La Paz, 21 de marzo (ANF).- La deficiente formación de los fiscales coadyuva a que las investigaciones desarrolladas junto a los policías resulten “extremadamente negativas” para el proceso penal y lleguen a constituirse en una oportunidad para ver el crimen como un “negocio lucrativo”.
Los fiscales han trastocado el tema jurídico en materia penal al adecuar el tipo punitivo a la conducta, cuando debía ser al revés, y donde para acusar y pedir sentencias condenatorias no se requiere de pruebas, aseveran tres juristas entrevistados por ANF. La Fiscalía no respondió a la solicitud de información.
Si bien existe una Escuela de Fiscales -en Sucre- y una de Jueces -en El Alto- para la formación administradores de justicia, los abogados consideran que el efecto en el sistema judicial es mínimo y casi inexistente.
“La formación que se da en estas escuelas es muy limitada, no se invierte en traer a juristas que en realidad pueden aportar de manera actualizada en la investigación, ponen como docente a cualquier abogado que crea tener conocimiento de aquello”, señaló el abogado constitucionalista Jorge Quiroz.
Dijo además que estas escuelas de capacitación para administradores de justicia están muy politizadas y que incluso llevan el nombre del expresidente Evo Morales.
El jurista indicó que en el Ministerio Público hay dos tipos de nombramiento de fiscales: Los que salen de la Escuela de Fiscales y los que son nombrados a dedo por padrinazgo o cupo político. Éstos últimos, refirió, son los que tienen mayor deficiencia en materia investigativa y jurídica y se deben apoyar en los investigadores policiales, quienes también tienen escaza formación.
Quiroz enfatizó que en los procesos tanto de investigación como de juicio oral “se debe probar que las personas acusadas hayan cometido el delito y no quedar en presunciones”.
Contó que en un caso de cohecho pasivo propio que él patrocinó, los fiscales “no encontraron ninguna cantidad de dinero en manos de estas personas, pero fueron sancionados sin que exista el cuerpo del delito (…), es como acusar a alguien de haber matado y sentenciarlo sin tener el cuerpo”.
Para Quiroz lo que está ocurriendo con los fiscales y jueces “es una desatención política por parte de los gobiernos de turno que no otorgan un presupuesto adecuado para la administración de justicia.
El abogado Otto Ritter ve más una función fiscal cooptada por el gobierno de turno y la oportunidad de jueces y fiscales para lucrar del delito. Aseveró que los fiscales no tienen ninguna especialidad y que el único requisito que cumplen para asumir el cargo es ser abogados, a esto se suma ser masistas (militantes del MAS) y también comprar el cargo. En 2019 el entonces ministro de Justicia Álvaro Coímbra denunció la venta de cargos de juez en hasta 25.000 dólares y responsabilizó de esto al gobierno del MAS.
“La Escuela de Fiscales no tiene ninguna función relevante y los fiscales en su gran mayoría no saben si quiera hacer una imputación”, apuntó Ritter.
Según la información proporcionada al GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, de los 570 fiscales de materia en todo el país, solo un 20% fue institucionalizado en gestiones anteriores.
Ritter dijo que, en Bolivia, contrario a lo que debe hacer, el Ministerio Público adecua un tipo penal a la conducta y no la conducta al tipo penal, o sea “si la fiscalía quiere imputar a alguien lo va a imputar por cualquier cosa, aunque no haya cometido delito, entonces le ponen el tipo penal a cualquier conducta, y como todo es provisional, la imputación no necesita pruebas, bastan indicios”.
Un segundo aspecto, refirió, es que el Ministerio Público se ha corrompido tanto que “ha convertido el delito en un negocio”, donde los fiscales “se inventan delitos con el fin de extorsionar a la gente y lucrar del miedo que tiene la población a perder su libertad”.
Un caso emblemático es el de Renatto Cafferata. La familia denunció que previo a la audiencia de medidas cautelares el fiscal del caso mediante un policía pidió 10.000 dólares para que Renatto no pase a la siguiente etapa de la investigación. La familia se negó a pagar el dinero al tener la certeza de que Renatto es inocente. El sistema judicial lo mantiene preso por más de 12 años.
Otros escándalos de corrupción fiscal son el de Marcelo Sosa, funcionario denunciado por extorsión a varias decenas de personas en el caso denominado Terrorismo; también está el del fiscal Humberto Quispe, que organizaba operativos ilegales para extorsionar y robar, lo que incluso generó una organización de las víctimas.
A esto se suma el reciente descubrimiento de al menos una treintena de casos de venta de sentencias, principalmente por feminicidio, en los que están implicados funcionarios de Régimen Penitenciario, fiscales y jueces.
“Esto se ha convertido en un negocio muy lucrativo”, enfatizó Ritter.
El criminólogo Alejandro Colanzi señaló al respecto que el problema del Ministerio Público, y de toda institución que se analice, va más allá de la formación del personal y tiene que ver con la “descomposición de la institucionalidad democrática”.
“El raquitismo institucional democrático es lo que prevalece, entonces así sea el fiscal un superhombre, pero en un sistema raquítico, va a terminar siendo absorbido por el resto del engranaje republicano”, apuntó.
Remarcó que el fiscal tiene que estar acompañado de una buena administración de justicia si quiere hacer cambios, pero “en un sistema descompuesto y manoseado institucionalmente un fiscal tampoco puede hacer mucho si no tiene a investigadores de la policía en una institución a la cual la población teme”.
La institución democrática republicana en la que vivimos, refirió, debería generar seguridad, pero “genera inseguridad” y es donde hay “presiones de tipo político, económico y delincuencial”.
De acuerdo al informe de percepción ciudadana “Contextos y Escenarios Prospectivos”, el nivel de confianza institucional del Órgano Judicial tiene una desaprobación del 97% mientras que la desaprobación de la policía llega al 89%.
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