La Oficina manifestó particular preocupación por reportes de personas fallecidas o gravemente heridas en el contexto de los bloqueos y operativos destinados a despejar las rutas en distintos departamentos del país.
Ugarte hizo un llamado a las provincias del departamento de La Paz para que tomen conciencia y se sienten en la mesa de diálogo para resolver los problemas que aquejan al país.
La resolución además dispone abrir corredores humanitarios, mientras que al Ministerio de Gobierno le ordenó restablecer la transitabilidad de las carreteras.
Las víctimas recordaron que el Decreto Supremo 4078, promulgado durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, utilizó el término “pacificación” para justificar operativos militares y policiales que terminaron con decenas de fallecidos y
Bravo señaló que términos como “hordas salvajes” u “ovejas” son empleados para deshumanizar a quienes participan en protestas sociales, reduciéndolos simbólicamente a un estado animal y negándoles capacidad de pensamiento propio.
El defensor fue enfático al señalar que “toda medida de presión en un estado democrático debe considerar límites claros, cuando las consecuencias comienza a vulnerar los derechos humanos esenciales”.
León también cuestionó la promesa de anonimato ofrecida por la plataforma. Explicó que, desde el punto de vista técnico, ningún sistema conectado a internet garantiza un anonimato absoluto, ya que cada interacción deja rastros digitales.
La vicepresidenta de la APDHB, Yolanda Herrera, también cuestionó que la crisis económica y la confrontación política hayan desplazado de la agenda estatal los temas relacionados con protección social y derechos humanos.
El reporte da cuenta de que las muertes violentas dentro de las cárceles se duplicaron en un año: de nueve asesinatos u homicidios registrados en 2024 se pasó a 18 casos en 2025.
López denunció que las víctimas enfrentan obstáculos constantes cuando presentan denuncias ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), debido a observaciones procesales y plazos reducidos que terminan favoreciendo el cierre de
Según denunciaron, abogados de algunos liberados llegan incluso con montos de entre 500 y 800 bolivianos para acelerar trámites nocturnos y evitar retrasos deliberados.
En su evaluación, la CIDH determinó que la recomendación clave referida a estos hechos —investigar, juzgar, sancionar y reparar— permanece en estado “pendiente de cumplimiento”.
