La Paz, 13 de octubre de 2023 (ANF).- El secretario ejecutivo de la federación de gremiales del Sur de la ciudad de El Alto, Luis Paco, pidió al gobierno convocarlos antes de definir un nuevo monto de importación que será considerado como contrabando.
“Por este tema han hecho llegar ya esta propuesta que en el siguiente ampliado lo vamos a tocar, y espero que también las autoridades no se equivoquen y por lo menos nos convoquen, nos consulten y lleguemos a consensos”, dijo Paco a ANF.
El gobierno trabaja un proyecto de ley para bajar de 200 mil Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) a 60.000 bolivianos el monto mínimo con el fin de castigar el delito de contrabando con cárcel.
De acuerdo con el artículo 181 del Código Tributario, el contrabando es considerado un delito y las personas que incurran en éste podrán ser sancionadas con penas de entre cinco y 10 años de prisión, siempre y cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía decomisada sea superior a 200 mil UFV. Sin embargo, si el valor del tributo omitido es menor o igual a 200 mil UFV, el ilícito solo es considerado como una contravención.
La Cámara Nacional de Industrias también propuso modificar la Ley 2492 del Código Tributario para bajar las UFV de 200.000 a 50.000, para que a partir de este monto hay sanción penal.
Paco explicó que hay gremiales que tienen una cantidad considerable de capital y que se dedican, por ejemplo, al comercio de abarrotes, y si se va a bajar ese parámetro “nos va afectar de gran manera”.
“Estamos esperando la invitación del Gobierno, como corresponde, para tratar el tema, nosotros vamos a asistir con nuestro equipo jurídico para plantear en qué situación nos va a afectar”, enfatizó.
Indicó que como gremiales son más de 100.000 personas afiliadas a las diferentes asociaciones, por lo que esta medida afectaría a una gran parte de la población.
El dirigente dijo que el contrabando tiene fases y no todo aquello que ingresa de manera ilegal al país puede ser considerado como tal, dependiendo del monto, pero tampoco le pueden cuestionar a sus afiliados cómo y de qué forma obtuvieron la mercancía.
“Nosotros siempre bajo el principio de buena fe adquirimos la mercadería a quien venda al mejor precio para poder comercializarlo”, apuntó.
Señaló que el contrabando evidentemente va en contra de la economía de, país, pero es responsabilidad del Estado y sus instancias combatir este flagelo, que considera “muy difícil identificar” en el sector gremial.
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