La Paz, 6 de enero de 2025 (ANF).- El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) primero destituyó a Marcos Uzquiano del cargo de guardaparque, tres días después abrió un proceso administrativo con un “rosario” de acusaciones. La Defensoría del Pueblo presentó una acción de amparo para proteger sus derechos.
Con fecha 3 de enero de 2025, el Sernap emitió una Resolución de la autoridad sumariante de inicio de proceso administrativo interno Sernap/SUM/N°001/2025, en la que hace una descripción de las supuestas faltas administrativas que Marcos Uzquiano hubiera cometido durante el ejercicio de sus funciones.
La autoridad sumariante del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), en uso específico de sus atribuciones y facultades, resuelve: Artículo primero. - Iniciar proceso administrativo interno en contra del Sr. Marcos Enrique Uzquiano Howard, exjefe de Protección de la Estación Biológica del Beni dependiente del SERNAP”.
Según esa instancia sumariante, Uzquiano presumiblemente ha vulnerado artículos de la Constitución Política del Estado y de la Ley del Estatuto del Funcionario Público.
“Se presume que el Sr. Marcos Enrrique Uzquiano Howard, jefe de Protección de la Estación Biológica del Beni dependiente del SERNAP hubiera acomodado su conducta en falta Administrativa, contraviniendo el Ordenamiento legal Administrativo y la conducta que todo servidor público debe guardar, en cumplimiento de sus funciones (…)”, señala en la parte considerativa.
Asimismo, sostiene que si existieran ilícitos penales tipificados y sancionados por el Código Penal bajo el nomen juris de: incumplimiento de deberes, y considerando que el presente proceso sumario, impide hacer una investigación de los mismos, toda vez que la omisión de supuestos delitos deben ser investigados y desarrollados en un campo más amplio el cual es el derecho penal”, detalla la resolución, abriendo la posibilidad que de existir hechos penales “Tendrán la obligación de denunciar los delitos de acción pública 1.- Los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en el ejercicio de sus funciones...".
Uzquiano en su red social Facebook dijo que es inaudita la “criminalización” de la defensa ambiental en Bolivia. El Sernap me procesa por más de siete presuntas faltas: alertar sobre los incendios forestales en mis redes sociales; por ser presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques; por cuestionar a altas autoridades en entrevistas públicas; por gestionar seguros contra accidentes para los guardaparques; por denunciar la muerte de un jaguar atropellado y desmembrado en instalaciones de la empresa China Shinohydro; por participar de la COP 3 sobre el Acuerdo Regional de Escazú; por reunirme con guardaparques de Pilón Lajas, etc”, dijo el defensor ambiental.
La Defensoría del Pueblo señaló que los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales merecen la protección del Estado, por eso “presentamos una Acción de Amparo ante el #TDJ #LaPaz en resguardo de los #DDHH del ciudadano Marcos Uzquiano. #AcuerdoDeEscazú”, dijo el defensor, Pedro Callisaya.
La anterior semana, la Defensoría no fue atendida por la dirección del Sernap, de esa manera solicitó los pormenores respecto a la desvinculación laboral que realizó de Uzquiano y de otros tres guardaparques, esa institución tiene cinco días para responder, el miércoles se cumple ese plazo.
La Defensoría del Pueblo incluso pidió al Sernap revisar la medida de desvinculación que realizó en contra de los guardaparques.
La senadora Cecilia Requena también solicitó aclaraciones sobre los “despidos irregulares, transparencia en evaluaciones, denuncias, conflictos laborales, impacto institucional, gestión de Jiménez, incumplimientos de acuerdos, designaciones irregulares, coordinación indígena y otros temas clave.”
Su pedido fue dirigido también al Ministerio de Agua y Medio Ambiente como máxima autoridad ejecutiva, el Sernap está bajo la dependencia de este ministerio.
Uzquiano calificó los despido y el suyo en particular como una represalia por su defensa de las áreas protegidas, por sus denuncias contra la minería ilegal, los avasallamientos y el tráfico de fauna silvestre, en declaraciones a la ANF.
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