La Paz, 1 de enero de 2024 (ANF). - Por segundo año consecutivo, el Ejecutivo promulgó este miércoles la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, luego de que el proyecto normativo no fue aprobado por la Asamblea Legislativa en los 60 días de plazo que establece la Constitución Política del Estado (CPE). Además, autorizó la emisión de bonos soberanos por $us 3.000 millones.
“Se aprueba el Presupuesto General del Estado - PGE, para su vigencia durante la Gestión Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, por un importe total agregado de Bs369.340.694.52 (...) y un consolidado de Bs296.565.879.631, según detalle de recursos y gastos consignados en los Tomos I y II adjuntos”, señala el artículo 2 de la norma.
El PGE 2024 también entró en vigencia de forma automática el 1 de enero de 2024, a través de la Ley 1546, tomando en cuenta que el tratamiento de la norma se estancó en la Asamblea Legislativa porque no se lograron consensos y el Gobierno tuvo que aplicar el artículo 158 de la Carta Magna.
El documento tiene 21 artículos, siete disposiciones adicionales y una disposición transitoria. El PGE 2025 fue tratado únicamente en la comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, no ingresó al pleno de la Cámara Baja debido a que no se convocó a sesión y el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, determinó el receso parlamentario.
La norma también autoriza al Ministerio de Economía celebrar operaciones de deuda pública en mercados internacionales a través de la emisión de títulos valor por hasta $us 3.000 millones.
A la vez, señala que ese Ministerio asumirá los costos derivados de las operaciones de deuda pública, aun cuando la emisión de títulos valor en mercados de capital externos no se hubieran concretado.
En ese sentido, se permite la contratación de garantías multilaterales por un monto de $us 1.000 millones con la finalidad de materializar las operaciones de endeudamiento público, mediante la emisión de títulos valor en mercados de capital externos.
Asimismo, se autorizó al Banco Central de Bolivia (BCB) poner en garantía sin desplazamiento las reservas de oro que tiene el país para respaldar las operaciones por endeudamiento público.
Por otra parte, se determinó asignar recursos a favor del Ministerio de Obras Públicas para la construcción de la vía Férrea Montero-Bulo Bulo hasta su conclusión, provenientes únicamente de la recuperación de fondos por la ejecución de pólizas de garantía, pólizas de cumplimiento de contrato, la resolución de contratos, así como aquellos obtenidos por otros mecanismos derivados de los contratos.
Confiscación de productos
Otro de los puntos que señala la norma es el que faculta a las entidades competentes para realizar operativos de control y la confiscación de productos a quienes almacenen, retengan o pretendan encarecer sus precios. Esa determinación fue cuestionada por gremiales, empresarios y productores.
“Todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales, debe declarar, información de producción, transformación y comercialización, misma que tendrá calidad de declaración jurada y será tratada bajo el principio de confidencialidad, conforme a la reglamentación aprobada por resolución biministerial emitida por los Ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y de Desarrollo Productivo y Economía Plural”, dice la disposición adicional séptima.
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