La Paz, 17 de enero de 2025 (ANF).- Instituciones de la sociedad civil exigen a la Asamblea Legislativa Plurinacional transparencia y participación pública en la revisión de los dos contratos de litio firmados por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con el consorcio de empresas chinas CBC (CATL, BRUNP y CMOC) y la rusa Uranium One Group, para la instalación de tres plantas de producción de carbonato de litio en el Salar de Uyuni.
El 8 de enero, el comité de Energía e Hidrocarburos de la Cámara de Diputados aprobó los contratos firmados por YLB con el consorcio de empresas chinas CBC (CATL, BRUNP y CMOC) y la rusa Uranium One Group (Proyectos de Ley N° 170/2024-2025 y N° 197/2024-2025), para la instalación de tres plantas de producción de carbonato de litio.
Uno de los proyectos está referido al contrato de servicios para la Producción de Carbonato de Litio en el Salar de Uyuni, suscrito el 26 de noviembre de 2024, entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa Hong Kong CBC Investment Limited Sucursal Bolivia.
El segundo proyecto aprobado es el contrato de asociación accidental para el desarrollo de una Planta de Extracción Directa de Litio-EDL y Carbonatación de Litio en el Salar de Uyuni, entre la YLB y la Empresa Uranium One Group, Joint-Stock Company Sucursal Bolivia.
“La aprobación de estos contratos, que definen un modelo de desarrollo a largo plazo sobre un recurso estratégico, no puede llevarse a cabo sin un análisis riguroso que involucre a todas las partes interesadas”, expresó Manuel Olivera, docente e investigador del CIDES-UMSA. Es necesario asegurarse que cualquier decisión sobre el litio esté alineada con los principios constitucionales y las normativas nacionales e internacionales en materia de derechos ambientales y colectivos que están vigentes.
“Dada la magnitud de los impactos potenciales de estos contratos sobre la economía, el medio ambiente y las futuras generaciones de bolivianos y bolivianas, es indispensable que su tratamiento legislativo se realice de manera abierta, participativa y transparente”, señaló Oscar Campanini, director del CEDIB. Para ello, “es fundamental que la Asamblea Legislativa convoque a reuniones específicas para recoger las observaciones y aportes de la sociedad civil sobre estos contratos” sugiere José Carlos Solón de la Fundación Solón.
“Solo de esta manera los y las representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional podrán tomar decisiones informadas y legítimas frente al pueblo boliviano, que respondan al interés colectivo del país”, se lee en la carta enviada por más veinte organizaciones de la sociedad civil a la Asamblea Legislativa.
La importancia de estos contratos para el futuro de Bolivia contrasta gravemente con la urgencia, falta de transparencia y participación pública con que hasta ahora se ha manejado este proceso en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Además de involucrar inversiones millonarias, estos contratos durarán al menos 36 años y tendrán implicaciones profundas para la economía, el medio ambiente y las comunidades, especialmente en el Salar de Uyuni que alberga las mayores reservas de litio del mundo y es un ecosistema estratégico y vital para el futuro de Bolivia, según una nota de prensa.
“El Salar de Uyuni es un ecosistema con paisajes apreciados por miles de turistas que lo visitan cada año. Además, este salar está catalogado como uno de los 10 mejores lugares del planeta que vale la pena visitar”, señaló Máximo Liberman investigador del Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Como recurso estratégico de propiedad del pueblo boliviano, el litio y los salares están protegidos por la Constitución Política del Estado (Artículos 348-358), la Ley de Minería y Metalurgia y la Ley de creación de YLB, que refuerzan la soberanía estatal sobre los recursos evaporíticos. Además, otras normas como la Ley de la Madre Tierra, la Ley de Derechos de la Madre Tierra, la Ley de Protección de Bofedales Altoandinos y la Ley de Protección de los Sitios Ramsar garantizan la preservación de los humedales y sus sistemas de vida, mientras que la Ley del Medio Ambiente establece principios fundamentales para asegurar una gestión sostenible.
Estas leyes nacionales también están alineadas con compromisos internacionales que ha asumido Bolivia como el Acuerdo de Escazú, que asegura la participación ciudadana en decisiones ambientales, y el Convenio 169 de la OIT, que garantiza la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas.
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