Marcha en Santa Cruz. Foto: J. Echeverría
La Paz, 20 de julio (ANF).- Activistas de organizaciones sociales y de mujeres iniciarán una cruzada contra la corrupción judicial y en defensa de las víctimas de violencia en Santa Cruz, anunció este lunes la representante de la Asamblea de Permanente Derechos Humanos, María Inés Galviz.
Por iniciativa de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la Casa de la Mujer, el Colectivo Rebeldía y la Plataforma de Mujer, este 24 de julio se delinearán los alcances de la campaña que se inició con una marcha de protesta por el incremento de la violencia hacia las mujeres y contra la corrupción judicial.
La marcha del pasado 17 de julio partió de la plaza 24 de septiembre y culminó en puertas del Palacio de Justicia “denunciando con nombre y apellido la corrupción de los administradores de justicia”, explicó Galviz en declaraciones a ANF.
Varios hechos de violencia conmocionaron a la opinión pública cruceña en las últimas semanas y, en la mayoría de los casos se tuvo que organizar acciones de vigilancia ciudadana para impedir que los mismos queden en la impunidad. Los casos más emblemáticos son los de Renné Gurley en el que la movilización ciudadana logró que un Tribunal de Vallegrande dicte sentencia condenatoria contra sus violadores y, el de Veruska, una joven violada por dos individuos en estado de inconsciencia que tuvo que iniciar una cruzada para evitar que los responsables de la vejación sean puestos en libertad.
En los últimos días, se activó una nueva campaña a través de las redes sociales denunciando a la jueza Dayana Vaca, que denegó en sentencia los derechos en unión libre de Alina Alpire. La afectada denunció que los administradores de justicia fueron sobornados para emitir un fallo en su contra. La alerta pública logró que la jueza de Familia, Angélica Paniagua acepte una apelación para revisar el caso en la Sala Civil Segunda de Santa Cruz.
La representante de la Asamblea de Derechos Humanos de Santa Cruz, aseguró a ANF que el caso de Alina Alpire no es el único y que su oficina está procesando “varias denuncias que ponen en evidencia la corrupción de jueces y fiscales” y recordó que oportunamente su oficina denunció que familiares de algunos jueces gestionan procesos y extorsionan a las víctimas que acuden a los tribunales en busca de justicia.
También dijo que existe preocupación por los casos de trata y tráfico con fines de explotación sexual puesto que la policía no ha mostrado capacidad para activar la acción de búsqueda inmediata y las estadísticas muestran que menos del 10 por ciento de los procesos por este delito terminan en sentencia.
Galviz dijo que la violencia “no sólo se da en los ámbitos familiar, comunitario, educativo, de salud, laboral y comunicacional, sino también en los estrados judiciales, por lo que es urgente la organización de la ciudadanía”.
“Estamos ante una situación de violencia jurídica y es imposible imaginar que se haga justicia con jueces y fiscales corruptos, la gente más pobre no tiene como defenderse”, dijo.
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