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Nacional Política

El expediente Huaytari y otros ocho casos impunes que degradan a la Asamblea Legislativa

Los legisladores han perdido el rumbo de los valores éticos en su conducta cotidiana. El abogado y periodista Andrés Gómez opina que la ALP se “desvaloriza”
18 de agosto, 2024 - 09:30
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Israel Huaytari, presidente de la Cámara de Diputados.
Israel Huaytari, presidente de la Cámara de Diputados.

La Paz, 18 de agosto de 2024 (ANF). - Al menos nueve escándalos ocurridos entre 2021 y 2024 deterioran la imagen de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), cuyos miembros, entre legisladores y exfuncionarios, han sido denunciados por legitimación de ganancias ilícitas, extorsión, violencia y violación, pero la impunidad campea.

Este cuestionamiento a la ética de los legisladores se produce en momentos en que se abre un debate sobre la posibilidad de incrementar los escaños parlamentarios en un referéndum para aplicar los resultados del Censo de Población y Vivienda.

Expediente Huaytari

El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, ha sido vinculado en al menos tres casos de presuntos ilícitos, hechos que degradan la imagen del primer poder del Estado. La conducta de la autoridad está en cuestión en el ámbito público, pero también en el privado.

Otros legisladores han sido denunciados ante la Fiscalía entre 2021 y 2023, por legitimación de ganancias, violencia, uso indebido de influencias. Algunos han sido sobreseídos y otros continúan ejerciendo sus funciones en la Cámara de Diputados.

La tercera autoridad más importante de la ALP (Huaytari) es investigada por la Fiscalía de La Paz, desde enero de este año, cuando la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) remitió el informe de Inteligencia Financiera y Patrimonial del caso, de fecha 08 de diciembre del 2023.

Un depósito de Bs 1,5 millones en cuentas mancomunadas con su esposa y la falta de información acerca del origen de esos fondos, prendió las alertas de la UIF. Los movimientos se produjeron entre 2020 y 2022, cuando Huaytari asumió como diputado por Potosí.

Las investigaciones consideran que, desde la declaración jurada, los bienes de Huaytari se incrementaron sin justificativo. Por esa razón lo investigan por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.

“Se establece que el analizado y su esposa Elisa S. M. recibieron 193 depósitos por un importe total de Bs 1.407.429,00, en una cuenta mancomunada que tienen ambos, siendo que la entidad financiera no cuenta con la información de los depositantes en su sistema y no se conoce el motivo generador de los recursos”, dice la denuncia interpuesta por el Ministerio Público el 10 de enero de este año.

También se busca esclarecer cómo Huaytari obtuvo un beneficio económico de Bs 89.050 de parte de la empresa Grupo Interdisciplinario de Soluciones Gis S.R.L., el motivo: "Parque Julio Verne".

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados también realizó cuatro depósitos por un total de Bs 84.483 en favor de Selene Deidania B. V., de quien se desconoce su relación o vínculo con Huaytari.

Consultada la UIF sobre qué seguimiento está realizando al caso del presidente de Diputados, dijo que sus acciones están en el marco de la Ley Nº 393 y en cumplimiento de D.S. 4904 (artículos 9 y 10), que prevé la confidencialidad.

De acuerdo a esa norma, la UIF remite a las autoridades “elementos necesarios debidamente fundamentados para la investigación y persecución penal, si es que ha determinado la existencia de una “operación sospechosa”.

La Fiscalía no ha respondido a una solicitud de información acerca de este caso. Mientras que Huaytari no ha explicado las operaciones sospechosas de sus cuentas y se ha acogido al silencio.

Patrimonio millonario

Huaytari, de 39 años, es diputado uninominal por la circunscripción 39 del departamento de Potosí, proviene de una familia humilde y de escasos recursos económicos. Aseguró que antes de ser legislador no ocupó ningún cargo como autoridad. 

Pese a su corta edad cuenta con 10 bienes, una deuda de Bs 2,7 millones, bienes activos por más de Bs 600 mil, y un total de rentas recibidas de Bs 294.216, según su declaración jurada en la Contraloría General del Estado. 

¿Compra de camiones en subasta de Dircabi? 

Otra de las denuncias tiene que ver con el presunto delito de uso indebido de influencias. Los diputados del MAS Gladys Chumacero y Pedro Coro denunciaron que Huaytari usó sus influencias para beneficiarse, a través de “palos blancos”, de cuatro movilidades que estaban en subasta de Dircabi.

La denuncia fue formalizada ante la Fiscalía Departamental de Potosí por uso indebido de influencias a cargo de la diputada Chumacero. 

Hernán Huaytari confirmó que su hermano le pidió ayuda para conseguir un garaje grande donde guardar los camiones. Dio tres versiones sobre la propiedad, primero reconoció que le pertenecían, luego dijo que dos eran de él y al final señaló que ninguno.

