Miranda indicó que en el caso de los defensores de la reserva de Tariquía denunciarán sobre la continuidad del proceso penal en contra de los defensores y la escalada de la vulneración de derechos humanos.
El denunciado pidió disculpas a su colega de la Cámara de Diputados e indicó que sus declaraciones fueron tergiversadas por algunos medios de comunicación.
Con el fin de que ese hecho no se repita, la sala señaló que no pueden presentar a ninguna persona aprehendida; salvo la fotografía de aquellas que se encuentren prófugas de la justicia, desaparecidas o capturadas en flagrancia.
Juristas coincidieron que el ministro de Gobierno vulnera los derechos de los detenidos al exponerlos públicamente sin pruebas en un intento de obtener aprobación social.
A pesar de las constantes muertes en los centros penitenciarios del país, Quiroz manifestó que hasta la fecha no se ha registrado una reclamación formal que logre un precedente legal.
Según Ledezma, estudios han demostrado que los interrogatorios basados en la fuerza y la amenaza son menos eficientes, debido a que la víctima quiere librarse rápidamente de ese nivel de estrés.
Callizaya enfatizó que "la exhibición pública de detenidos es una práctica retórica que sacrifica derechos humanos en aras de una falsa percepción de seguridad".
“Me han mellado mi dignidad, la gente me ve, y me dicen, este es el delincuente, y no puedo trabajar como antes”, relató en un testimonio brindado el 2024. Del Castillo dijo que la exposición ha reducido los feminicidios
Uría en el momento de su aprehensión fue torturado por la policía y al no existir pruebas en su contra, estando en la cárcel, fue presionado por funcionarios del Ministerio de Gobierno para que se autoinculpe, de acuerdo a las denuncias.
El abogado recalcó que esta situación no debería ocurrir en un Estado de derecho, pero lamentablemente se ha convertido en una acción frecuente en el país.
Entre los principales exministros de Gobierno vulneradores de estos derechos están Alfredo Rada, Sacha Llorenti, Carlos Romero, Jorge Pérez, Hugo Moldiz y Arturo Murillo.
El EPU del Estado boliviano duró poco más de tres horas, se realizó en la sede del Consejo de Derechos Humanos en la ciudad de Ginebra, Suiza, y tuvo la presencia de varias autoridades del Ministerio de Justicia y la Vicepresidencia.
Las mujeres defensoras son particularmente vulnerables, enfrentando no solo amenazas y criminalización, sino también violencia de género, acoso sexual y daños a su salud mental y emocional.
