La Paz, 5 de enero de 2023 (ANF).- La asambleísta de Potosí Azucena Fuertes y el abogado penalista, Eusebio Vera, aseguraron que los litigantes de los procesos contra el Gobierno o autoridades ven con impotencia cómo la justicia beneficia a los que son afines al Gobierno, pero trata con mano dura a los opositores políticos; ambos sostienen que ni el cambio de jueces podría cambiar la actual situación en este Órgano del Estado.
“Yo considero que no sólo es el caso de Max Mendoza, exdirigente de la CEUB, sino de muchos defensores del gobierno del MAS. Veamos el caso del gobernador de Potosí, le suspenden la detención preventiva y le dan detención domiciliaria y ahora le suspenden la detención domiciliaria y lo dejan que se defienda en libertad; mientras que a otras personas críticas al gobierno del régimen del MAS los detienen primero y no consideran ninguna alternativa de suspensión de las medidas que tienen”, condenó la concejal potosina quien denunció al gobernador de Potosí, Johnny Mamani, que ve cómo éste se beneficia de la justicia.
El comentario surgió luego que el exdirigente universitario Max Mendoza lograra salir de la cárcel y ser beneficiado con la detención domiciliaria y salida laboral en un proceso que lo mantuvo siete meses y dos semanas en prisión, acusado de usurpación de funciones y conducta antieconómica. Mientras que la expresidenta interina, Jeanine Áñez, ya lleva casi dos años en prisión, pese a que sus abogados presentaron todos los descargos posibles.
Fuertes también recordó el caso del exdirigente cívico potosino, Marco Antonio Pumari, preso desde la Navidad de 2021 sin que pueda ser beneficiado con las mismas facilidades que Mendoza o el propio gobernador potosino que nunca fue detenido, pese a las pruebas que la concejal presentó por la compra irregular de 44 ambulancias.
Eusebio Vera, otro abogado litigante, también censuró la actuación de la justicia con abierto criterio político y no jurídico; afirmó que en un Estado de derecho no sucedería lo que actualmente sucede en los tribunales bolivianos.
“Se nota ese sometimiento del Órgano Judicial hacia el Órgano Ejecutivo, eso hace que no haya, en primer lugar, imparcialidad, no haya idoneidad, desaparezca la capacidad profesional de los jueces, de tal manera que todo lo que significa la administración de justicia idónea ya desapareció en Bolivia”, dijo el abogado que patrocina a dos militares acusados por los casos ‘golpe I’ y ‘golpe II’.
El jurista recordó que el trabajo en favor de sus clientes no avanza y no porque haya falta de capacidad o idoneidad sino por una abierta parcialización de la administración de justicia en favor del Gobierno que tiene como operadores a los propios ministerios, como el Ministerio de Gobierno, Procuraduría General del Estado, Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa.
“La mayoría de los casos donde se encuentra el Estado boliviano como persecutor de los procesos es direccionado; o sea, ellos dirigen la acción que recae sobre el Ministerio Público que direcciona una investigación a determinadas personas, personas que generalmente responden a un pensamiento y una o una ideología diferente a la del Gobierno”, lamentó el abogado.
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