La Paz, 23 de enero de 2025 (ANF).- Una investigación y análisis defensorial estableció que las autoridades del Ministerio de Gobierno no reconocen que las prácticas de exhibir, exponer y presentar a personas aprehendidas de forma mediática vulnera derechos, y que tienden a justificar con “argumentos infundados” la persistencia de este accionar, generando incumplimiento de las obligaciones del Estado.
La Resolución Defensorial sobre la protección de la dignidad, la honra y la imagen ante la exhibición de las personas aprehendidas en medios de comunicación y sobre el respeto del derecho a la presunción de inocencia, demanda al Ministerio de Gobierno que instruya retirar las publicaciones de las exhibiciones, exposiciones y presentaciones de personas aprehendidas y detenidas que se encuentran publicadas en sus páginas oficiales y redes sociales de viceministerios y de la Policía, a fin de cesar en la vulneración a los derechos de las personas involucradas.
Que el ministerio prohíba que autoridades y servidores públicos del Ministerio de Gobierno, el Viceministerio de Régimen Interior y Policía y la Policía Boliviana exhiban, expongan y presenten a personas aprehendidas o detenidas en medios de comunicación, redes sociales y en páginas oficiales.
Realizar capacitaciones dirigidas al personal del Ministerio de Gobierno, Viceministerio de Régimen Interior y Policía Boliviana sobre el alcance del derecho a la dignidad, honra, reputación y el principio de inocencia en el marco de los estándares internacionales de derechos humanos señalados en la Resolución Defensorial.
La Resolución Defensorial es del 28 de noviembre de 2024, sin embargo, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, continúa con el sometimiento de las personas “al odio, estigmatización, desprecio público, persecución o discriminación por medio de declaraciones públicas”, como señaló la Corte IDH dentro del caso Valencia Campos y otros Vs. Bolivia el 18 de octubre de 2022.
La víspera Del Castillo expuso al linchamiento mediático a Reyna R. H. H., madre de dos niños, a quien acusó de haber simulado un delito, cometer violencia intrafamiliar y abandonar a menor de edad.
La CorteIDH ha señalado que el derecho a la honra “reconoce que toda persona tiene derecho al respeto de esta, prohíbe todo ataque ilegal contra la honra o reputación e impone a los Estados el deber de brindar la protección de la ley contra tales ataques”.
“Lo que ocurre es que ya se ha hecho costumbre la presentación de las personas que son aprehendidas o que son detenidas, sindicadas de cualquier tipo delictivo; esta actitud lo único que refleja es un abuso de poder de parte de los funcionarios del Ministerio de Gobierno que realizan esas presentaciones sin el consentimiento de las personas, quizás con el ánimo de sumar réditos políticos o de aceptación en la sociedad, lo cual definitivamente no justifica que una persona sea presentada”, dijo a ANF el abogado Jorge Quiroz.
Para el abogado Guillermo Yacsa, los funcionarios policiales y del Ministerio de Gobierno, como es su costumbre, “pasan por alto la Constitución Política del Estado” y que incluso “son tan ignorantes que se amparan en jurisprudencias incorrectas y cometen excesos”.
“Son excesos inhumanos que están cometiendo, ya son delitos de lesa humanidad, qué puedes esperar si no se respeta el derecho a la libertad con detenciones preventivas abusivas, menos van a respetar el derecho de imagen”, indicó Yacsa a ANF.
El abogado Eusebio Vera indicó que existen derechos fundamentales que son universales y algunos de esos derechos son el derecho a la imagen y el derecho a la presunción de inocencia.
“Son derechos universales que en todas las partes del mundo se practican y se obedecen por todas las autoridades, sean judiciales o no, y acá lo que ha realizado la Policía Boliviana, a la cabeza del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, es vulnerar el derecho a la imagen que está consagrada en el artículo 5 de la Constitución Política, así como a la presunción de inocencia que está en el artículo 115 y 116 de la de la Constitución Política del Estado”, refirió Vera en declaraciones a ANF.
Remarcó que la norma suprema del Estado guarda mucha relación con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados y convenios de carácter internacional y “eso no se puede ignorar”.
En junio de 2022, el entonces comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, informó que ya no se presentarán públicamente a sospechosos de algún delito, al surgir diversos cuestionamientos de parte de funcionarios y varias organizaciones defensoras de derechos humanos. Hoy como viceministro de Régimen Interior y Policía continúa violando derechos.
De acuerdo a los antecedentes revisados por la Defensoría del Pueblo, desde el 30 de enero de 2009 hasta el 28 de agosto de 2023, la práctica de exhibición y presentación de personas aprehendidas, vinculadas a un hecho delictivo, “se ha convertido en un constante accionar de las diferentes autoridades de turno, sin considerar que los servidores públicos son los garantes del respeto de los derechos humanos frente a la ley, así como frente a organismos internacionales de defensa de los derechos humanos”.
La Defensoría remarcó que los servidores públicos deben velar por la plena vigencia de los derechos humanos en cuanto a la dignidad, honra y presunción de inocencia, sin perjuicio de que posteriormente alguna de estas personas expuestas sea declarada culpable, mediante sentencia condenatoria ejecutoriada.
La Defensoría del Pueblo registró 39 casos donde la exhibición pública de aprehendidos en medios de comunicación es una práctica recurrente que vulnera los derechos, más aún cuando estas personas son exhibidas sin que exista una imputación formal, es decir que ni siquiera se hubiera acumulado elementos de convicción suficientes como para establecer la probabilidad de participación en los hechos delictivos que se le atribuyen.
Entre los principales exministros de Gobierno vulneradores de estos derechos están Alfredo Rada, Sacha Llorenti, Carlos Romero, Jorge Pérez, Hugo Moldiz y Arturo Murillo.
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