La Paz, 15 de marzo del 2024 (ANF). – La “Alianza por los huérfanos de feminicidio en Bolivia” presentó este viernes el anteproyecto de ley de “Protección Integral y Reparación para hijas e hijos huérfanos de Feminicidio” que busca beneficios económicos, educativos y ayuda psicológica para esa población “invisible para el Estado”.
Mercedes Cortez, representante de la Alianza, dijo que la propuesta normativa será presentada ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y espera que esta vez prospere el tratamiento, porque desde el 2019 no fueron escuchados.
“Hemos recabado los aspectos más importantes, pero particularmente hemos construido una propuesta de ley integral para beneficiar a estos niños, con becas económicas, con planes en salud, educación, plan de vivienda, pero con la creación de equipos multidisciplinarios de trabajadoras sociales y psicólogas en cada departamento para que hagan un seguimiento a sus domicilios”, explicó Cortez.
Precisó que esa población “es invisible para el Estado”, porque en cuatro años no fueron escuchados ni tomados en cuenta con las propuestas que presentaron como Alianza. Según datos generales, un estudio de Voces Libres estableció que, en Cochabamba, 22 niños quedan huérfanos por hechos de feminicidio; y a nivel nacional, con datos preliminares de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), habría 1080 huérfanos como consecuencia del mismo delito.
Una familiar de una víctima de feminicidio, que pidió no revelar su identidad, narró lo difícil que es atender a un huérfano porque, por el trauma que pasan, necesitan constante atención psicológica y económica.
“Tenía 10 años cuando ocurrió el hecho, ahora tiene 12. Vivo del día, no hay un trabajo fijo, necesitamos apoyo económico, salud para que un día ellos ingresen a la universidad, tengan un buen futuro”, contó la mujer con lágrimas en los ojos.
Mercedes Cortez indicó que la propuesta de ley fue trabajada, de manera presencial, desde hace más de un mes. Entre las propuestas económicas que se plantea está una beca económica no menor al 20% del salario mínimo y un paquete de alimentos, similar al subsidio otorgado a las madres de familias.
Además, para garantizar su educación, piden el ingreso a las universidades de forma gratuita y becas económicas para que estudien en instituciones privadas, escuelas militares y policiales. También un plan de vivienda y, lo más importante, atención psicológica móvil.
De no prosperar en su tratamiento, anunciaron una denuncia penal contra el Estado boliviano y no descartaron movilizaciones.
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