La Paz, 9 de octubre de 2023 (ANF).- Una administración penitenciaria patriarcal enfocada en el castigo viene oprimiendo a las mujeres privadas de libertad bajo un aparente trato diferenciado, respecto a los varones, que no les da la oportunidad de que puedan desarrollarse.
De acuerdo a las denuncias, mujeres privadas de libertad son disuadidas, mediante advertencias y amenazas, por personal penitenciario, para que dejen sus estudios universitarios o no se atrevan a iniciarlos, y quienes lo consiguen deben afrontar un sinnúmero de obstáculos con el propósito de que los abandonen. Las autoridades judiciales tampoco garantizan este derecho y cuestionan el interés de estudiar: “aquí estás para cumplir una condena, no para estudiar”, les dicen, de acuerdo a las versiones recibidas por ANF de parte de privadas de libertad. Por lo general, señalan, las mujeres estamos destinadas a labores de la economía doméstica y formación solo en ese sentido.
“Hay un trato diferenciado, pero no positivamente, sino diferenciado en pocos mecanismos, en pocas políticas internas que viabilicen la posibilidad de que las mujeres que están en situación de cárcel puedan desarrollarse, esa es una realidad”, dijo a ANF Yolanda Herrera, vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.
Herrera reconoció a las mujeres de las cárceles como uno de los sectores más vulnerables, debido a que la administración de los centros penitenciarios, desde el director o directora de los penales y hasta el director nacional de Régimen Penitenciario, “no abordan los derechos humanos con enfoque de género, y, por lo tanto, todas las medidas y todas las directrices que tienen van más en consonancia para favorecer a los varones que a las mujeres”.
“Esto lo hemos podido observar en el Centro Penitenciario de Morros Blancos, que es un centro de rehabilitación, pero que las medidas y las políticas no necesariamente favorecen a las mujeres”, apuntó.
Privadas de libertad de los penales San Sebastián Mujeres y Sacaba en Cochabamba denunciaron el trato discriminatorio y en contra de sus derechos y todos los obstáculos que les pone principalmente el personal de seguridad de los centros cuando quieren estudiar una carrera superior o universitaria. ANF pidió la versión de Régimen Penitenciario, pero desde la unidad de comunicación informaron que el director se encontraba de viaje.
Amenazas de traslado, cobros, maltrato, sabotaje a las clases, invención de pruebas, son algunas de las formas como actúan las funcionarias en contra de las privadas de libertad que deciden estudiar mediante clases virtuales. No hay lugar donde pasar las clases, no hay internet, no hay custodio, no hay equipos, no hay tiempo, son algunos de los argumentos de las funcionarias, según las denunciantes.
“El derecho a la formación, el derecho al crecimiento profesional debería ser favorecido en todos los niveles porque una mujer que avanza en el nivel de información, de formación, de capacitación técnica es una sociedad que avanza, y en ese ámbito a pesar de los delitos que haya cometido y por los cuales esté en el centro penitenciario, debería haber políticas que favorezcan su formación, principalmente”, enfatizó Herrera.
Indicó que la virtualidad es un gran paso y posibilidad para la formación en las cárceles, y que al igual que se están llevando adelante algunas audiencias virtuales, también se podría dar condiciones para que las mujeres puedan acceder a esa formación, “más aún si hay una expectativa y una predisposición a este nivel”.
En una entrevista a un medio local, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, dijo que “a diferencia de los varones, las mujeres en los centros, optan más, si bien tienen dentro del abanico de opciones temas educativos, la opción del tema laboral; muchas veces tenemos ausencias en las aulas de los centros de mujeres porque ellas tienen la necesidad de generar recursos porque tienen una responsabilidad”.
Informe
El informe Mapa Sociojurídico “Mujeres privadas de libertad en Bolivia 2022” de la Fundación Construir establece que el principal interés sobre formación, en opinión de las privadas de libertad entrevistadas, son las carreras universitarias.
“Se puede evidenciar que una de las principales demandas es la necesidad de contar con carreras universitarias al interior de los recintos, aspecto que tiene que ser atendido de manera pronta, tomando en cuenta que en algunas cárceles de varones se puede encontrar este tipo de formación”, se lee en parte de la publicación.
El exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, indicó que el derecho es progresivo, va hacia adelante, y así como el Covid-19 ha permitido que todos tengan la posibilidad de estudiar por Internet e incluso los privados de libertad tengan audiencias virtuales, “eso no se puede perder”.
“Los derechos en la cárcel también son progresivos, es decir, algo que ya se ha logrado hay que seguir desarrollándolo, no podemos perderlo, el derecho es progresivo, en la misma cárcel las conquistas son progresivas, en eso hay que trabajar”, señaló a ANF.
Sin embargo, evidenció que existe una contra ofensiva para acallar los derechos de los privados de libertad, negándoles el derecho a hablar, a expresarse, con la instauración de un ambiente donde impera el miedo y las represalias.
Privados de libertad de la cárcel de San Pedro, en La Paz, y El Abra, en Cochabamba, denunciaron en varias oportunidades las consecuencias que sufren al reclamar por sus derechos. Quienes lo hacen son calificados de instigadores y trasladados a otros recintos, lejos de sus familias, o llevados a secciones de castigo por meses, en franca vulneración de las propias normas penitenciarias.
Herrera remarcó que el derecho a la educación está constitucionalizado, y hay varias normas internacionales que apoyan a lograr el ejercicio de este derecho, sin embargo, en Bolivia sus políticas concretas y su sistema penitenciario “solamente condenatorio constituyen una burla y más aún que se hable de centros de rehabilitación”.
“La rehabilitación también pasa por cubrir aquellas expectativas, necesidades, que no solamente van en el plano económico, sino también van en el plano de la formación”, apuntó.
Indicó que, en lugar de poner trabas al derecho a la educación de las mujeres privadas de libertad, se debería animarlas y acompañar el proceso mediante mecanismos que favorezcan tiempos, horarios, metodologías; “hacer que estas personas que están privadas de libertad, puedan avanzar, pero ocurre al contrario, hacia las mujeres solamente va un enfoque de derechos humanos legalista y no un enfoque de derechos humanos políticos”.
La diputada Betty Yañiquez dijo a ANF que cuando encabezó la Comisión de Derechos Humanos de dicha cámara, en 2022, suscribió un convenio con la CEUB (Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana) para apoyar en cuanto a estudios universitarios a los privados de libertad de los nueve departamentos. A más de un año de la firma no se conocen resultados.
“El tema es voluntad política y una humanización del sistema penitenciario que solo está enfocado a lo sancionatorio, a anular, a generar lamentablemente un efecto multiplicador de odio, de resentimiento y de deterioro, y mientras ese enfoque no cambie en las instancias que toman decisiones, lamentablemente vamos a tener una población penitenciaria cada vez más como una escuela del delito, de generar especialidad en el delito y no de dar condiciones de un mejoramiento educativo”, remarcó Herrera.
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