La Paz, 25 de noviembre de 2024 (ANF).- Seis mujeres de la comunidad Totoral Chico del Ayllu Antequera permanecen fuera de su lugar de residencia desde abril de este año al no contar con garantías para regresar, luego de la agresión sufrida por mineros del sindicato Avicaya que tomaron predios de pastoreo común y hasta derribaron viviendas para tomar posesión en el lugar.
“De las 11 personas que tuvieron que huir, cinco han vuelto, seis mujeres continúan en Oruro, para ellas es difícil volver a la comunidad porque los mineros las insultan, no les quieren vender ni siquiera pan, porque los mineros son los que tienen el control en la comunidad, se han vuelto mayoría en proporción a los indígenas del lugar, hacen acoso, molestan”, dijo a ANF la abogada Beatriz Bautista.
Las afectadas permanecen en Oruro a espera del fallo del Tribunal Constitucional que revoque la acción del juez de Oruro, Odal Herrera, que “no ha protegido los derechos de las mujeres en la Acción de Libertad”.
“Estamos esperando que se revoque esta resolución del juez para que estas mujeres puedan retornar con seguridad a su comunidad”, indicó.
El 6 de abril un grupo de mujeres y dos niñas abandonaron la comunidad Totoral Chico en horas de la madrugada para escapar de la violencia generada por los mineros del sindicato de Avicaya. Actualmente existe un proceso penal contra los mineros por lesiones graves y leves que aún se encuentra en la etapa de investigación en la fiscalía de Huanuni.
A partir de esa fecha, “los mineros no permitieron salir ni ingresar a la comunidad Totoral Chico, provocando un desplazamiento forzado de un grupo de mujeres y algunos hombres más dos niñas”, se lee en la denuncia realizada.
El 9 de abril se activó una Acción de Libertad para resguardar la vida, la seguridad física y restitución de las mujeres a la comunidad, que se encuentra en revisión en el Tribunal Constitucional Plurinacional.
“La situación no ha mejorado para nada, las condiciones continúan igual, la Defensoría del Pueblo tenía que haber presentado un plan de acción para la zona, pero hasta hoy no ha presentado nada, debía ser un plan de contingencia o un plan de apoyo para las mujeres desplazadas en aquel momento” por la violencia de los mineros, señaló Bautista.
Lamentó la falta de acción efectiva por parte de la Defensoría del Pueblo, que ya ha sido observada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y de otras instancias estatales como la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y el Ministerio de Minería y Metalurgia.
La afectación que vienen causando los mineros en el lugar ha reducido la vegetación, la vida silvestre y las fuentes de agua que antes eran abundantes, señaló. La zona también era rica en minerales como el zinc, el estaño y la plata, y por ello, los mineros acusan a los comunarios de pretender dejarlos sin fuentes de trabajo. Aseguran que el cañadón Antequera “es tradicionalmente minero”, que incluso uno de sus sindicatos fue creado en 1945.
Hernán Roque, miembro del Consejo de Justicia del Ayllu Acre Antequera, señaló que desde 2011 vienen desapareciendo los bofedales y fuentes de agua debido a que las empresas mineras están destruyendo las venas acuíferas en interior mina.
“Antes, las comunidades no necesitaban agua de cañería, tenían pozos cristalinos, ahora deben exigir que las empresas purifiquen el agua que les reparten por cisternas”, indicó.
Conflicto con los mineros
El 18 de marzo de 2022, varios integrantes del sindicato mixto de trabajadores de Totoral y del sindicato de trabajadores mineros de Avicaya, agredieron física y verbalmente a un grupo de 14 mujeres de la comunidad de Totoral Chico, del Ayllu Acre Antequera, departamento de Oruro.
Las mujeres se habían organizado para rescatar minerales de los desechos y desmontes de la mina para su sobrevivencia, pero recibieron amenazas verbales, insultos sexistas y racistas, agresiones físicas, tocamientos e intimidación con dinamita por parte de los mineros.
A raíz de las agresiones, varias mujeres tuvieron que recibir atención médica, al menos cinco, según los testimonios recopilados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Las mujeres interpusieron una denuncia ante la fiscalía de Huanuni que posteriormente fue cerrada por falta de inacción de esa entidad.
El 3 de abril de 2024, una delegación de Ministerio de Medio Ambiente y de minería de la gobernación de Oruro ingresó al Ayllu Acre Antequera para realizar inspecciones de las operaciones mineras, proceso que no se llevó a cabo debido a que fue interceptada por los sindicatos de trabajadores mineros, incluso el de la minera Bolívar, que opera en el lugar con capitales extranjeros.
El 5 de abril, un grupo de mujeres más cinco varones se encontraban en una vigilia pacífica para proteger sus tierras de pastoreo colectivo, donde la subcontratada empresa Meraki días antes había pretendido ingresar para desmontar el lugar con maquinarias. Frente a esta situación y en defensa del lugar se instaló la vigilia, pero a eso de las 10 am, señala la denuncia, llegaron unas 200 personas entre mineros del sindicato de Avicaya más sus amas de casa y agredieron físicamente con golpes, patadas al grupo de vigilia. Las mujeres fueron arrastradas por el piso, insultadas y quemadas sus pertenencias.
En horas de la tarde llegó al lugar el representante de la Defensoría del Pueblo de Oruro y se reunió en primera instancia con los mineros, y en horas de la noche con los comunarios y comunarias de Totoral Chico. Tan pronto se fue el representante defensorial los mineros agredieron a las comunarias y comunarios a palos y golpes, cercaron las viviendas de las autoridades indígenas y reventaron dinamitas sin considerar la presencia de menores de edad en la comunidad.
“Estas acciones de violencia, criminalización y hostigamiento, van dirigidas hacia los y las personas indígenas originarios miembros de la comunidad Totoral Chico para que abandonen su territorio”, se lee en el documento de denuncia.
Pese a los abusos sufridos y el tiempo transcurrido, las autoridades se mantienen indiferentes ante el problema y ahora incluso la AJAM hizo llegar a la comunidad Totoral Chico un documento para la consulta previa libre e informada, todo a destiempo y al margen de las exigencias nacionales e internacionales, denunció Bautista, para que el sindicato de Avicaya pueda operar en el lugar.
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