La Paz, 15 de diciembre de 2023 (ANF).- Se está volviendo “normal” que millones de hectáreas se quemen cada año, que Bolivia ocupe el tercer lugar a nivel mundial con la mayor pérdida de bosques primarios. Expertos y estudiosos sostienen que las claves para entender la problemática de los incendios son el modelo extractivista, la expansión de la frontera agrícola y el negocio o mercantilización de la tierra.
El director de Conservación Internacional, Eduardo Forno; el vocero del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales y el investigador Stanislaw Czaplicki participaron del Conversatorio de la ANF dedicado a analizar los incendios en Bolivia, sus causas y consecuencias, en un año en el que se quemaron 3,3 millones de hectáreas. Un dato que se “normaliza” sin que existan responsabilidades por este desastre.
Un paquete de normas denominadas “incendiarias” contribuyen a la existencia de condiciones para que cada año este fenómeno, provocado en gran parte por la mano del ser humano, se repita. Los pedidos de modificación o de abrogación de esas leyes no han tenido eco, lo que pone en evidencia la poca voluntad para hacer frente a las ilegalidades.
“Hay todo un sin fin de leyes que se denominan paquete incendiario que están poniendo las condiciones para la expansión que se está llevando adelante en desmedro de los bosques y ecosistemas no boscosos”, afirma Stanislaw, aunque también advierte que la “pobre” implementación de las leyes impide aportar para frenar esta situación.
Para Forno hay problemas estructurales y coyunturales. En el primero se remonta a la norma sobre la tenencia de la tierra y al contexto que ha creado incluso la Revolución del 52, apunta que “no es legal vender tierras rurales en Bolivia, todo el mundo cree que es legal, todo el mundo vende”.
“Entonces a través de ese espacio gris de la normativa de la tierra se genera todo un abanico de ilegalidades, anormalidades legales y problemas entre los actores que no entienden cómo pueden manejar adecuadamente su tierra. Los incendios están ligados a eso, la deforestación y la historia del desarrollo agrícola y la agroindustria o la agricultura pequeña están ligados a eso”, comenta.
Morales explica el contexto, precisa que hay un escenario después de la Reforma Agraria, la constitución de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) a favor de los pueblos indígenas; durante el gobierno de Evo Morales la aprobación de la Reconducción Comunitaria de reforma a la Ley 1715, luego la promulgación de la Constitución Política del Estado y como hitos formula la Cumbre de Tiquipaya y la Ley 300 de la Madre Tierra.
“El 2013 es el quiebre total porque se pone la Ley 337, el perdonazo y ese es el inicio de una serie de 13 normas que han venido, (…) que han planteado una fractura de la legalidad de la misma Constitución, porque el perdonazo establece una especie de perdón hasta 1996 de aquellos predios que habían desboscado y se les perdona el cobro de la deuda que tenían y según la (Ley) 1333 y la 1700 que es la Ley Forestal y el Código Penal, incluso deberían haber sido sujetos de detención y procesos penales que han cometido esos incendios”.
Explica que esto tiene que ver con la explotación de gas hasta el año 2013, pero también con la producción de soya, que ese año alcanzaron un pico en ambas actividades, por tanto, el gobierno de ese entonces decidió “desarrollar un modelo de ampliación de la frontera agrícola”.
“Porque en la soya y en el gas son el futuro del país y (Álvaro) García Linera dice que la ampliación de la frontera debería llegar a 10 millones de hectáreas. Y luego vienen estas leyes que se han orientado precisamente a eso”, rememora.
Stanislaw añade que el Gobierno planteó “metas bien claras de expansión de la superficie”, en ese contexto la agenda hacia el 2025 apunta a “crecer de 11 millones de cabezas de ganado a 18 millones, sabiendo que una cabeza de ganado necesita más de una hectárea, son 7 millones de hectáreas más a ampliar”.