Es más, su pariente lo acusó de tener una deuda de 20.000 bolivianos con su mamá, que le habría prestado para su campaña electoral cuando estaba en carrera hacia la diputación. 

La diputada Gladys Chumacero informó que la fiscalía admitió el caso por uso indebido de influencias, pero analizan ampliar la denuncia para que indaguen a Huaytari por la compra de cuatro camiones de alto tonelaje.

Lamentó que siga protegido por el gobierno de Luis Arce, “debe saber sus cochinadas de la gestión de gobierno por eso lo mantienen”, expresó al sostener que continuará investigando pese a la persecución que también sufre. 

Extorsión: Una libreta con nombres de otras empresas 

El 11 de julio de este año, Joe Álvaro S., funcionario de la Cámara de Diputados, fue aprehendido en flagrancia cuando extorsionaba a una persona (empresario) que presta servicios en la Asamblea Legislativa. Le había pedido el 8% del monto del contrato, es decir Bs 74 mil. 

Una conversación por teléfono entre el entonces jefe de contrataciones y la víctima de extorsión fue grabada, en ella Joe Álvaro dice: “El presidente (Israel Huaytari) difícil que hable contigo”, pero compromete presentarle al Oficial Mayor y al secretario General, máximos cargos en Diputados.

En el operativo que llevó adelante el abogado Loma, después que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen se negó a recibir la denuncia, el funcionario fue sorprendido recibiendo Bs 5.000. Fue aprehendido y conducido a la Policía. 

En la mochila de Joe Álvaro V. se encontró una libreta, secuestrada por la fiscalía, en la que además del nombre y empresa de la víctima, “estaban los nombres de otras personas y empresas porque la Cámara de Diputados tiene contratos con diferentes empresas”, sostuvo Loma.

El extorsionado mencionó –según el abogado- que en el restaurante donde le entregó el dinero a Joe Álvaro V., éste le mostró la libreta y le dijo: “mira no eres el único, aquí hay varias personas que están dando dinero”. 

Loma espera que todas las personas mencionadas en la libreta sean convocadas; por otra parte, también ha sido secuestrado el celular del exfuncionario de Contrataciones, el que es sometido a pericia para verificar las conversaciones que sostenía y si hay otras personas afectadas.

Joe Álvaro V. ingresó a la Cámara de Diputados en un cargo inexistente “Periodista II” y por “instrucción” del entonces secretario general Manuel Alejandro C. fue designado jefe de Compras y Contrataciones, dijo el exjefe de Recursos Humanos Omar M. en su declaración en la fiscalía.

El secretario general fue convocado a declarar y aclaró que Joe Álvaro V. llegó a La Paz diciendo que había hablado con el diputado para su contratación. “Consulté al presidente Israel Huaytari y él fue quien autorizó la contratación del señor Joe S., directamente”, relató Loma con base en las declaraciones de los exfuncionarios.

El perfil profesional para ocupar el cargo de jefe de Compras y Contrataciones, según su reglamento es economista o similares, pero no un comunicador, por lo tanto, se produjo una designación “irregular”. “Hay la comisión del delito de nombramientos ilegales que involucraría al presidente de Huaytari”, afirmó el jurista.

El presidente de Diputados aseguró que no tenía contacto ni los conocía a los funcionarios, que son investigados en presuntos ilícitos. Pero esto “no es real” afirma Abel Loma, porque los cargos son de extrema confianza y algunos eran sus paisanos.

En este caso saltaron los nombres de César A. que ocupaba el cargo de oficial Mayor, de Manuel Alejandro, que era el secretario General, Omar M. que fungía como jefe de Recursos Humanos, Gregorio R. que ocupaba el cargo de responsable de Registro de Personal, entre otros.

Jefe de Recursos Humanos denunciado de violación

Solo unos días después, estalló otro caso. Una funcionaria que trabaja en Diputados denunció al entonces jefe de Recursos Humanos Omar M. de violación. El exfuncionario fue enviado con detención preventiva a la cárcel de San Pedro.

El abogado dijo con base en la revelación de la víctima que había sido obligada a tener relaciones sexuales en ocho ocasiones, la última se había consumado el 17 de julio, en la oficina del funcionario denunciado. 

Desde abril, el funcionario -que tenía un cargo jerárquico- presionaba a la víctima bajo amenaza de despido. Según el relato del abogado, el denunciado le decía que “su nombre estaba en la lista de personas que van a ser despedidas y, si no quería ser despedida tenía que acceder a tener relaciones sexuales”.

El abogado Ariel Mantilla no quiso responder respecto al estado de la denuncia, pese a la insistencia.

Los servidores públicos están obligados a cumplir la Constitución Política del Estado, dice la Ley del Funcionario Público, esta norma en su artículo 13 señala que las entidades públicas deben promover políticas de conducta “regidas por principios y valores éticos que orienten la actuación personal y profesional”. 

