La Paz, 30 de enero de 2025 (ANF).- El abogado Remi Choquehuanca y el diputado Héctor Arce expresaron su rechazo a las prácticas del Ministerio de Gobierno, encabezado por Eduardo Del Castillo, que abiertamente vulnera los derechos fundamentales y que niegan el Estado de derecho en el país.
Choquehuanca enfatizó que no existe respaldo científico ni jurídico que justifique la restricción preventiva de derechos fundamentales para garantizar otros, argumento que utilizó Del Castillo luego de vulnerar de manera flagrante y con acusaciones falsas los derechos de Reyna H. en días pasados.
“No hay ningún estudio científico que establezca que debe sacrificarse preventivamente los derechos de la libertad o de la vida o de la dignidad directamente para prevenir otros derechos”, sostuvo Choquehuanca en entrevista con ANF.
El 22 de enero, Del Castillo sometió a un linchamiento mediático a Reyna señalando que abandonó a sus hijos, cometió violencia doméstica familiar y simuló un delito.
El ministro acusó a la madre de ser consumidora consuetudinaria de bebidas alcohólicas, que abandonó a sus hijos con discapacidad en un alojamiento y logró simular un delito, aseveraciones totalmente falsas de acuerdo al juez de turno que no encontró ninguna evidencia y ordenó su liberación. El abogado Edwin Lenis denunció linchamiento mediático de parte del ministro de Gobierno contra su defendida que no es bebedora acostumbrada ni abandonó a sus hijos ni padecen discapacidad ni simuló ningún delito.
Reyna salió de la casa de su pareja junto a sus dos hijos sin rumbo conocido para precautelar su integridad luego de sufrir agresiones físicas y verbales, de acuerdo a la denuncia. Fue encontrada el 22 de enero y acusada sin ninguna verdad.
El 28 de enero, consultado Del Castillo sobre el linchamiento mediático y su renuencia de exhibir a personas aprehendidas como culpables, respondió: “Nosotros hemos demostrado desde el Ministerio de Gobierno con estudios técnicos y científicos que la acción de mostrar a personas que estén involucradas en conductas delictivas nos ha ayudado a reducir el feminicidio en el territorio nacional”.
“No hay ningún estudio científico que establezca que debe sacrificarse preventivamente los derechos de la libertad o de la vida o de la dignidad directamente para prevenir otros derechos, nuestra Constitución Política establece que todos los derechos son iguales y todos estamos obligados a respetar todos los derechos por igual, sin ninguna discriminación o preponderancia”, remarcó Choquehuanca.
En este caso, Reyna era buscada en un principio como víctima de violencia, pero terminó linchada por Del Castillo como presunta feminicida, en el marco de su declaración, que “ha hecho de la vulneración de los derechos humanos parte de su política criminal”.
Choquehuanca remarcó que la Constitución Política del Estado (CPE) establece la igualdad de todos los derechos, los cuales deben ser respetados sin discriminación ni preponderancia. Criticó la postura de Del Castillo de aplicar medidas restrictivas en nombre de la prevención de otros derechos, calificándola de “abusiva”. Enfatizó que restringir derechos como mecanismo de protección de otros derechos, como los de género o de las mujeres, es una acción desproporcionada.
El abogado denunció que el Estado está vulnerando el principio de presunción de inocencia, una garantía básica en un sistema de derecho. “Nadie es culpable hasta que se demuestre su culpabilidad”, recalcó, subrayando que, sin pruebas concretas, cualquier acción que afecte la dignidad y derechos de una persona es injustificada.
Señaló que el Ministerio de Gobierno actúa como un “estado policíaco”, donde las personas son exhibidas ante la opinión pública sin pruebas suficientes, “para sepultarlas en su imagen y su dignidad”.
Choquehuanca explicó que estas prácticas afectan especialmente a las personas más humildes, quienes no pueden costearse una defensa legal adecuada. “Pareciera que hubiera sido de forma correcta lo que hace el ministro, pero no es así, porque estamos en un Estado de derecho”, sentenció.
El diputado Héctor Arce criticó al gobierno de Luis Arce y a sus ministros, asegurando que han vulnerado el debido proceso y los derechos humanos. “Lamentablemente, han violentado y vulnerado de manera flagrante el respeto a los derechos y garantías constitucionales”, señaló a ANF.
Arce mencionó que organismos internacionales prohíben la exhibición de detenidos ante las cámaras, ya que daña su imagen y honorabilidad.
Señaló que la CPE protege la presunción de inocencia, pero denunció que el ministro Del Castillo ignora este principio y pasa por encima de todo.
“Se cree el gran emperador, Dios, monarca y sigue violentando este derecho”, afirmó.
En octubre de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sentenció a Bolivia en el caso Blas Valencia por varios delitos de lesa humanidad cometidos, entre ellos la presentación ante los medios, estando en calidad de investigados. Una resolución defensorial de noviembre de 2024 identificó al Ministerio de Gobierno como una entidad vulneradora del principio de presunción de inocencia con la exposición mediática de detenidos y le instó a que pare este accionar.
Arce aseguró que los abusos de poder y las violaciones a los derechos humanos no quedarán impunes en el futuro, sentenciando que la justicia debe prevalecer sobre estas prácticas autoritarias.
La presunción de inocencia con exposición mediática también fue ampliamente utilizada en el gobierno de Evo Morales con ministros de Gobierno como Sacha Llorenti, Alfredo Rada, Hugo Moldiz, pero sobre todo con Carlos Romero que, junto al entonces coronel de la policía anticrimen, Johnny Aguilera, cada semana presentaba a personas por decenas.
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