La Paz, 17 de septiembre de 2024 (ANF).- El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, señaló que su administración tiene toda la predisposición de facilitar el acceso a la educación superior a las mujeres privadas de libertad que por lo general optan por trabajar o se forman en programas de educación técnica alternativa.
“En su mayoría las mujeres toman y adoptan de acuerdo a sus necesidades temas más laborales, pero nosotros tenemos toda la intención como administración penitenciaria de darle los espacios educativos universitarios que requieren”, dijo Limpias ANF.
Un grupo de mujeres privadas de libertad de la cárcel de Miraflores impulsó la firma de un convenio para formación universitaria a distancia con la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM). El documento fue presentado a la Administración Penitenciaria y está en la etapa de revisión para la firma.
“Esta mañana (ayer) hemos estado reunidos en el penal de Miraflores con las privadas de libertad que han estado impulsando este tipo de convenios, estamos en la etapa de ajustes entre la Universidad (Gabriel René Moreno) y la Administración Penitenciaria, de ciertos criterios para cumplir sobre todo con el espacio y todo lo que la universidad vaya a necesitar”, indicó la autoridad.
El director de Relaciones Públicas, Nacionales e Internacionales de la UAGRM, Manfredo Bravo, confirmó que el acuerdo fue a iniciativa de internas de la cárcel de Miraflores, que solicitaron “la implementación de formación universitaria virtual”.
“Todo (el trámite) ha sido vía teléfono y el convenio ya está listo y aprobado por el rector, lo hemos enviado a La Paz para su consideración y firma por las autoridades penitenciarias”, señaló a ANF.
Bravo indicó que ni bien lleguen los datos e información de las autoridades penitenciarias, el convenio se imprime y se firma para su vigencia.
De acuerdo a información de Régimen Penitenciario, hasta octubre de 2023, en las cárceles de Bolivia había 156 personas privadas de libertad, solo varones, cursaban estudios universitarios. La mayor cantidad en Chuquisaca, seguido de Santa cruz y Beni.
Limpias destacó los convenios y el interés que ha logrado la administración penitenciaria con algunas casas de estudio superior como la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), para la formación en Sociología, y el interés de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) para ingresar a impartir clases en las cárceles. Apuntó que en el caso de la Universidad Gabriel René Moreno es iniciar con clases de manera virtual.
Indicó que están viendo el acceso a la educación superior para las mujeres privadas de libertad, pero destacó la importancia de un compromiso, debido a que muchas mujeres “por la necesidad de sus hijos, que no solo están en el penal, adoptan temas laborales más que educativos” como prioridad.
Aun así, dijo, “las personas que necesitan oportunidades y optan por temas educativos, así sea la minoría, también hay que hacer las gestiones necesarias para cumplir con parte de sus derechos a la educación”.
“Entonces estamos abriendo ese tema con todas las universidades, no nos vamos a cerrar, es un tema que lo manejamos por una necesidad de educación superior y universitaria para las privadas de libertad”, dijo.
Para la propuesta virtual de la Universidad Gabriel René Moreno, Limpias indicó que se dotarán de las herramientas necesarias como el acceso a Internet, contar con los equipos necesarios y las aulas “donde se puedan aprovechar las clases virtuales para ofrecer a través de las diferentes universidades”.
De acuerdo al informe Mapa Socio Jurídico de Mujeres Privadas de Libertad 2022 de la Fundación Construir, una de las principales demandas de las mujeres privadas de libertad es la necesidad de contar con carreras universitarias al interior de los recintos carcelarios.
El estudio, que se basó también en la entrevista a 240 mujeres privadas de libertad, evidencia que las terapias ocupacionales al interior de los recintos se concentran en oficios que les generan recursos que es su principal preocupación, sin embargo, tales tareas “perpetúan estereotipos de género y dejan de lado otras ocupaciones que tienen los hombres en prisiones por ejemplo carpintería, electricidad, albañilería”.
Remarca que “el mayor interés de las internas es poder acceder a una carrera universitaria, lo cual debe ser considerado por la administración penitenciaria con el fin de generar mayores posibilidades de reinserción laboral y económica de las mujeres”.
La vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Yolanda Herrera dijo a ANF que en las cárceles existe un trato diferenciado a las mujeres privadas de libertad, pero no positivamente, “sino diferenciado en pocos mecanismos, en pocas políticas internas que viabilicen la posibilidad de que las mujeres que están en situación de cárcel puedan desarrollarse”.
Herrera reconoció a las mujeres reclusas como uno de los sectores más vulnerables, debido a que la administración de los centros penitenciarios, desde el director o directora de los penales y hasta el director nacional de Régimen Penitenciario “no abordan los derechos humanos con enfoque de género, y, por lo tanto, todas las medidas y todas las directrices que tienen van más en consonancia para favorecer a los varones que a las mujeres”.
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