La Paz, 7 de agosto de 2024 (ANF).- El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que el presidente del Estado, Luis Arce, puede convocar a un referéndum nacional mediante decreto y sin el consentimiento de la Asamblea Legislativa; dijo que el Gobierno no permitirá que los legisladores obstaculicen la consulta sobre los tres temas que planteó el primer mandatario.
"El presidente va a poder convocar al referéndum con las reglas actuales, y lo puede hacer mediante decreto supremo, pero queremos cualificar, mejorar, el proceso, y si la Asamblea quiere participar, está invitada, pero no nos va a volver a secuestrar, no vamos a tener una Asamblea que bloquee el desarrollo, que bloquee créditos, que bloquee reformas estructurales al Estado, no lo vamos a permitir (...). Si no quieren ser parte de la mesa, no los vamos a necesitar", sostuvo Lima.
La jornada pasada, el primer mandatario anunció que lanzará un referéndum para consultar a la población tres temas: la mantención o eliminación de la subvención de los hidrocarburos; modificación del artículo 146 de la Constitución Política del Estado que refiere a la distribución de escaños parlamentarios en Diputados; modificación del artículo 168 de la Constitución para que exista claridad sobre la reelección continua o discontinua del presidente o vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia.
Lima indicó que enviaron una consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional y el auto 326/2024 que emitió habilita al presidente la posibilidad de llamar a un referéndum mediante decreto.
"El auto constitucional que he señalado, el 326/2024, ha abierto el debate constitucional. No nos permite decir si es una ley o es un decreto, el camino que vamos a llevar. Estamos en un momento de análisis constitucional en el diálogo entre el Ejecutivo, el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional, pero el presidente ayer lo ha anunciado porque está habilitado para hacerlo", aseguró la autoridad.
El ministro de Justicia resaltó que la medida busca escuchar la decisión del pueblo sobre esos temas, a diferencia del referéndum del 21 de febrero del 2016, cuando los resultados no fueron respetados por el entonces presidente Evo Morales.
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