La Paz, 12 de junio de 2023 (ANF).- Las leyes se incumplen en Bolivia y una de ellas tiene que ver con el resarcimiento a las víctimas del sistema de justicia. Son cientos las personas que cada día reclaman justicia por un encarcelamiento indebido e inmersos en procesos largos mediante acusaciones sin fundamentos, habitual en el nivel fiscal, según las denuncias de juristas y activistas de derechos humanos.
Las víctimas luego de meses y años de encarcelamiento por el abuso judicial no pueden reclamar una indemnización debido a las trabas que siembra el mismo sistema de justicia y sus operadores, que mediante resoluciones se blindan para evitar cualquier denuncia y el pago económico y social por el daño causado.
“Lastimosamente no se aplica el resarcimiento porque siempre encuentran una justificación de duda razonable para mantener detenida a una persona y cuando ésta queda en libertad tienen los miles de argumentos para justificar que su actuación ha sido en el marco de la investigación, y penosamente hay una impunidad en este nivel de actuación”, dijo a ANF la vicepresidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera.
Los ejemplos sobran y uno de los casos más emblemáticos es el del médico Jhiery Fernández que fue acusado de violación, pero pese a que se descubrió que todo era una falacia sostenida por el Ministerio Público, hasta la fecha, a pesar de todas las pruebas a su favor, no puede sanear su situación jurídica, mientras que los fiscales y jueces responsables por esta situación vienen siendo liberados de culpa por sus mismos colegas que son los que juzgan.
“Lamentablemente desde los operadores de justicia se cuidan las espaldas de una manera que para ellos la ley es interpretativa, no es taxativa, y en ese sentido siempre van a estar protegidos ante actuaciones abusivas que tienen contra la población”, remarcó Herrera.
El abogado penalista Franz Bustos señaló que toda persona que ha sido injustamente detenida tiene el derecho a una indemnización, pero en los hechos es imposible de acceder debido a la pesada burocracia judicial que inclusive en medio de este proceso, que es un derecho, “quiere parte del pastel”.
“A ver intenten hacer cumplir ese derecho a la reparación, van a envejecer en el camino y tal vez ni de anciano les van a pagar, porque le ponen una pesada burocracia, y sobre eso se añade que todos (los funcionarios judiciales) quieren en el camino su pedazo de pastel, su mordida, todos dicen ‘si va a recibir plata tiene que dejar alguito’”, señaló a ANF.
Para Bustos, en Bolivia los que manejan el aparato del Estado no les da la gana de cumplir con el resarcimiento, “optan por no pagar, ponerle mil obstáculos y lo mismo pasa en muchas situaciones, tantas sentencias constitucionales que salen disponiendo que el Estado indemnice y no lo hacen”.
Y ahí está el caso de la exasambleísta Rebeca Delgado, dijo Bustos, que pese a tener a favor un fallo de indemnización del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que el Estado boliviano repare por la vulneración de sus derechos, “hasta el día de hoy no les da la gana de pagar”.
“En Bolivia no se cumple la ley lastimosamente, ese es el fondo, y cada régimen está en competencia sobre cuál es más ratero que el anterior, en estas circunstancias todas las personas que sufren detenciones ilegales, indebidas o injustas o que han sido declaradas inocentes, se quedan así, se aguantan, el Código Penal se refiere a estos aspectos, pero no cumplen la ley", remarcó.
Herrera indicó que son muy pocas las personas que se ponen al frente a sostener una demanda contra estos malos funcionarios o finalmente contra el Estado para lograr una restitución. Dijo que la persona que queda en libertad lo que busca es olvidar todo ese trayecto y “muy pocas veces queda con la fortaleza de decir ‘quiero que haya una restauración, un resarcimiento de los daños, por lo menos económico’, porque lo psicológico, lo emocional es imposible de restituir”.
“Así que penosamente hay que reconocer que estamos en manos de algunos malos operadores de justicia en todos los niveles y que toda la actuación que se hace en contra de una persona que puede ser inocente, no tiene restitución inmediata ni a corto plazo”.
Bustos enfatizó que la justicia funciona sostenida por un “sistema podrido” que genera mecanismos de “blindaje” entre los autores de los delitos e irregularidades, con una estructura parecida al de los cárteles del crimen organizado, en el que “todos los involucrados mutuamente se deben lealtad y al que se desmarca lo hunden, los arrinconan, lo condenan, lo aíslan o por último lo encarcelan o matan”.
Dio como ejemplo casos en que los operadores de justicia se encubren y protegen frente a un fallo judicial de último ratio. Indicó que si en un caso la persona es condenada en primera y segunda instancia y en la casación la Corte Suprema lo libera, si la víctima quiere hacer el reclamo ante los autores, el sistema le dice: “‘en Sucre no le han dicho resarcimiento civil ni separación del daño ocasionado, solo han ordenado su libertad’, entonces en la forma que hacen sus resoluciones se blindan”.
En otros casos “más asquerosos”, dijo Bustos, un juez puede condenar a cárcel y cuando le reclaman, dice: “‘podría apelar, por qué me está haciendo juicio por prevaricato si podía todavía apelar y revertir ese caso’, y como ellos acatan ese criterio chueco y torcido sale ileso, son mecanismos podridos del sistema".
Para Bustos, la única forma de solucionar la crisis de la justicia es con una “sublevación popular que arrase con todo el sistema judicial y sus funcionarios corruptos” y no con reformas o cambio de funcionarios.
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