La Paz, 22 de agosto de 2024 (ANF).- El abogado Milton Mendoza aseveró que la intromisión de la política en la justicia hoy se hace mucho más evidente que antes y que tener escuela de Jueces y Fiscales para contar con funcionarios de carrera no garantiza la independencia judicial ni la seguridad jurídica.
Mendoza indicó que la independencia judicial en Bolivia siempre fue desmeritada, nunca estuvo a la altura de las circunstancias, salvo pocas excepciones, pero ahora es más evidente la intromisión en la justicia.
“Se cuestionaba, se decía los jueces son vulnerables porque no son de carrera, si fueran de carrera serían designados por períodos, si fueran de carrera podrían cuidar su carrera y no se someterían a decisiones políticas coyunturales, ese era el criterio que me parece teóricamente bueno, pero en la práctica, pese a que ahora existe Escuela de Jueces, Escuela de Fiscales, igual no funciona, porque todo el aparato está totalmente perforado”, dijo el jurista a ANF.
Indicó que la intromisión política se hace mucho más evidente ahora porque los medios de comunicación están más atentos a este tema y por las redes sociales, que antes no había, que difunden los casos de manera inmediata, pero “se nota más, ahora la intromisión es mucho más evidente, más contrastable y eso desmerita la seguridad jurídica”.
El jurista indicó que ahora no es suficiente que una persona se sienta segura y libre de un proceso penal al saberse inocente de un delito, porque igual se la somete a medidas cautelares y debe esperar presa todo el periodo de la investigación, pese a no haber evidencias en su contra.
“Vivimos un poco con la zozobra de que todo es penal porque todo se procesa penalmente, en primer lugar, y en segundo lugar, pese a que yo no tenga consecuencia penal de mis actos tengo que estar sometido a una medida cautelar, a un proceso penal, entonces, eso es ausencia de seguridad jurídica y por supuesto se ha incrementado, por lo menos es más evidente ahora que antes”, remarcó.
Los casos de personas procesadas y sentenciadas por un delito que nunca cometieron son incontables. Como ejemplo tenemos el de Gonzalo Chura, un joven albañil que pese a que las pruebas científicas lo liberan de culpa le ratifican la sentencia; otro caso es el de Renatto Cafferata, que demostró mediante el registro de cámaras de seguridad de un banco que no estuvo en el lugar de los hechos cuando ocurrió el asesinato de su enamorada, pero igual fue sentenciado; otro caso es el de Juan Bascopé, apicultor a quien sentenciaron como único responsable de las muertes de cuatro militares en Apolo, cuando los decesos ocurrieron en distintos lugares.
Mendoza explicó que muchos países cuidan la seguridad jurídica en todos sus aspectos porque es parte del Estado de derecho, y cuando una persona vive con seguridad jurídica invierte, vive tranquila, desarrolla sus actividades con toda tranquilidad, y “eso no sucede en un Estado que no tiene seguridad jurídica”.
“Incluso los inversores, empresas extranjeras, buscan países con seguridad jurídica que les permita cierta estabilidad, y lo mismo sucede con los ciudadanos”, indicó.
Sin embargo, en Bolivia esta cualidad es precaria, “nadie puede sentirse segura de su inocencia” e igual teme ser encarcelado.
El Tribunal Constitucional entiende a la seguridad jurídica como “la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de las autoridades pueda causarles perjuicio”.
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