Caso de tortura de Bascopé lleva siete años sin sentencia y hubo cambio de ocho fiscales

El proceso atraviesa por varios hechos como la pérdida de documentos, actos dilatorios y falta de voluntad para acumular indicios por parte de algunos fiscales que conocieron el caso, así como el abierto interés del Comando de la Policía que mediante demoras injustificadas en la entrega de información busca dejar en la impunidad la tortura cometida por sus efectivos, de acuerdo a la denuncia de la defensa de Bascopé.

En julio de 2014 Bascopé fue detenido en la localidad de Mapiri de La Paz, investigado en el caso Apolo por asesinato, por un grupo de élite de la policía que lo mantuvo tres días a su disposición, tiempo que en el fue cruelmente torturado en el Centro Especial de Investigación Policial (CEIP), en la zona de Obrajes de La Paz, y luego en el trayecto a Apolo. Según la denuncia, todo sucedió en presencia de los fiscales y un viceministro. Sin embargo, por este caso solo están imputados, pero en libertad, los policías entonces subtenientes Mauricio Rojas Rodríguez y Romer Álvarez Cuaretti.

En septiembre de 2019 la fiscal de materia Amparo Morales Panoso emitió una resolución de rechazo en favor de los sindicados Rojas y Álvarez con el argumento de la falta de interés y negligencia en el proceso penal por parte de la víctima. Además de que en el cuaderno de investigación no concurren los elementos constitutivos de los tipos penales de vejaciones y torturas, coacción y lesiones graves y leves, entre otras justificaciones.

En mayo de 2021, la fiscalía departamental resolvió una objeción a la resolución de rechazo del caso y determinó realizar ocho diligencias investigativas de las cuales la actual fiscal de materia, Dubravka Jordán, ya realizó los requerimientos, pero hasta la fecha no hay resultados en ninguno de ellos.

“Las diligencias están en proceso todavía”, informó la actual fiscal de materia de la fiscalía especializada en delitos contra la integridad corporal, que asumió el caso en marzo de este año.

Las diligencias investigativas pendientes de resultados la declaración testifical del subteniente Juan Mauricio Gutiérrez Ontiveros, investigación del CEIP que participó de la aprehensión de Juan Bascopé en la localidad de Mapiri, así como recabar la declaración testifical de Dina Flores Cari, Froilan Chura Quispe y Juan Yujra Valencia.

La fiscal de materia también debe recabar la declaración de Alcides Cáceres, dueño del domicilio de Mapiri donde fue aprehensión Bascopé, así como la declaración testifical de los fiscales Luis Fernando Ferrufino Castellón y Gregorio Blanco Torrez, fiscales de materia que tomaron conocimiento del caso en 2014 y a quienes Bascopé identifica como los cómplices de la tortura en el CEIP.

También debe emitir requerimiento al CEIP para que proporcione la lista de los funcionarios que intervinieron en la captura, aprehensión y custodia de Bascopé, que fue conducido por estos efectivos desde Mapiri hasta sus instalaciones en la zona de Obrajes, donde fue cruelmente torturado por al menos 20 policías, mediante patadas, golpes contundentes y asfixia hasta que perdió la conciencia hasta en dos oportunidades, según su relato.

Los requerimientos fiscales también se deben realizar al director de la FELCC (policía anticrimen) para que informe si los denunciados, Mauricio Rojas y Romer Álvarez, se encontraban cumpliendo funciones como investigadores. Ambos son acusados de ser los directos torturadores. 

Además, realizar la pericia psicológica a Juan Bascopé a través del Instituto de Investigaciones Forenses (Idif) y la inspección técnica ocular a efectos de establecer donde se suscitó el hecho denunciado y cuál fue la participación de los sindicados.

Jordán para explicar la demora en el caso, dijo que si bien se apertura en julio de 2015, “hay que tomar en cuenta que ha habido una resolución de rechazo previamente, así también el tiempo en relación a la revocatoria y más adelante los autos investigativos que he ido realizando, en merito a eso también se ve la observación de las respuestas toda vez que en la actualidad la suscrita ha mandado un requerimiento y hasta la fecha tampoco tenemos una respuesta emitida por el Comando General de la Policía, entonces son aspectos de los que a veces deslinda el Ministerio Público en relación al tiempo de la respuesta que se da considerando también la carga procesal”.

La fiscal dijo que conforme se están realizando los autos investigativos, “mientras no tengamos un auto de conminatoria, la suscrita fiscal va a continuar con los autos investigativos hasta agotar todo acto pendiente a efectos de poder determinar y más adelante emitirse un requerimiento conclusivo bajo el principio de objetividad”.

Mary Rodríguez, defensa de Bascopé, denunció que actuados del cuaderno de investigación recibidos por el fiscal del caso en octubre de 2017 desaparecieron en el despacho del fiscal, y pese a los reclamos presentados ante el director de las investigaciones, la fiscalía departamental y el juez de garantías, “todos han solicitado únicamente informes”.

Denunció que el constante cambio de fiscales -por ocho veces- “ha retrasado las investigaciones” por lo cual “tenían que realizar inventarios y otros”.

Resolver la resolución de rechazo del caso de tortura tomó 15 meses por la falta de fiscal y por actitudes claramente dilatorias de los fiscales de materia a cargo en ese momento. La resolución de rechazo se objetó el 28 de noviembre de 2019, pero no se pudo tramitar por un nuevo cambio de fiscal.

“No se había adjuntado el memorial de objeción al cuaderno de investigaciones estando el memorial desaparecido” y a tanto reclamo lo encuentran 40 días después en el despacho de la fiscal Espejo. Pero “como en el sistema no estaba asignado el caso al nuevo fiscal no se podía realizar actuaciones”.

El 1 de julio de 2020, seis meses después de encontrarse el memorial desaparecido, la defensa reitera para que en el día se remita la objeción ante el fiscal departamental, lo que ha necesitado el requerimiento de fecha 2 de julio de 2020 “donde en lo medular refiere la fiscal que le han reasignado el caso en fecha 11 de febrero de 2020 y dispone que se notifique con la resolución de rechazo al abogado Rilbert Velasco (que había fallecido) y a Mónica Bonifacio sin considerar que no eran víctimas y que simplemente habían denunciado el hecho delictual”.

De acuerdo al artículo 287 del Código de Procedimiento Penal, “El denunciante no será parte en el proceso y no incurrirá en responsabilidad alguna, salvo cuando las imputaciones sean falsas o la denuncia haya sido temeraria”, sin embargo, pese a la aclaración que hizo la defensa, la fiscal insistió en que se notifique al fallecido y a la madre de la víctima.

“A tanto reclamo (de la defensa), la fiscalía ha practicado notificaciones mediante edictos en fecha 11 de noviembre de 2020 (…) y recién remiten la objeción ante la fiscalía departamental el 23 de febrero de 2021”. 13 meses después, en marzo de 2022 fue asignada al caso una nueva fiscal, Dubravka Jordán, que inició los requerimientos investigativos, todos aún sin respuesta.