La Paz, 23 de enero de 2024 (ANF).- La constitucionalista Kathia Saucedo hizo al menos seis observaciones al proceso estancado de las elecciones judiciales, cree que ni a “arcistas” ni a “evistas” les interesa la justicia independiente, sino un sistema cooptado para sus fines electorales.
La jurista señaló que queda totalmente claro que la elección judicial es el método para elegir a las máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional y Consejo de la Magistratura. “Eso es indiscutible”.
Manifestó que la interpretación del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) fue “extraña e inadecuada”, porque además el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hizo una consulta de “contrabando” respecto al proyecto de ley 144 para viabilizar la preselección de candidatos.
Observó que el TCP no haya fijado un plazo límite para la prórroga y la autoprórroga, como lo hizo en otra sentencia en la que estableció que los interinatos no podían extenderse por más de 90 días. “Podía decir se da la prórroga, pero en un plazo máximo de tanto tiempo”.
En esa línea, el guardián de la Constitución pudo poner una “espada de Damocles sobre la Asamblea Legislativa Plurinacional y sobre quienes tienen relación competencial con este proceso”. Pero no lo hizo, sino que dejó abierto hasta que los magistrados elegidos sean posesionados y juramentados.
Por otra parte, señaló que el TCP excedió sus funciones, pero que lo más grave es que violó un principio elemental del sistema de administración de justicia, porque “un juez no puede fallar si tiene interés directo en el fallo o va a ser beneficiado con el mismo. Con la Declaración, el Tribunal Constitucional Plurinacional no solo prorrogó a sus colegas, sino se autoprorrogaron ellos”.
En relación al anuncio que hizo el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, de llamar al diálogo para viabilizar las elecciones judiciales, Saucedo manifestó que todo esfuerzo es destacable, pero precisó que es competencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional si va a dar paso o no a las elecciones.
Argumentó que, aunque la ALP puede viabilizar el proyecto de ley 144 que ya cuenta con el control constitucional, esto no descarta que nuevamente se paralice el proceso de preselección si se continúa presentando acciones de inconstitucionalidad o amparos de manera “indefinida”, cree que a “eso se está jugando”.
Es decir, que el “Gobierno está jugando a que no se realice las elecciones judiciales, ese es el objetivo de la prórroga”, comentó Saucedo. En su criterio existen móviles electorales, por eso no es casual que, a pocos días de concluir su mandato, los magistrados del TCP “inhabilitaron a Evo Morales”.
“Independientemente de la posición personal que tengo, la inhabilitación de Evo Morales está bien, pero no estoy de acuerdo con la forma y el momento. Se lo hizo en un amparo que Evo no tenía ninguna incidencia, ni parte ni no parte”, detalló la jurista.
Cree que ha sido una “jugada estratégica” que esa decisión de los magistrados no haya sido emitida durante la prórroga para que la sentencia en la que se menciona la inhabilitación “no tenga duda”. Sin embargo, esto también devela que “el TCP tiene dudas de su propia prórroga que emitió”.
Por esa razón cree que cuatro magistrados prefirieron renunciar porque lo que están haciendo quienes se quedaron es una “usurpación de funciones” lo que puede tener responsabilidades penales.
En relación al boqueo de caminos, dijo que su objetivo no es proteger la independencia judicial, ya que no tiene sustento las declaraciones de muchas personas que opinan en esa línea, porque “cuando llegaron al gobierno, muchos de ellos, usaron el proceso de destrucción de lo poco bueno que había”.
Citó –por ejemplo- la carrera judicial, de fiscales, el Instituto de la Judicatura, lo poco bueno que se había institucionalizado y estaba empezando a funcionar con enorme esfuerzo fue destrozado. Fue destrozado lo poco bueno que había”.
Por esa razón cree que “Ni a los unos ni a los otros les interesa la independencia (judicial), les interesa mantener cooptado el sistema judicial para garantizar sus intereses en el futuro electoral que está a la puerta de la esquina”.
El debate público también se ha concentrado sobre la posición del Gobierno que asegura que Morales no puede postularse, según la sentencia 1010/2023; sin embargo, los sectores afines al exmandatario defienden su candidatura a toda costa.
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