La Paz, 15 de marzo (ANF).- Hace unas semanas la organización defensora de los derechos humanos Front Line Defenders dio a conocer en su último Análisis Global de 2020 que se registraron 331 homicidios de líderes defensores de derechos humanos (medio ambiente y pueblos indígenas) y recientemente en Bolivia se difundieron denuncias desde colectivos e instituciones sobre “persecución” y “acoso” a defensores, lo que nuevamente pone en debate el riesgo que este sector carga por su labor.
“La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígena Originario Campesino y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) denuncia ante la opinión pública y organismos internacionales que desde las esferas de gobiernos y sus grupos afines están haciendo circular pasquines amenazantes con información tendenciosa en una práctica der acoso y persecución a indígenas y campesinos defensores y defensoras organizados en la Contiocap”, detalla un comunicado reciente desde esta entidad.
Una de estas personas afectadas y nombradas en esas publicaciones que circularon en redes es la lideresa indígena Ruth Alipaz de la Contiocap, que en entrevista con ANF manifiesta del permanente riesgo por el que atraveisan los defensores medioambientales y de pueblos indígenas en el país.
“Esto nos pone en riesgo de ser violentados desde nuestras mismas comunidades, organizaciones sociales e indígenas cooptadas y afines al gobierno, que cumplen con la función de descalificarnos, desacreditarnos, y ante la falta de argumentos para imponerse, el gobierno utiliza sus redes y poder estatal”, afirma Alipaz.
ANF: ¿Qué labor específica realizan los defensores de áreas protegidas y pueblos indígenas?
RA: Somos personas que formamos parte de organizaciones orgánicas como el caso de la nueva sub central del TIPNIS, o el caso de la subcentral Tariquia, el caso el Valle del Tucabaca, la Nación Qhara Qhara, o que somos miembros de organizaciones de base como es el caso de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni Tuichi y Quiquibey, quienes defendemos nuestros territorios que están sobre puestas con la Reserva de Pilón Lajas, y el Parque Nacional Madidi.
Somos personas individuales o colectivas que defendemos el derecho a un medio ambiente saludable que nos proporcionan las áreas protegidas, defendemos las fuentes de agua que se preservan en las áreas protegidas, los suelos que garantizan nuestra soberanía alimentaria, plantas medicinales, saberes y conocimientos ancestrales que protegen las áreas protegidas que son un bien y patrimonio común fundamentales para la existencia de cualquier forma de vida, incluida la nuestra como humanos.
En definitiva nuestro rol de defensoras y defensores es fundamental para la permanencia de esas condiciones de vida saludables que nos generan las áreas protegidas, a quienes hoy vivimos y a quienes lo necesitaran para vivir mañana.
ANF: ¿Hay articulaciones entre ustedes, por regiones e instituciones?
RA: De hecho la Contiocap es más que una articulación a nivel nacional con presencia en las 4 macro regiones en Bolivia (Valles, Chaco, Amazonia y Altiplano). Somos la unidad de pueblos indígenas originarios campesinos defensoras y defensores de derechos indígenas, territorios, y áreas protegidas en Bolivia. De igual forma como Contiocap estamos articulados con organizaciones de la sociedad civil, plataformas, colectivos, académicos, investigadores, científicos que generan información científica y técnica sobre el valor de las áreas protegidas, y las amenazas que se ciernen sobre las 22 áreas protegidas en Bolivia. Tales como normas que desde el gobierno van dictando para permitir su destrucción y el avance del extractivismo en áreas núcleo de las APs (Áreas Protegidas), con reservas mineras e hidrocaburíferas dentro de las áreas intangibles.
ANF: ¿Cuáles han sido los principales retos en este año de su labor como defensores?
RA: Sin duda alguna durante 2020 la pandemia que ha anulado toda posibilidad de protección que los pueblos indígenas realizábamos, a través de nuestras actividades sostenibles como el turismo sustentable, o de protección de la flora y fauna que realizábamos. La incapacidad de movilizarnos desde nuestro confinamiento en nuestras comunidades. Ausencia total de funcionarios del SERNAP en gran mayoría de las APs.
La crisis económica consecuencia de la pandemia, generó presión para la caza y pesca indiscriminada, la tala ilegal de árboles, la intensificación de las actividades extractivistas como la minería, exploraciones petroleras como en Aguaragüe, ampliación del desmonte para el agronegocio, plan de colonización total del TIPNIS. Intereses políticos y económicos desde el gobierno central y autoridades de gobierno en la desaparición de las áreas protegidas, sistemática y estructural desde el inicio mismo del gobierno de Evo Morales, de Jeanine Añes y actualmente Luis Arce Catacora, con emisión de decretos supremos que autorizan desmonte y quema de bosques protegidos, el narcotráfico, desinstitucionalización total de las instancias públicas de protección de las APs como el SERNAP, la falta de recursos económicos por la crisis económica a todo nivel para asumir la defensa. Pero que aun así hemos continuado denunciando estas actividades ilegales en las áreas protegidas y territorios indígenas.
ANF: ¿Qué tipo de amenazas y riesgo tuvieron que atravesar en este tiempo y desde qué personas o entidades de poder?
RA: Las amenazas siempre proceden de las instancias públicas, de altas autoridades de gobierno y de sus grupos afines, que ante denuncias de destrucción de la institucionalidad de las áreas protegidas intimidan a través de personas, y desde esferas de gobierno para acallar las denuncias. Asimismo, las empresas que operan en nuestras áreas protegidas y territorios se creen dueños y señores dentro de nuestros territorios como las empresas mineras chinas, colombianas, que ya no permiten siquiera el libre tránsito de nuestros pueblos por sus ríos. También de funcionarios públicos de empresas o instituciones como ENDE, SERNAP, YPFB, ABT, INRA, SIN, etc.
ANF: ¿Se sienten inseguros por estas amenazas y persecución?
RA: Defender derechos indígenas, derechos humanos, derechos la naturaleza, es enfrentarse contra intereses de grandes poderes económicos transnacionales, nacionales y del gobierno mismo, que tienen puestos sus intereses en expoliar los recursos de las áreas protegidas y de nuestros territorios. Esto nos expone a ser blanco de ataques, y a ser señalados como los malos o delincuentes que nos oponemos al “desarrollo”.
Nos pone en riesgo de ser violentados desde nuestras mismas comunidades, organizaciones sociales e indígenas cooptadas y afines al gobierno, que cumplen con la función de descalificarnos, desacreditarnos, y ante la falta de argumentos para imponerse, el gobierno utiliza sus redes y poder estatal, y espacios públicos para atacar a los defensores, que sí nos hace sentir inseguros para realizar nuestra labor de defensa de derechos, y nos pone en riesgo a todo nivel y ámbito.
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