Precisa que toda entidad pública deberá adoptar obligatoriamente un Código de ética, de acuerdo   al   sistema de organización administrativa. La Cámara Baja cuenta con su Código de Ética aplicable a los diputados, pero durante todo el año no conformaron la Comisión de Ética.

Huaytari se siente orgulloso de que lo denuncien

El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, ha negado todas las acusaciones incluso la investigación de la fiscalía con base en un reporte de la UIF que sí detectó “operaciones sospechosas”. Tras las últimas acusaciones dijo sentirse “orgulloso” por aparecer denunciado cada semana.

“A veces me siento orgulloso porque cada semana me sacan una y otra (denuncia). La pregunta sería cuál es el fin de traer a la familia, por qué, de dónde viene, inclusive pagando dinero, pagando pasajes, todo el nexo que hacen coordinando", dijo el presidente de Diputados.

Pese a las denuncias y escándalos en torno a Huaytari, éste aparece junto al presidente del Estado, Luis Arce. Lo hizo el 16 de julio y también el 6 de agosto en la Casa de la Libertad. Antes era impensable que una autoridad con tantas sindicaciones aparezca junto a los mandatarios.

Denuncias contra Huaytari dañan la imagen de Potosí 

Javier Mondoco, ahora secretario de Educación y Salud de la Federación Tomas Katari de la provincia Chayanta del norte de Potosí, recuerda que aceptó trabajar en la campaña electoral en 2020, cuando el propio Huaytari lo busco para tener su apoyo.

En un ampliado de la provincia Macha se decidió la candidatura a diputado de Huaytari, postulado por Pocoata, donde se enfrentó a Evaristo Mamani. 

Una vez que fue electo solo habló dos veces y nunca más, entiende que durante la campaña necesitaba el apoyo de los dirigentes y el voto de la población, pero una vez electo se apartó de muchos que expresaron sus divergencias en torno a su gestión legislativa.

Demandó una investigación, independientemente de que sea un diputado o presidente de la Cámara Baja; Huaytari tiene que demostrar su inocencia, porque no se trata de decir “soy inocente”, sostuvo el dirigente.

Añadió que actualmente el presidente de Diputados no cuenta con una “base social”, sino se respalda en los “llunk’us para quedar bien”, quienes no se atreven a decirle la verdad respecto a su mala gestión en el legislativo.

Senador en estado de ebriedad es investigado en Comisión de Ética

El 24 de julio, la Cámara Alta fue sorprendida con la presencia del senador del MAS, Gilmar Huarachi, en presunto estado de ebriedad en la sesión ordinaria. 

El legislador tuvo problemas para expresarse cuanto tomó la palabra e incluso abordó temáticas diferentes y dispersas. Esto causó que la senadora por Comunidad Ciudadana (CC), Daly Santa María, se acerque al curul de Huarachi y le pida que diga “farfán”, para comprobar su estado.

El senador abandonó la sesión y por varios días no se apareció por el Legislativo. El caso ha sido abierto en la Comisión de Ética, la senadora Santa María ha sido convocada para prestar su declaración. 

Otros casos entre 2021 y 2023

Jáuregui denunciado por pedir menores para tener relaciones sexuales

En agosto de 2023, el diputado Juan José Jauregui fue denunciado de abuso sexual, aunque la fiscalía inició el proceso por acoso sexual. Lurwing Ledezma, abogado defensor de la presunta víctima Stephanie B. G., presentó la denuncia en Tiquipaya. 

El jurista entregó un audio y mensajes de WhatApp en los que Jáuregui supuestamente incurría en el delito de estupro por solicitar a menores de edad mantener relaciones sexuales. Los hechos -según la denuncia- sucedieron desde fines de 2020 a mayo de 2023.

El caso generó una ola de reacciones, pero el diputado negó las acusaciones. La fiscalía actúo en el caso de forma ágil a diferencia de otros que demora cuando se trata de oficialistas. En dos meses determinó cerrar el caso.

“Se ha cerrado la causa”, declaró Jáuregui, en ese tiempo presidente de la Comisión de Constitución, en relación a la denuncia de acoso sexual. Este año fue “premiado” volviendo a confiarle la presidencia de esa comisión.

La fiscalía nunca explicó qué pericias se hicieron a los audios o a los mensajes de chat de WhatsApp. 

Actualmente, se ha convertido en el operador político de las acciones que el Ejecutivo quiere impulsar en la Cámara de Diputados, denuncian sus colegas de oposición.

Otro diputado imputado por legitimación de ganancias ilícitas

La Fiscalía empezó a investigar al diputado suplente del MAS José Rengel Terrazas el 19 de julio de 2022, porque realizó transferencias económicas extrañas lo que llamó la atención de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

La UIF hizo un análisis financiero y patrimonial del imputado desde el 1 de enero de 2018 al 11 de agosto de 2021. El informe de la Fiscalía señala que el asambleísta realizó giros por $us 51 millones a cuatro países. 

