Conozca los movimientos críticos al Gobierno que acabaron descabezados o desmovilizados

La Paz, 29 de agosto (ANF).- El Gobierno utiliza un mismo móvil para descabezar y criminalizar a los líderes de los movimientos que son críticos a su gestión. Los conflictos como el caso de los cooperativistas mineros, discapacitados, Achacachi y ahora cocaleros de los Yungas  son ejemplos de la persecución comentan los opositores Wilson Santamaría y Yerko Núñez.

El móvil del Gobierno es sostener el conflicto en tensión, desarrolla una intervención generalmente violenta, en algunos casos con muertos de por medio, prosigue la captura de los líderes y la desarticulación de los movimientos que se gestan en torno a demandas específicas, explican ambos legisladores.

El senador Núñez está plenamente seguro que el Gobierno opera con una estrategia para descabezar a las organizaciones y a los movimientos que protestan exigiendo respuesta a sus demandas de pliegos petitorios.

“El Gobierno tiene un móvil que lo utilizó en el caso de Pando, lo mismo en Achacachi, igualmente con los mineros cooperativistas, los discapacitados, con la Universidad Pública de El Alto la estrategia fracasó, y ahora  usa con los cocaleros de los Yungas, que no se han arrodillado al régimen”, sostuvo Núñez.

Las autoridades gubernamentales “criminalizan” la protesta explica el diputado Santamaría. La estrategia además es la división,  “El gobierno apuesta por la división, la persecución, el apresamiento y finalmente el descabezamiento de las organizaciones”.

Conflicto Gobierno-cooperativistas mineros

En agosto de 2016, el lío se activó porque el sector cooperativista rechazó una norma que impulsaba la creación de sindicatos en las cooperativas. El problema se extendió por más de 10 días.

El asesinato del extinto viceministro Rodolfo Illanes puso fin al conflicto, en medio de acusaciones al Gobierno de haber enviado y abandonado a la autoridad en la zona de alta tensión, las autoridades negaron este extremo.

Tras el hecho, el Ministerio Público activó las aprehensiones, 16 mineros fueron imputados por diversos delitos vinculados a la muerte de la exautoridad; aunque también hubo bajas del lado de los mineros, hasta la fecha no existe una investigación que haya dado con los autores.

Foto: APG

“En el caso de los cooperativistas se usó la muerte del viceministro (Illanes) para socavar el conflicto y perseguir a los cooperativistas que tenían sus demandas”, manifestó Núñez.

Conflicto Gobierno-discapacitados

El problema se extendió durante cinco meses. Exigían al gobierno un bono mensual de 500 bolivianos, porque su condición les impedía conseguir trabajo con una remuneración justa. Su demanda fue negada.

Protagonizaron una sacrificada caravana, realizaron vigilias en La Paz y en las ciudades capitales, en la desesperación de sacar una respuesta positiva del Gobierno se enfrentaron a la Policía, fueron gasificados y bañados con agua de los carros Neptuno de manera violenta.

Pero lo que mató su movimiento fueron dos acusaciones en particular, una denuncia de violación al interior de la vigilia, un joven con discapacidad motora en las extremidades inferiores fue acusado de violencia sexual a otra joven. Fue aprehendido y fue enviado al penal de San Pedro con detención preventiva a pesar de su discapacidad. 

  Foto: El Día

Luego los acusaron de robo, una persona que se hizo pasar por periodista, pero en realidad el sujeto reconoció que era parte del equipo de inteligencia del Gobierno, los denunció de robo. Varios miembros podían ser aprehendidos.

Los líderes de la movilización negaron de manera permanente las denuncias, en el primer caso porque no existieron pruebas para acusarlo de violación por una simple razón su discapacidad de medio cuerpo; y en el segundo porque no existió ningún robo al “infiltrado”.

Otro joven con discapacidad intelectual (mental) fue aprehendido por empujar las vallas que impedían el ingreso a la plaza Murillo. Estudiantes de Sociología que apoyaban la movilización también fueron aprehendidos.

Conflicto Gobierno-Achacachi

El lío en el municipio de Achacachi fue liderado por el Comité Cívico y la Federación de Juntas Vecinales, ambas exigieron al Alcalde del MAS, Édgar Ramos que rinda cuentas de su gestión ante presuntos hechos de corrupción, ante la negativa, explotó el conflicto en febrero de 2017.

