También señaló que el inicio de un proceso administrativo después de que fue despedido es una forma de amedrentarlo y el vocal señaló que debió iniciarse antes de que sea retirado del cargo.
Según esa instancia sumariante, Uzquiano presumiblemente ha vulnerado artículos de la Constitución Política del Estado y de la Ley del Estatuto del Funcionario Público.
Alex Villca hace un balance de la gestión 2024 para los pueblos indígenas y el medio ambiente, un año en el que se destruyó más de 10 millones de hectáreas a causa de los incendios.
El escenario político fue el terreno más hostil para el ejercicio del periodismo. De la polarización que durante años enfrentó a oficialismo y a oposición, se pasó a la pugna interna en el Movimiento al Socialismo (MAS).
Las secuelas no sólo afectan a las víctimas individuales, sino que también deslegitiman el sistema judicial “al crear culpables a partir de confesiones obtenidas bajo coerción”.
El Observatorio de Derechos LGBT también señala un aumento alarmante en las denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes durante 2023.
Cada 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos; la APDH fue creada un día como mañana en 1976, lleva 48 exigiendo el cumplimiento de derechos.
El 15 de noviembre, FMBolivia que se transmite por redes sociales tras su silenciamiento en la frecuencia modulada, el 12 de abril, advirtió que en las elecciones de la regional de Chulumani participaron votantes que no pertenecen a la zona.
UNITAS destacó la situación de las libertades de expresión, de prensa, de reunión pacífica y de asociación, como la ausencia de una ley para el acceso a la información pública en Bolivia.
UNITAS presentó en esta presesión un resumen de su informe alternativo sobre el estado de situación de la libertad de prensa, afectada por 425 vulneraciones registradas entre 2022 y 2024.
Inca remarcó que ese trabajo no lo hizo en su momento el entonces fiscal general Juan Lanchipa ni los fiscales departamentales, incluido el fiscal Roger Mariaca, de Santa Cruz, que hoy es fiscal general.
Las denuncias de los trabajadores se enfocan sobre todo en las condiciones precarias de trabajo, sobre las que la empresa fue consultada formalmente para este reportaje, aunque no respondió, pese a la insistencia planteada a los ejecutivos.
Es obligación del Estado garantizar, proteger y facilitar las manifestaciones públicas, que incluye agotar todas las medidas para la resolución pacífica de los conflictos, fomentar un diálogo amplio e inclusivo.
Según el registro de las instituciones, la vida de al menos ocho periodistas, un fotógrafo, dos camarógrafos y un chofer fue amenazada por quienes comandan los bloqueos bajo las directrices de la dirigencia “evista” del MAS.
Por su parte la Adjunta del Defensor del Pueblo Roxana Mallea aclaró que “no podemos ver qué sector está siendo más vulnerado". Sectores productores, empresarios y comerciantes ven una afectación significativa a su derecho al libre tránsito.
En las últimas dos movilizaciones de la facción del MAS-evista contra el Gobierno también de ese partido político, los periodistas han sido víctimas de los enfrentamientos a veces entre civiles, y en otras, entre bloqueadores y policías.
