El gobierno acaba de dictar una medida extremadamente antipopular, aunque tremendamente sensata. Ha suspendido el bono dignidad a un grupo de personas que tienen ingresos probados ya sea por jubilaciones o porque se han dedicado a algún negocio. La medida es sensata, porque el país no tiene dinero y por lo tanto debe dejar de gastar, y pagar bonos es muy oneroso, sobre todo cuando son universales.
Vayamos por parte, el antiguo Bonosol, instituido por Gonzalo Sanches de Lozada hace casi treinta años, (fíjese qué neoliberal), y rebautizado como Bono Dignidad,por los masistas, no es un derecho del ciudadano, tampoco es una dádiva generosa del gobierno de turno, pero es un alivio para las personas de la tercera edad, que puede ser muy bien utilizado, pero que tiene también una gran dosis de demagogia.
No olvido el bochornoso acto en que el ministro Revollo dijo a sus comilitones en una reunión privada, pero que fue gravada y dada a la luz pública, que la libreta para recabar el Bonosol sería rosada, haciendo alusión a los colores del partido de entonces.
El bono sol era un alivio importante, sobre todo para la gente del campo, y para los más pobres entre los pobres, hacerlo universal seguramente tenía una razón práctica, es posible que entonces hubiera sido más caro hacer un sistema que permita identificar con justicia a quiens verdaderamente necesitaban el dinero, y a quienes ese monto no mejoraba en nada su buena situación.
En el último año, el bono dignidad, que había sido elevado a una no despreciable suma de 650 dólares anuales, ha visto en la realidad una disminución de su poder adquisitivo en hasta casi un 50 %, hoy en relación al dólar, la renta dignidad no llega a los 400 dólares. ( calculando el precio real de la moneda de las Américas, como diría Trump).
El decidir dejar de pagar el bendito bono a algunas personas es una medida completamente antipopular, es un disparo en el pie en este año electoral, el que el gobierno lo esté haciendo, pone en evidencia el pésimo estado financiero en el que nos encontramos.
Personalmente creo que sería mucho más sensato y útil, un bono que no sea universal, que sea específicamente para las personas que no tienen ingresos o que los tienen muy menguados. Una sociedad no puede permitirse ancianos mendigando por las calles de sus ciudades.
Creo también, que haber cambiado la edad de la entrega de ese bono, de los 65 a los 60 años, fue aparte de demagogo, muy irresponsable, y no tenía sentido.
Ahora bien, lo que llama la atención en este caso, es que a quienes se ha dejado de entregar el bono Dignidad es a las personas que tienen una actividad económica formal, porque es a partir de la información de la renta, que se sabe que estas personas tienen otro ingreso. Una vez más se está premiando a la informalidad. Se está mandando un claro mensaje de desaliento a la población a formalizarse, se les está sugiriendo que es mejor no hacer ninguna transacción que pueda involucrar el pago de impuestos.
Es obvio que las cosas seguirán igual, muchos ricos seguirán recibiendo el Bono Dignidad, pienso en los dueños de las cooperativas mineras, o los de las fabricas de cocaína, o en los mismos transportistas, que son legión y que siguen trabajando a los 60 años.
Esta medida puede ser también interpretada como un pequeño lapo a la clase media urbana, precisamente esa que paga impuestos, reiter, sin embargo, que no se trata de un derecho, como lo han planteado algunas personas en las redes. Es un bono demagógico, quienes están a favor de manejar el estado con mayor sensatez deberían estar de acuerdo con este recorte, claro que debería ser solo el primer paso.
El autor es operador de turismo
