados que patrocinamos los diferentes procesos, no tengamos certeza de las conclusiones que arrojan los diferentes peritajes, más al contrario, ingresan en contradicciones, muchas veces en irregularidades, toda vez que no existe independencia en sus actuaciones”, apuntó Vera.

Remarcó que este mal trabajo ocasiona un perjuicio al proceso penal y en forma particular a las partes. “Lamentablemente cualquiera que fuese el resultado, la parte que pierde se ve perjudicada, cuando debería ser un estudio técnico científico quien le dé valor de primacía a un determinado peritaje, sin embargo, en Bolivia eso genera lamentablemente dudas”, enfatizó.

La Defensoría del Pueblo en su informe “Los institutos de investigación forense no garantizan el acceso a la justicia” de 2020, en una de sus conclusiones indica que “la garantía del debido proceso se ve cuestionada, en primer lugar, debido a que el principio de inocencia es afectado por la existencia de una duda razonable en los pronunciamientos del IDIF elaborados por profesionales no aptos, es decir, que cuyo objeto de análisis no corresponda a su especialidad”.

Y, en segundo lugar, debido a que el derecho a la prueba, entendido como la facultad de valerse en el juicio por medios de prueba legalmente admisibles y pertinentes, “se ve vulnerado, ya que con pronunciamientos forenses del IDIF de personal no calificado en una determinada especialidad se genera una prueba poco confiable, desembocando así en una situación de vulneración de derechos, tanto de la víctima como de los encausados, haciendo ineficiente el acceso a la justicia”.