Detalló que del 2013 al 2016 se ha ido incrementando la cantidad de permisos de desmonte, además de la deforestación ilegal. En un contexto en el que las condiciones del mercado han cambiado mucho, así como los precios de la soya -siendo este el primer cultivo que genera deforestación- que están muy altos, al igual que el precio de la carne.
El investigador amplía el análisis, con base en información de la ANAPO y del INIAF dice que menos del 25% de los soyeros usan fertilizantes en la producción, una realidad que en su criterio debería llevar a plantear si el Estado debe apoyar en la exención de servicios y cuestionar el negocio de la productividad bajo el argumento de la seguridad alimentaria.
“Que es dependiente del negocio de la tierra, de la especulación y de la mercantilización como activo financiero de esa tierra y permite explicar por qué desde 2019 hasta ahora con biodiesel en la mano, con más dotación de tierras para interculturales y muchos más elementos, estamos en la situación que estamos, y cómo eso difiere y crea una ruptura con todo lo que hemos tenido antes, ya que los niveles de deforestación que ya estamos llegando al doble de lo que se tenía históricamente en el periodo previo”.
“El problema es el modelo de desarrollo. Como estamos manejando la concepción del desarrollo y nuestro desarrollo es extractivista”, remata Forno, quien repasa que, de la minería tradicional con la explotación de la plata, la goma, el oro, los hidrocarburos, que se constituye en otra manifestación de la visión extractivista, ahora, “estamos soñando con el litio”.
“Y la soya, para mi, es un tipo de minería. Es una minería verde donde el espacio natural, el bosque, el espacio de la tierra es un bien fungible que lo puedes desechar, como es tan barata la tierra, como hay tanto subsidio alrededor de los hidrocarburos, como no hay impuestos, entonces la tierra tiene valor, pero el valor comparado con el valor que tiene en Brasil o en Argentina, es bajísimo”.
En el tema de la tierra cuestionó que se la use hasta que ya no rinda, para después desecharla, porque en el proceso no se la fertiliza, no se hace gestión cultural de la tierra; luego se viene la deforestación. De área agrícola pasa a ser ganadera. En 7 años el promedio de deforestación llegó a 290 mil hectáreas.
La Global Forest Watch, con el respaldo del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) y con datos forestales recopilados por la Universidad de Maryland, reveló que en 2022 se perdieron unos 4,1 millones de hectáreas de selva tropical en todo el mundo. Brasil lidera esa lista, le sigue la República Democrática del Congo y en tercer lugar está Bolivia.
El tráfico de tierras, el agronegocio y el valor de la tierra
Primero, tiene que ver con una bajísima capacidad de darle valor a los cultivos agrícolas o la capacidad agrícola es bajísima con relación a otros países. Segundo, una bajísima institucionalidad, se refirió específicamente al INIAF (Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal) que tiene “grandes debilidades” precisamente la entidad que tiene que controlar la tierra. Aunque también apuntó al tema del tráfico de tierras que “brutal”, precisa el director de Conservación Internacional.
“El Estado (gobierno) está detrás del tráfico de tierras porque tiene una movilidad social muy grande que son los interculturales, y por supuesto que la quema es una forma de acceder a la tierra”, asegura Morales.
“Ha habido una política de crecimiento, porque el tráfico de tierras es otra manera de ganar plata sin sembrar. Y eso ha generado una política sostenida de avasallamiento de parques, territorios indígenas, áreas protegidas, propiedad fiscal, bosques y estamos viviendo un descontrol absoluto, porque es la forma como se generan nuevos emprendimientos y le da dinamismo al departamento de Santa Cruz”, añade el vocero de Conade.
Stanislaw cita otros factores como la presencia de menonitas, traficantes de tierra, avasallamiento también de empresas; además lo que representa en términos económicos desmontar “no es barato”, porque se debe realizar con maquinaria, además se hace uso de gasolina o diésel subsidiado por todos los bolivianos para la deforestación.
