La Paz, 9 de enero de 2024 (ANF).- Sin atención médica ni psicológica ni resarcimiento, algunas de las víctimas de tortura, violación y conculcación de derechos generalizados por parte del Estado boliviano en el caso Blas Valencia, denunciaron el incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitida el 18 de octubre de 2022.
Las víctimas denunciaron que, a más de un año de la sentencia, no recibieron ningún tipo de asistencia médica especializada, sobre todo los que aún siguen purgando condena, y lo único que pretende el Estado es afiliarlos al Sistema Único de Salud (SUS), un seguro público que no cubre sus necesidades por la gravedad de las consecuencias sufridas a manos de la policía.
La CorteIDH sentenció a Bolivia como Estado violador de Derechos Humanos al haber cometido tortura física, psicológica y sexual en 2001 contra los detenidos por el caso Prosegur; además por ser responsable de la violación a los derechos a la presunción de inocencia y el derecho a la protección de la honra y dignidad; responsable de la violación al derecho a la salud; responsable de la violación al derecho a la vida; entre otros.
Sobre el resarcimiento, las víctimas señalaron que solo les dijeron que será en la presente gestión, pero desde hace meses no tienen ningún contacto con los funcionarios de la Procuraduría.
//Si desea acceder a la información completa, suscríbase a nuestro servicio de noticias…
/ANF/