 “Se tiene que recibió en sus cuentas, depósitos en efectivo y transferencias, que fueron realizados por él mismo y por terceras personas de forma irregular; al igual que se encuentran giros al exterior por el monto de $us 51.346.671 a los lugares de destino de Alemania, Turquía, Costa de Marfil y Bélgica, de cuyos beneficiarios se desconoce la relación con el señor José Rengel Terrazas”, según el memorial de una audiencia.

Diputado denunciado por no pagar asistencia familiar

En mayo de 2022, Lucía Huanca, oriunda de Potosí, denunció a su esposo, el diputado del MAS Abelardo Colque Vicente, porque no le pasó asistencia familiar desde 2020 y presumiblemente intentaba quitarle a sus cuatro hijos.

“Quiero poner una denuncia ¿Por qué yo tengo que sufrir de esa manera? Estoy sufriendo con cuatro wawas, mi esposo es diputado nacional (…), me ha abandonado hace dos años y (…) yo he venido a buscar aquí (ayuda) para mis hijos. Tengo cuatro hijos, dos varones y dos mujeres”, relató en ese tiempo.

Diputado denunciado por violencia física

El diputado del MAS Froilán Mamani fue aprehendido en julio de 2022 en la ciudad de El Alto por agredir a su pareja de 39 años, según el informe forense la víctima tuvo ocho días de impedimento.

El personal de inteligencia lo aprehendió en la ciudad de El Alto y lo trasladó a la FELCV. Estuvo en celdas policiales. En ese tiempo, la justicia determinó otorgarle detención domiciliaria con derecho al trabajo. Actualmente es presidente de la Comisión de Justicia Plural.

Diputado denunciado de desviar coca fue sobreseído

En abril de 2022, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo denunció en la Fiscalía de La Paz al diputado Freddy Velásquez Aparicio por el presunto delito de uso indebido de influencias, al utilizar a un grupo de familiares y amigos para el transporte de coca a zonas de producción de cocaína. 

En ese tiempo, Del Castillo con base en un informe de inteligencia JNI de marzo de 2022 detalló sobre el “modus operandi” del diputado oficialista, coca que era comercializada en zonas rojas de producción de cocaína (Qaqachakas-Oruro, Yapacani-Santa Cruz).

Sin embargo, la fiscalía lo ha sobreseído y ha archivado el caso, según el diputado por la falta de pruebas el caso no continuo. 

Opinión

El extravío de la ética política en la Asamblea Legislativa

El periodista y abogado Andrés Gómez analiza esta situación e indica que “por culpa de esas personas, la Asamblea Legislativa se desvaloriza frente a la sociedad. Los electores consideran que la Asamblea no sirve porque está llena de políticos, de grupos o de facciones que usan los privilegios del poder para corromperse”, afirma.

Explica que la ética es importante para forjar el carácter de las personas que las va a predisponer a determinados valores: justicia, lealtad, comunicación. “En definitiva, la ética nos induce a buscar la excelencia”. Mientras que la política más allá del ejercicio del poder en una sociedad consiste en construir los bienes colectivos (bien común), acota.

Un político rompe la ética cuando usa el poder para beneficio propio y rompe su responsabilidad ante sus electores. He ahí el origen de la corrupción porque en lugar de resolver los problemas colectivos y gestionar los intereses de la gente, decide resolver sus problemas económicos usando el poder para robar y quedar impune”, comenta. 

Aunque cree que los políticos son, en cierto modo, el reflejo de sus electores. No es común que sociedades buenas tengan políticos malos o políticos buenos, sociedades malas, dice.

“La presencia de gente corrupta en la Asamblea Legislativa es el resultado del uso del poder para satisfacer sus deseos y ambiciones personales, sabiéndose impunes y fuera del alcance de la vigilancia social”, afirma Gómez.

No es un dato menor que se presenten este tipo de conductas en la ALP, porque repercute en la ruptura de la confianza ciudadana y por el abuso de poder impune. Por tanto, los electores concluyen que la Asamblea no fiscaliza, no produce leyes, no representa los intereses de la gente. Por lo que, debería desaparecer. 

Por culpa de asambleístas corruptos la ciudadanía desconfía de la propia democracia porque cree que sólo beneficia a políticos sin ética. Por ello, es fundamental que en las elecciones los políticos que postulan a cargos públicos deben ser muy bien escrutados y vigilados por la sociedad a través de los medios de comunicación. También es esencial que se reconstituya la institucionalidad de la democracia para que los corruptos sean juzgados como debe ser y no quedar impunes”, asegura.

/Para sumando voces/

 

 

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