Pero no solo son interculturales los que queman, el día de hoy vemos que 72% de los incendios ocurrieron en predios empresariales. Y los años anteriores, la deforestación ocurre entre 60 y 70% en tierras de productores empresariales.
¿Pero por qué ocurre esto? El investigador explica que el negocio no solo es comercializar esa tierra, sino porque hay un aspecto financiero. “Se puede usar esa tierra como garantía colateral, y en el sector soyero, la banca hace una década prestaba 300 a 400 dólares por hectárea; el día de hoy, ya llegó a 1.300 millones de dólares prestados a todo el sector (soyero) lo que implica más de 700 dólares por hectárea. Y como vimos la productividad no ha aumentado. El negocio de la soya se ha vuelto el negocio de conseguir préstamos baratos para la empresa en conjunto para habilitar la tierra que será puesta en ganadería”.
Añade que tras un desmonte lo que costaba 300 o 400 dólares, el valor sube por encima de las mil hectáreas. Los precios más altos están en el corazón del sector soyero y llega a 4.000 o 5.000 dólares la hectárea. En pocas palabras un predio de 30 mil hectáreas con 750 dólares (por hectárea), ya son 22.500.000 de dólares. (…) No es poca suma, no es el pobre el que compra ni el que vende (…) No es negocio de pobres”.
A la luz de estos datos, considera que la “magnitud es aberrante”, en medio de sanciones bajísimas, al menos 90% de los casos no se sancionan, o si se sancionan son con multas “ridículas”, nadie pide el permiso de desmonte, ni siquiera en la banca (entidad financiera) se tiene que demostrar si ha sido un desmonte legal, como pasa en otros países.
“Hemos dado pie a ese sistema, y el marco regulatorio lo permite con políticas que lo acompañan y en alianza con el agronegocio y el oriente que pide más libertades”, mucho más grave que recientemente, en el contexto de los incendios se aumentó la cuota de exportación de carne, señaló Stanislaw.
Acceso a la información
El director de Conservación Internacional aporta con otro tema en el debate, el acceso a la información y la transparencia, que en su opinión es “crítica”. Cree que si habría una base de datos en línea y que a través de un mapa se puede ver datos como quién es el propietario de un predio -como hay en muchos países-, cuándo ha comprado, cuánto a pagado, cuánto paga de impuestos. “Si tuviéramos todo eso, esto se acaba en un año dos años porque ya está transparentado, se sabe quién esta dónde”.
Insiste que la información es clave, para terminar con toda la problemática, sin ir lejos, dice que si el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) “pusiera toda la información pública empieza a cambiar la cosa. Si la banca está obligada a verificar información histórica del predio antes de dar el préstamo, cambian las cosas. La banca también tiene responsabilidad, no solo es el intercultural porque tendemos a decir que es el intercultural, pero yo creo que aquí hay una amplia responsabilidad de muchísimos actores públicos privados, ricos, no tan ricos, banca”.
Debatir el modelo de desarrollo
Morales cuestionó que el Gobierno sea otros de los actores involucrados en actividades que deforestan y amplían la frontera agrícola. “Entonces tenemos un actor adicional que es el Estado que se está incorporando con sus necesidades productivas a este modelo, que los bolivianos deberíamos empezar a discutir hasta dónde llega y cuáles serían las alternativas”.
Stanislaw coincide en la necesidad “de cambiar de modelo hacia un modelo que no sea extractivo, hay otras alternativas que otros países han tomado hacia la agroecología, energía solar, hacia servicios en urbes y mucho más”.
Forno destaca experiencias positivas, como el manejo de predios sin fuego “hay experiencias hermosas en Alto Beni, un municipio que aprobó una ley que no permite la minería. Hay producción agropecuaria orgánica, agro sostenible (…) No es que no expanden su frontera agrícola, lo hacen. Hay experiencias buenas, porque no pasarla a otros lugares (…) Yo creo que hay que pensar qué tenemos que hacer para que esto cambie, porque las leyes no van a cambiar”.
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