La Paz, 9 de agosto de 2024 (ANF). - El Movimiento Cívico Nacional rechazó este viernes la realización del referéndum propuesto por el presidente, Luis Arce, consideran que es una medida distractiva para desviar la atención de la crisis económica que atraviesa el país.
“El presidente Luis Arce leyó un discurso en el cual no propone soluciones a las demandas de la población boliviana, por el contrario, intenta distraer la atención de los problemas estructurales que afectan a la ciudadanía, pretendiendo trasladar la responsabilidad a la población sobre temas que ya están establecidos en el ordenamiento jurídico”, afirmó el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach.
Los cívicos del país, sostuvieron una reunión este viernes en la ciudad de Trinidad-Beni, para evaluar la propuesta que lanzó el mandatario de convocar a referéndum sobre continuar o no con la subvención a los hidrocarburos, redistribución de escaños y reelección continúa y discontinúa.
Con relación a la propuesta de consultar a la población sobre continuar con el subsidio a los carburantes, los cívicos afirman que es una competencia privativa del Gobierno, por tanto, es responsabilidad exclusiva del presidente tomar esa decisión.
A la vez, rechazaron el referéndum sobre la distribución de escaños en la Asamblea Legislativa, recordaron que la Constitución y la Ley 026 de Régimen Electoral establecen la composición y la forma de asignación de los curules. Advierten que esa situación puede generar conflictos en diferentes regiones del país.
Sobre la reelección continúa o discontinúa, los cívicos dijeron que la norma fundamental y el referéndum de 2016, definieron la imposibilidad de acceder a un cargo electivo por más de dos periodos constitucionales, por lo tanto, consideran que ya es un tema cerrado.
A la vez, advirtieron que el modelo económico que implantó el gobierno está en decadencia y llevó a un desastre y ocasionando una crisis social. Reafirmaron la necesidad de un nuevo pacto fiscal que cambie la distribución de los recursos.
“Es inaudito que en pleno siglo XXI el gobierno nacional administre el 90% del Presupuesto General del Estado, en detrimento de las gobernaciones, gobiernos municipales y universidades públicas", denunciaron.
También exigieron la reducción del gasto corriente, disminución de la cantidad de funcionarios públicos y la entrega de recursos a empresas estatales deficitarias, con el fin de aminorar el déficit fiscal.
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