César Navarro, ministro de Minería. Foto: Ministerio de Minería.
La Paz, 30 de mayo (ANF).- El ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, realizó en conferencia de prensa una cronología de los hechos que terminaron en una demanda de la empresa chilena Quiborax contra el Estado boliviano y ratificó que el expresidente Carlos Mesa incumplió sus propias leyes y omitió procedimientos que causaron un perjuicio al país.
“Lo que hace Carlos Mesa es incumplir la ley 2564 y el decreto supremo 27326 que él mismo firmó y promulgó. Podía establecerse la caducidad de esas áreas que estaban bajo la titularidad de una empresa que tenía como accionistas a bolivianos y chilenos pero para ello debía cumplirse un procedimiento que la misma norma establecía”, dijo.
La autoridad explicó que durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, se declaró un área de reserva fiscal de 2.362 mil hectáreas en Uyuni que abarcaba todo el Salar y que durante el gobierno de Hugo Banzer esta área fue reducida a 1.344 hectáreas.
“Esta ley promulgada por Banzer reduce a esa dimensión que es la costra salina de 1.344 mil, nos reduce un millón de hectáreas, producto de este hecho existe un tráfico de influencias de un exfuncionario del ministerio de minería que disponía la información, David Moscoso, que es el principal accionista de la compañía minera Rio Grande, obtuvo las concesiones de ulexita en el delta de Río Grande del Gran Salar, dichas concesiones fueron vendidas a Quiborax que tienen una composición accionaria del 50.99 por ciento y al señor Alan Fox de 0,01 por ciento”, detalló.
Sin embargo, según Navarro, en 2004 el entonces presidente Carlos Mesa emitió una ley, que volvía a extender el área de reserva fiscal a 2.190 mil hectáreas gracias a movilizaciones de organizaciones cívicas potosinas, que comprendía las áreas circundantes al Salar de Uyuni donde se encontraban las 11 concesiones mineras de Quiborax.
“Esta ley le faculta y le obliga a Carlos Mesa a que pueda realizar auditoria técnica jurídica, legal, económica y financiera para que pueda declarar la nulidad de las concesiones que estaban establecidas en esa área, para ello se dio un plazo de 60 días y el objetivo de estas auditorías era que el estado boliviano recupere todas las concesiones y los no metálicos propiedad originaria del estado boliviano”, señaló.
Pero el procedimiento que obligaba a realizar estas auditorías no se cumplió y la demanda impuesta contra Bolivia se basa en un decreto supremo emitido por Mesa que incluye el revocatorio de las concesiones a la prefectura de Potosí, figura que no existe en la legislación minera boliviana.
“Mesa no logra establecer y cumplir los procedimientos, no logra establecer los niveles de responsabilidad y como no cumple el procedimiento emite un decreto supremo donde revoca estas áreas a la prefectura del departamento de Potosí y le otorga 30 días a la empresa para que abandone el país y entregue estas áreas a la prefectura”, afirmó.
La autoridad acotó que la base jurídica de la demanda tiene como origen el decreto supremo 27589 de junio del 2004 que revoca 11 concesiones en el delta del Río Grande del Gran Salar.
Por su parte, Carlos Mesa presentó hoy un recurso a la Fiscalía General del Estado para rechazar la proposición acusatoria de la Procuraduría General del Estado por el caso Quiborax, argumentado que las mismas tienen serias contradicciones.
Carlos Alarcón, abogado de Mesa, explicó que las inversiones de la empresa minera “eran insignificantes para el Estado” y que fue el Gobierno actual el que habría incurrido en un error en la defensa contra Quiborax.
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