La Paz, 30 de marzo (ANF).- Desde la promulgación de la ley 243, hace una década, se han presentado 677 denuncias de violencia y acoso político contra alcaldesas y concejales en los gobiernos municipales; un solo caso llegó a tener sentencia, el resto quedó en la impunidad.
La presidenta de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), Josefina Teresa Velásquez, informó que de acuerdo a su centro de monitoreo, en una década, se presentaron 677 casos de violencia y acoso político, “de los cuales solo uno llegó a su objetivo de una sentencia”, declaró a la ANF.
Lamentó que pese a la ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres promulgada el 28 de mayo de 2012, “no hay resultados, ni respuestas” en sancionar a los responsables de acosar de manera sistemática a las mujeres que son autoridades electas.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, manifestó que esas denuncias están vinculadas a presiones, acoso, amedrentamiento, agresiones físicas y psicológicas contra las autoridades legalmente elegidas, ya sea en los niveles municipales y departamentales.
Señaló que muchas autoridades no presentan denuncias por presiones o desisten por factores políticos, "muy pocas de estas denuncias prosperan", afirmó. En ese contexto planteó que es necesario llevar adelante acciones con el objetivo de promover la "plena seguridad jurídica", a través de una efectiva protección de los derechos y garantías de las mujeres que ejercen función político-pública.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) llevó adelante nueve encuentros departamentales en los que se abordaron esta problemática que afecta el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, este miércoles concluye ese proceso en una Cumbre nacional en contra del acoso y violencia política hacia las mujeres en función político-pública.
Velásquez añadió que uno de los principales problemas es el desconocimiento de la norma en instituciones como la Policía o la Fiscalía, donde generalmente se tiende a desestimar las denuncias o a confundirlas con “violencia intrafamiliar” o porque presuntamente no existen pruebas.
La vocal del TSE Dina Chuquimia añadió que cientos de casos “se quedaron en la nada, las denunciantes ya no son autoridades (…). Las hermanas que algún momento denunciaron violencia política ya no van a tener justicia porque ya no son autoridades”, toda vez que las denuncias se presentaron antes de 2020.
Informó que entre la gestión 2020-2021 el Órgano Electoral recibió 30 denuncias oficiales por acoso y violencia política, y que en menos de nueve meses desde que las autoridades municipales y asambleístas departamentales asumieron en mayo de 2021 "ya se presentaron denuncias".
Chuquimia precisó que entre febrero y marzo de este año este organismo ha “recibido alrededor de cinco denuncias oficiales”, situación que es altamente preocupante, por lo que urge establecer mecanismos de coordinación para hacer efectiva la aplicación de la ley 243.
Señaló que el “cuello de botella está en el Ministerio Público que no da viabilidad a estos casos urgentes de violencia política”, y que la Policía conduce como casos de violencia intrafamiliar, incluso les recomiendan a conciliar con sus acosadores
El presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, señaló que se deben establecer mecanismos que efectivamente permitan el fácil y pleno acceso de las mujeres a las vías legales para la protección de sus derechos, sea en el ámbito administrativo, constitucional y penal.
Sugirió que se establezca un sistema accesible independiente e institucionalizado capaz de prestar a las mujeres servicios eficientes y transparentes; así como acciones de prevención, educación y sanción.
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