La Paz, 14 de marzo de 2024 (ANF).- Una Misión técnica conformada por tres organizaciones internacionales en su visita a Bolivia para recolectar información sobre las elecciones judiciales, considera fundamental “respetar los periodos constitucionales establecidos para ejercer los cargos”, a propósito de la prórroga de mandato de los magistrados.
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), la Federación Latinoamericana de Magistrados(FLAM) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) en una Misión Técnica visitaron Bolivia entre el 4 y 7 de marzo de este año. Llevaron a cabo una serie de reuniones para recabar información acerca de las elecciones judiciales y la independencia del sistema de justicia.
En relación a la prórroga de mandato de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional y Consejo de la Magistratura, “la Misión considera fundamental respetar los periodos constitucionales establecidos para ejercer los cargos”.
En esa línea, comparte la preocupación de la relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, de que “los actuales titulares hayan sido prorrogados por un período indefinido”.
Los magistrados debían cesar en sus funciones el 31 de diciembre de 2023 de acuerdo a la Constitución Política del Estado, sin embargo, bajo el argumento de que la Asamblea Legislativa Plurinacional no preseleccionó a los candidatos y el Tribunal Supremo Electoral no pudo administrar las elecciones, el TCP tomó la decisión mediante la Declaración 049/2023 prorrogar el mandato de todos los magistrados.
Respecto de la confianza ciudadana en el sistema de justicia y la necesidad de contar con un poder judicial independiente e imparcial, la Misión recabó información acerca del alto índice de desconfianza en el sistema de justicia y las dificultades que enfrenta el Órgano Judicial y, las y los jueces de manera individual, para contar con garantías efectivas que protejan su independencia, se lee en el documento.
Por otra parte, recomendó a la Asamblea Legislativa Plurinacional en concordancia con los estándares internacional en materia de selección de autoridades judiciales “garantizar que el proceso de preselección cumpla con criterios de mérito, objetividad, representación paritaria y no discriminación”.
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