La Paz, 10 de Junio (ANF).- Manuel Morales Álvarez plasmó en su libro del “Fondo Indígena: la gran estafa-propuestas desde los pueblos indígenas”, una compilación de todas las denuncias en torno a la corrupción en esta entidad en el que formula que el mayor problema en este tema es supuestamente el “desvío de los recursos económicos” para otras actividades ajenas al objetivo con el que fue creado el fondo.
El autor hace un repaso a los hitos de la conquista del 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a favor de los pueblos indígenas, durante el gobierno transitorio de Eduardo Rodríguez Veltzé (2005), recursos destinados a proyectos productivos de las comunidades indígena campesina.
El largo recorrido de cinco años que tardó el Gobierno a través de sus representantes de los Ministerios, para diseñar la estructura institucional del Fondo Indígena, como el plan estratégico, el reglamento de transferencias público-privadas. Proceso en el que los pueblos indígenas habrían “sido invitados de piedra”.
Hace una revisión al informe de la Contraloría General del Estado, el que evidencia que 153 proyectos suscritos entre 2010-2011 “ninguno fue concluido”, no se presentó informes de avances y de cumplimiento, razón por la que tampoco recibieron el segundo desembolso”, cita en el libro.
La mayoría de los proyectos aprobados para 12 meses de ejecución, algunos a seis meses y otros hasta 18 meses, a cinco años de iniciado en funcionamiento del Fondo, no existen informes ni supervisiones técnicas de parte de los funcionarios de la institución.
Este hecho le lleva al autor a “suponer que la totalidad de dichos proyectos fueron ejecutados irregularmente”. Asimismo, le pone el ojo a los recursos que efectivamente habría recibido la entidad y los recursos que debieron ser transferidos por el 5% del IDH. Ahí plantea que las cifras varían, cosa que no debería ocurrir (Ver cuadro extraído del libro).
La ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, informó en el Senado que al Fondo ingresó 3.2 mil millones de bolivianos, Morales hace un cálculo de los ingresos que debió recibir esta institución y alcanza a 3.9 mil millones de bolivianos. Y se establece una diferencia de poco más de 727 millones de bolivianos.
“Los datos varían en una gran proporción (…). Lo que lleva a preguntar: ¿Dónde está ese dinero? Una respuesta probable es que los datos que anuncia la Ministra Achacollo respecto a los ingresos del Fondo Indígena procedan ya con un descuento del Ministerio de Hacienda, para el pago de la renta dignidad, universidades indígenas y el Instituto de Reforma Agraria”.
Morales sostiene que se habrían ejecutado “mutilaciones, apropiaciones y uso indebido del dinero del Fondo” y demuestra ello con base en el informe de gestión 2012 que se destinaron a actividades no productivas como transferencia al Ministerio de Trabajo, a la renta dignidad, a la UNIBOL, transferencia consultores en línea para el INRA, para el Fondo de Educación Cívica y al Sistema de Apoyo Técnico para las Organizaciones Matrices Nacionales.
El libro de Morales se presentó este miércoles, también es el producto de una iniciativa del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo denominado "orgánico" y en coordinación con la Asamblea del Pueblo Guaraní, Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia y la Confederación Indígena del Oriente Boliviano.
El compilador sostiene que el directorio de esta entidad conformado por ministerios y organizaciones sociales y sus funcionarios fueron "ineficientes" en la gestión y aprobación de los proyectos. De 2010-2013 se aprobaron por resolución 3.462 proyectos a nivel nacional, 1.340 estaban en proceso de ajustes y a la espera de ser financiados. 592 están en proceso de cambio de nombres y 894 estarían en plena ejecución con el pago de los primeros desembolsos del 50 o 70% del costo total y algunos con el 100% de recursos entregados. "El grado de eficiencia de los recursos financiados sería del 0,03%, es decir un fracaso", establece en la publicación.
Transferencias a las organizaciones:
Morales, mediante datos también registra la inequitativa transferencia de recursos económicos a favor de las organizaciones sociales afines al Movimiento al Socialismo. A la cabeza con los mayores traspasos se encuentran la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) con el 30% de recursos del Fondo equivalente a más de 319 millones de bolivianos; le sigue la Confederación de Comunidades Interculturales con el 28,7%, es decir más de 303 millones de bolivianos; en tercer lugar se ubica la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa con el 17% que equivale a 182 millones de bolivianos, después está el (CONAMAQ) que recibió el 14% de recursos, esto significaría 144 millones de bolivianos; después las organizaciones como la Confederación del Oriente Boliviano(CIDOB) apenas alcanza al 6% con más de 66 mil bolivianos, el resto recibió mucho menos entre 0,61 y 2,27%.
Asimismo, vuelve a registrar las transferencias a los dirigentes y exdirigentes como a la presidenta de la CIDOB, Melva Hurtado, quien habría recibido más de 22 millones de bolivianos, también aparecen Juanita Ancieta, Ever Choquehuanca, Damián Condori, Hilarión Mamani, Fernando Choque, Simeón Jaliri y Julia Ramos, entre algunos.
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