El problema comenzó el 22 de agosto y terminó el 17 de septiembre con una violenta intervención policial que dejó más de 45 detenidos, algunos fueron procesados. El dirigente Esnor Condori fue detenido y actualmente cumple detención domiciliaria.

En octubre aprehendieron a los dirigentes del Comité Cívico de Achacachi Elsner Larrazábal y Pedro Villca por el presunto secuestro del dirigente campesino de los Ponchos Rojos Modesto Clares. Con ellos, sumaban 24 los procesados por las movilizaciones de vecinos de ese poblado.

Foto: Cambio

Se los procesaba por atentado contra los servicios públicos, asociación delictuosa y atentado contra medio de transporte. Larrazábal tras obtener su libertad con detención domiciliaria, resolvió abandonar el país y buscar refugio político, porque conoció que le revocarían la medida sustitutiva.

La Fiscalía de La Paz no activó de manera acelerada una investigación, como lo hizo contra los dirigentes críticos al Gobierno, de las denuncias contra el alcalde Ramos que hasta ahora no tiene pisada al centro poblado de Achacachi.

Conflicto Gobierno-UPEA

Según el senador Núñez el Gobierno fracasó en su estrategia para bajar la tensión en los problemas con la Universidad Pública de El Alto, tras la muerte de un universitario, porque la primera reacción del Ministerio de Gobierno fue responsabilizar del fallecimiento a los propios estudiantes. 

El legislador cree que los videos de las cámaras de seguridad en El Alto, permitieron frenar una posible persecución de la Policía y el Ministerio Público hacia los estudiantes movilizados, toda vez que las primeras versiones de las autoridades mostraron el disparo de la canica fue con un petardo desde una pasarela, el ministro Romero terminó aceptando su error. 

Conflicto Gobierno-cocaleros de los Yungas

En el caso de los productores de coca de los Yungas, La Paz, el Gobierno bajo el argumento de la erradicación de coca excedentaria en el municipio de La Asunta, ha intervenido con un fuerte contingente de la Fuerza de Tarea Conjunta.

El fin de semana, siete policías resultaron heridos y uno muerto, según la institución verde olivo las bajas fueron producto de una emboscada, los cocaleros niegan esta versión.

Los productores de esta región habían resistido la Ley General de la Coca, el máximo dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franklin Gutiérrez, se pudo al frente para criticar la política de coca a favor del Chapare y en contra de los Yungas.

El joven dirigente también había anunciado una incursión en el escenario político y en esa región empezó a crecer su liderazgo que desde el año pasado le han mostrado su pleno respaldo, cuando el Gobierno lo vinculó con sectores opositores y de \"derecha\".

En relación al teniente fallecido, el ministro de Gobierno acusó directamente a Gutiérrez de ser el autor del hecho, incluso señaló a la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Amparo Carvajal. Entonces, la Policía ejecutó su búsqueda y el Ministerio Público emitió órdenes de aprehensión, el dirigente decidió entregarse, en la víspera dictaron su detención preventiva en la cárcel de San Pedro.

Aparte del dirigente otros cuatro fueron detenidos. Este jueves, la Policía informó de otra presunta emboscada, con el saldo de dos cocaleros muertos, el comandante de la Policía, Faustino Mendoza informó los acusó de ser \"francotiradores\".

Foto: ANF

“El móvil es tomar control de lo que alguna vez fue suyo (MAS), pues en todos los casos eran aliados del gobierno y se volvieron contestatarios. Hay una lógica de criminalización de la protesta para quienes se revelan”, argumentó el diputado Santamaría.

Pero el diputado David Ramos rechazó que exista un móvil o una estrategia de descabezamiento de dirigentes y movilizaciones de sectores críticos al Gobierno. “Queremos descarta categóricamente esas apreciaciones”.

Manifestó que en ningún caso representa una persecución política a los dirigentes de estas movilizaciones. En relación al problema con los cocaleros de los Yungas manifestó que en la zona se estaba dando presumiblemente hechos delictivos, como el sicariato, atentados contra el transporte y la propiedad privada, entre otros.

“Desde Yungas lo que se estaba generando es no cumplir a cabalidad las normas, hacer un desacato civil a nuestras normas e implicarse con elementos negativos como los sicarios”, sostuvo Ramos.

/NVG/