La Paz, 16 de octubre de 2024 (ANF). - Los candidatos habilitados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) advirtieron que los fallos que emitieron las salas constitucionales de Beni y Pando vulneraron los derechos colectivos y el principio de preclusión, no descartan con asumir acciones penales contra los vocales que formularon los dictámenes.
“Lamentablemente el tribunal de garantías no ha hecho caso a estos elementos de fondo y forma que se han expuesto en la audiencia y ha decidido tutelar los derechos de un particular subordinando el interés público, jurídico, seguridad, y es para no creer que se emitan estas acciones”, afirmó el postulante al TCP Marco Baldivieso en contacto con la ANF.
El martes, dos salas constitucionales, una de Pando y otra de Beni, declararon desiertas las convocatorias para magistrados al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional Plurinacional. En el caso de Pando, la excandidata María Esther Caero presentó un amparo constitucional, argumentando que se incumplieron los requisitos y pidió la exclusión de tres candidatas.
Al respecto, la candidata preseleccionada Juana Maturano consideró que las resoluciones son arbitrarias y no solo se vulneró el derecho de los postulantes, sino que se quebrantó el principio de preclusión que está inserto en la ley de régimen electoral.
“Nosotros consideramos que las resoluciones son arbitrarias, se han extralimitado al pedido que han realizado los demandantes paralizando el proceso y dejando en la incertidumbre (a los postulantes). Además, se ha dejado de lado el principio de preclusión para admitir este recurso, incluso este elemento debió ser observado en la admisión del recurso”, puntualizó.
La postulante recordó que el artículo 2 de la Ley 026 de Régimen Electoral señala que las etapas y resultados de los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato, no se revisarán ni se repetirán.
Perjuicios
Por otra parte, Baldivieso dijo que muchos de los postulantes están siendo afectados porque aquellos que fungían labores como jueces y vocales debieron renunciar a sus fuentes laborales, no perciben ingresos económicos.
Aunque consideró que el mayor perjuicio es a la población porque se le quita la oportunidad de contar con nuevas autoridades del Órgano Judicial, consideró que esa decisión solo beneficia a los autoprorrogados para mantenerse en sus cargos.
“El perjuicio mayor es al pueblo boliviano, si se interrumpen las elecciones judiciales permitirían que los autoprorrogados, rechazados por los bolivianos, se prorroguen en sus cargos por más tiempo”, manifestó.
Demandas
Israel Campero, otro de los postulantes al TCP también se pronunció y señaló que, con otros postulantes, están analizando presentar denuncias administrativas o penales, porque no pueden dejar pasar una arbitrariedad por parte de la Sala Constitucional de Beni.
“Son varios postulantes que estamos analizando apersonarnos al departamento del Beni para observar esa resolución, no se puede permitir que una sala constitucional vulnere los derechos de los demás candidatos. Estamos evaluando la mejor salida, desde denuncias penales y administrativas”, advirtió.
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