Martha Vargas, líder indígena anuncia la acción popular. Foto. Captura
La Paz, 15 de julio (ANF).- Pueblos indígenas, activistas y expertos de Bolivia presentaron una acción popular, a la sala constitucional primera (1) del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, para suspender los decretos que avalan la evaluación del uso de semillas genéticamente modificadas.
“Dicha Acción Popular demuestra la necesidad de suspender la ejecución y aprobación del DS 4232/20 y su modificación establecida en el DS 4238/20, por amenazar el derecho a la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, a la consulta previa, a la territorialidad, el territorio y al hábitat de los pueblos indígenas, y en particular al patrimonio genético y cultural sobre las semillas nativas, la biodiversidad y el medio ambiente sano, en su doble dimensión: como sujeto de derechos y por las funciones que cumplen respecto del resto de los seres vivos y la salubridad pública, poniendo en riesgo potencial su libre goce y ejercicio”, manifiesta el grupo de firmantes de esta acción popular que conforman la denominada “Asamblea por los bosques y la vida”.
El pasado 7 de mayo el gobierno de Áñez aprobó el decreto 4232 que abrevia la evaluación del Comité Nacional de Bioseguridad para el uso de semillas transgénicas de algodón, soya, caña, maíz y trigo en Bolivia. Esto generó rechazo en diferentes sectores y apoyo del empresariado, fundamentalmente ligado a monocultivo de soya en el oriente.
Tras esta ola de cuestionamientos, días después la Presidenta otorgó 40 días más de plazo para aprobar dichos procedimientos abreviados a través de un nuevo Decreto, el 4238. Pero las demandas para evitar el uso de estas semillas continuaron y hoy se traducen en esta acción popular.
“El propósito de esas acción popular es precautelar los derechos colectivos. Estos dos decretos son atentatorios a conservar el medio ambiente y patrimonio genético”, dijo por su parte el director del Cejis, Miguel Vargas.
Para las y los demandantes, representa una grave amenaza la autorización excepcional al Comité Nacional de Bioseguridad para establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa.
“Esta acción tiene como fundamental objetivo hacer que las autoridades constitucionales vele y proteja nuestro derecho a vivir en un ambiente sano, a preservar nuestra biodiversidad y salud humana”, dijo Manuel Morales de la Conade, en conferencia de prensa.
El artículo 68 del Código Procesal Constitucional, señala que “La Acción Popular tiene por objeto garantizar los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, espacio, seguridad y salubridad pública, medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por la Constitución Política del Estado, cuando ellos por acto u omisión de las autoridades o personas naturales o jurídicas son violados o amenazados”.
“Esto nos afecta, porque viola la Constitución y afecta a nuestras semillas nativas, además no hemos sido consultado y hemos sentido esto como un ataque a nuestros derechos y por eso presentamos esta acción popular”, dijo por su parte la lideresa indígena, Martha Vargas.
En dicha Acción Popular se detallan las amenazas que conlleva el DS 4232., que serían:
1. Amenaza directa al Patrimonio Genético, Cultural y Natural de Bolivia que son sus semillas nativas y en especial al Maíz Nativo. “En Bolivia el maíz es un cultivo nativo milenario (Vargas 2014), existiendo más de 77 variedades” (Serratos 2009).
2. Amenaza a la Madre Tierra y Biodiversidad.
Los transgénicos u organismos genéticamente modificados (OGM) amenazan la biodiversidad y el medio ambiente, como componentes de la Madre Tierra, y por tanto sujetos de derechos en aplicación del artículo 33 de la CPE y la Ley de los derechos de la Madre Tierra Nro. 071/10 y la Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien Nro. 300/12, así como la función de brindar servicios socioambientales respecto de los seres humanos y otros seres vivos.
3. Afectación a los componentes de la biodiversidad y fauna nativa
Los cultivos genéticamente modificados (OGM) por lo general vienen acompañados de peligrosos y potentes agroquímicos a los cuales son resistentes, el más conocido es el glifosato, que es un herbicida que elimina todas las plantas y amenaza otras formas de vida en los espacios en donde es aplicado, menos al cultivo transgénico que tiene una modificación genética para resistir a este compuesto. El herbicida glifosato y sus derivados suelen permanecer en el suelo, los sedimentos y en el agua hasta por 315 días (Annett et al. 2014), incluso se encontraron considerables concentraciones de estos compuestos en la lluvia (Villamar-Ayala et al. 2019) por lo que puede convertirse en parte del ciclo hidrológico.
4. Afectación a los bosques y los suelos
En Bolivia se arrasaron 5,1 millones de hectáreas entre 1990 y 2016. El departamento más deforestado es Santa Cruz, donde están concentradas las empresas agroindustriales (Acción por la Biodiversidad 2020). La producción agroindustrial tiene un promedio de deforestación de 1.500 ha/productor (PNUD 2008), la más alta del país, habiendo llegado, en Santa Cruz al límite de las tierras clase I para uso intensivo en agricultura, poniendo en riesgo tierras con poca capacidad productiva y en la mira las tierras del departamento de Beni (Urioste 2011).
5. Amenazas a la Salud Humana
El glifosato en 2015 fue clasificado como “probable cancerígeno para los humanos” por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), tras a una minuciosa revisión de los estudios científicos disponibles. Éstos demostraron que el glifosato y los herbicidas a base de glifosato (GBH) causan daños importantes a la salud humana. Uno de los estudios con resultados más contundentes, tras comparar células de niños de una comunidad rodeada de cultivos de soya transgénica expuestos a agrotóxicos con niños de una comunidad rodeada de cultivos familiares con control biológico de plagas en el Paraguay, encontraron mayor efecto genotóxico (en el DNA) y citotóxico (daño celular) en niños expuestos a agrotóxicos en comparación con niños no expuestos (Leite et al. 2019).
Finalmente los pueblos indígenas y sociedad civil demandante, exigen se admita la presente Acción Popular, se digne en fijar fecha de audiencia pública, y se suspenda todo acto de aplicación de los D.S. 4232/20 y 4238/20, en función al principio precautorio y al deber de la debida diligencia contenidos en la OC 23/17 emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo invitan a la población boliviana a sumarse a la Acción Popular, ejercer el derecho de control ciudadano y luchar para lograr juntos la abrogación del D.S. 4232, porque con nuestra vida, nuestra salud, nuestras soberanía alimentaria y nuestro Patrimonio Natural no se juega.
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