La Paz, 25 de abril de 2025 (ANF). - El proyecto de “ley de integridad y ética pública en procesos electorales” plantea regular el trabajo de los medios de comunicación la etapa electoral, además de sancionar en caso de que se incumpla con la normativa. Advierten que la norma vulnera la libertad de expresión e información.
“Los concesionarios y operadores privados de radio y televisión deberán garantizar el pluralismo, el equilibrio informativo y la veracidad en el manejo de la información sobre las campañas y el proselitismo electoral. Para estos efectos, remitirán un informe semanal al Órgano Electoral Plurinacional de los tiempos o espacios que en dichas emisiones o publicaciones se les otorgaron a las actividades de campaña de cada candidato o candidata. El Órgano Electoral Plurinacional publicará dicha información y verificará que la presencia de los candidatos en dichas emisiones o publicaciones sea equitativa”, señala el parágrafo II del artículo 5 de la norma a la que accedió la ANF.
Al respecto, el periodista y abogado Andrés Gómez advirtió que "El anteproyecto es un atentado a la libertad de expresión porque quiere convertir a funcionarios del Órgano Electoral en aduaneros de la "veracidad". Como en las dictaduras militares faculta a un funcionario o a varios a convertirse en censor de contenidos. Éstos podrían arrogarse la atribución de definirse qué información o qué opinión es portadora de la verdad", sostuvo.
La proyectista de la norma es la senadora disidente de Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame, inicialmente fue presentada en septiembre de 2024 y en noviembre solicitó su reposición. El 31 de marzo fue tratada y aprobada en la comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral del Senado.
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