Casos terrorismo en tres gobiernos muestran una Justicia "servil" para "asfixiar" al adversario

La Paz, 21 de mayo (ANF).- Tres casos por terrorismo en los últimos tres gobiernos de Bolivia reflejan que existe un sistema judicial al servicio del poder político de turno, que actúa para asfixiar con procesos penales a los adversarios. Los casos proceden o se archivan, dependiendo de quién sea el procesado y el color político del gobierno de turno.

Los gobiernos de Evo Morales (2006-2019, tres gestiones), los casi 12 meses de la gestión de Jeanine Añez y ahora los seis meses de administración de Luis Arce muestran ese panorama “vergonzoso” del accionar de la Justicia –tanto del Ministerio Público como del Órgano Judicial-, según el parecer de legisladores de oficialismo y oposición.

“La Justicia viene mal desde que se eligieron las autoridades, con procesos que fueron amañados, se designó autoridades no probas ni tenían meritocracia. Los últimos tres años, en el tema Evo Morales, el gobierno transitorio y en este nuevo gobierno te muestra una Justicia que no es independiente, que se somete al partido de turno”, refirió a ANF el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Gustavo Pedraza.

“La Justicia en estos últimos tres años ha funcionado a prepago y eso hemos podido ver, está a funcionalidad al gobierno de turno, no han hecho respetar lo que ellos juran cuando son posesionados: impartir justicia. Durante el régimen de Añez hemos visto de qué lado ha estado el Ministerio Público, los jueces, persiguiendo a compañeros”, refirió a ANF el diputado del MAS, Daniel Rojas, miembro de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.

Reconoció que la Justicia está en “crisis y agonizando” y requiere una urgente renovación. Recordó que el ministro de Justicia, Iván Lima, intentó de inicio cambiar ese panorama, pero no funcionó por la falta de socialización.

En una ocasión, el ahora exasambleísta departamental del MAS, Gustavo Torrico, afirmó que son los mismos operadores judiciales los que se dan la vuelta a cada gobierno de turno. “El Ministerio Público es un club de bufones que saltan cuando se sienta el rey, no importa de qué color sea el rey, el rey se sienta y ellos empiezan a saltar a su alrededor, es una vergüenza”, apuntó.

A partir de ese contexto, surge la siguiente interrogante: ¿Por qué, en procesos de relevancia nacional, unos avanzan, otros se cierran y otros se retardan?

El 16 de abril de 2009, la Policía ejecutó el asalto al Hotel Las Américas, en la ciudad de Santa Cruz, para hacer frente a un supuesto grupo terrorista que pretendía asesinar al presidente Evo Morales y convulsionar al país. Ahí murieron acribillados tres extranjeros: Eduardo Rózsa Flores, húngaro-boliviano; Árpád Magyarosi, húngaro-rumano; y Michael Martin Dwyer, irlandés; fueron detenidos Mario Tadic, boliviano-croata; y Elod Tóásó, húngaro, entre otros.

El gobierno de Morales lo calificó como un hecho terrorista e hizo procesar a más de 20 personas durante 11 años. Ya en el gobierno transitorio de Añez en 2020, el Ministerio de Gobierno y luego la Fiscalía retiraron la acusación y la Justicia absolvió a los involucrados. Es así, que el hecho fue calificado como un “montaje”.

¿Qué hubiese pasado con el caso de seguir el gobierno de Morales? El juicio hubiese proseguido extendiéndose sin justificación, pero tarde o temprano iba a cerrarse porque no había pruebas, señaló Gary Prado, abogado que siguió el proceso de principio a fin.

Con el cierre del proceso, la investigación contra tres exministros denunciados por pago de pasajes y viáticos a jueces; a quienes “montaron” el proceso; a los que contrataron a los extranjeros y a los que los mataron; a jueces sindicados en irregularidades; se frenaron en el gobierno de Arce y quedaron en la “impunidad absoluta”, indicó.

“Nunca citaron ni a Carlos Romero ni a Hugo Moldiz ni a Jorge Pérez (exministros de Gobierno). Cuando se apersonaron como víctimas algunos de los procesados, mi padre, el arquitecto Castedo, el doctor Justiniano, Monasterio, Marinkovic, supimos, no nos notificaron aún, el rechazo de esa denuncia”, precisó Prado. 

Tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, el 10 de noviembre de 2019, sus seguidores se vieron involucrados en una serie de hechos como bloqueos, actos vandálicos, saqueos, pedidos de guerra civil, grupos subversivos armados y amenazas de estallar la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Senkata, según denunció Añez en ese momento, quema de casas particulares y buses PumaKatari, entre otros.

En ese contexto, se hizo público un audio donde Morales en su condición de asilado político en México, habría instruido, vía contacto telefónico, al dirigente Faustino Yucra cercar las ciudades, dejarlas sin alimento hasta garantizar su retorno al gobierno. El audio fue sometido a una pericia internacional con el resultado de alta probabilidad de que sea voz del exmandatario.

La Fiscalía abrió el caso a denuncia del entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, incluso dio curso a la acumulación de varias denuncias interpuestas contra el exmandatario, expidió la orden de aprehensión, la imputación por terrorismo y financiamiento al terrorismo; pero la Justicia las dejó sin efecto, considerando que tenían errores.  

También se dispusieron procesos y detenciones de dirigentes y exautoridades del MAS, sindicados en los hechos irregulares de noviembre de 2019.

“Si hubiésemos seguido en el régimen de Jeanine Añez, les aseguro que nuestros compañeros no hubiesen salido (de la cárcel), hayan estado sigue presos”, señaló el diputado Rojas. Muchos casos se fueron cerrando, una vez que Luis Arce llegó al gobierno.

En el caso del audio, en el gobierno de Arce, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se declaró competente para tratar el proceso y remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), para que esa instancia, en la que el MAS tiene mayoría, defina si corresponde o no un juicio de responsabilidades contra el exmandatario.

Entonces, ¿Evo Morales era o no presidente cuando desde México habría instruido cercar las ciudades? Hizo pública su renuncia y salió del país abandonando sus funciones, corresponde sea procesado en la vía penal, respondió el abogado Jorge Santisteban. Cree que la decisión de la Justicia es para proteger a Morales, ya que en la ALP será absuelto por la simple mayoría del MAS, aunque se requiere dos tercios para estos casos.

“Esto significa que el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, han dado muestras de que están dominados, sometidos a la voluntad política del MAS”, apuntó.

En cambio, el diputado Rojas señaló que este proceso es político y sospecha que el audio es “montado” o “falso”.

El denominado caso del supuesto “golpe de Estado” se abrió a denuncia de la exdiputada Lidia Patty (MAS), en diciembre de 2020 en el gobierno de Arce, en contra del excívico Luis Fernando Camacho, militares, policías y otros por terrorismo, sedición y conspiración al mandato de Evo Morales.

La Fiscalía admitió la denuncia y con celeridad hizo encarcelar a la expresidenta Jeanine Añez, dos exministros y sindicó en la investigación a varias exautoridades, militares y policías. Al caso, se adhirieron como demandantes: la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Gobierno. Algunos juristas consideran que la imputación contra la exmandataria y los dos exministros tiene inconsistencias y apreciaciones subjetivas, carecen de elementos probatorios idóneos como para justificar la detención.

Para Añez es un proceso político ya que la Fiscalía no presentó ninguna evidencia en su contra, pese a eso, se le amplió el caso por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes, a petición de la Procuraduría.

“Si el Ministerio Público va a actuar en función a lo que le digan las partes, evidentemente estamos vulnerando la seguridad jurídica (del proceso)”, cuestionó Luis Guillen, abogado de la exmandataria.

El mismo activista de Derechos Humanos, David Inca, en declaraciones a otro medio, cuestionó a la Fiscalía por la celeridad con que investiga un caso “político” como el del “golpe de Estado” y no hay avances en investigaciones de las muertes registradas en Senkata y Sacaba en noviembre de 2019, durante el gobierno de Añez.

“Sí hay avances en un tema político, por ejemplo, en el tema de sedición, terrorismo que ha iniciado la señora Lidia Patty, ese tiene un carácter ya más político y ahí tienen 13 imputados y tres cautelados en menos de cuatro meses, pero en el caso nuestro ya un año y seis meses del caso Senkata, sólo tenemos dos cautelados”, lamentó.

El abogado Gary Prado considera que con el caso “golpe de Estado”, el gobierno del MAS pretende “reescribir la historia en las narices de todo el pueblo” y tapar el caso fraude electoral de octubre de 2019.

“Hay una nueva manipulación del Órgano Judicial, de la Fiscalía y la Policía en las labores de investigación para utilizar a la Justicia como un mecanismo de persecución”, manifestó.

Parlamentarios y analistas coincidieron en que cada gobierno usa la Justicia para atacar o perseguir al adversario político, inicia con un proceso para luego multiplicar una serie de casos “absurdos” a fin de evitar que salgan de prisión y darles un “escarmiento”.

  

“Eso es porque la Fiscalía es un brazo operativo del gobierno, que persigue a los líderes opositores, está judicializando la política, porque tienes cinco o seis procesos que en realidad no tienen el debido proceso”, señaló el diputado Pedraza.  

 

Dijo que los mismos parlamentarios del MAS denunciaron que fueron perseguidos en el gobierno de Añez a través de la Justicia, reconocen que estaba cooptada por el Ejecutivo, y ahora la defienden, porque “persigue al adversario”. 

La analista y abogada Jalith Mariño dijo que en estos casos se olvida el respeto al debido proceso y que nadie debe ser juzgado dos veces por un mismo hecho. “Es una estrategia de coerción (el abrir varios casos contra una sola persona), que sirva de escarmiento a aquel que no esté de acuerdo con la ideología política que está vigente. Si bien no es legal este aspecto, el Ministerio Público es utilizado como instrumento para generar esa coerción”, mencionó.

Por tanto, los cuestionamientos y denuncias al sistema judicial, hacen ver que esa instancia incluso estaría vulnerando principios enmarcados en la Constitución Política del Estado: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”. (CPE, Art. 178)