La Paz, 18 de enero de 2025 (ANF).- De acuerdo a representantes de diferentes organizaciones consideran que el actual gobierno de Movimiento Al Socialismo (MAS), a la cabeza de Luis Arce no prioriza la lucha con la violencia hacia la mujer y se ve reflejado en la reducción de los recursos en un 70% para enfrentar este flagelo de la sociedad, en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.
“El gobierno está atentando contra el artículo 3 de la ley 348 que plantea que la lucha contra la violencia es una prioridad nacional a pesar de que algunas instancias hacen esfuerzos. Lamentablemente se queda en un slogan la prioridad que se dice tener y nos alarma que se haya reducido en un 70% la asignación de recursos en el PGE”, expresó Tania Sánchez directora de la coordinadora de la Mujer en entrevista con la ANF.
Según Sánchez, se pone en riesgo los servicios legales integrales para las víctimas de violencia e incidirá negativamente en la implementación de las políticas públicas para erradicarla, lo que pone en mayor vulnerabilidad el derecho de las mujeres a vivir una vida digna.
“Se pone el riesgo la sostenibilidad de los servicios legales integrales, la contratación permanente del personal, si tenían tres profesionales es probable que ahora solo tengan uno; también dentro de la FELCV (Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia) y el IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses) es probable que bajen sus presupuestos para insumos y equipos, recordemos que algunas de las víctimas de violencia incluso tenían que pagar la gasolina de las patrullas para ser atendidos sus casos”, señaló.
Por otra parte, desde Alerta 348, que reúne a más de 200 organizaciones de mujeres, colectivas y ONG de todo el país, manifestaron su profunda preocupación y rechazo ante la alarmante reducción del presupuesto destinado a la prevención, atención y sanción de la violencia ejercida contra las mujeres.
Al respecto, según información brindada por el Comité de Derechos de Género de la Cámara de Diputados, la reducción de la asignación de recursos, en este ámbito, ha descendido de 2,34% en la gestión 2023 a 1,45% en 2024, y ahora a tan solo 0,35% para la gestión 2025.
Recuerdan a las autoridades y a la sociedad en su conjunto, que los datos sobre violencia de género en el país revelan una realidad “alarmante”.
Bolivia comenzó el año 2025 con un panorama sombrío, hasta el momento se registran tres feminicidios: el primero en San Julián de Santa Cruz, el segundo en la ciudad de La Pazy el tercero en Palmasola en Santa Cruz. El año 2024 cerró con un total de 84 feminicidios, según datos oficiales del Ministerio Público.
Asimismo, en el anterior año la Fiscalía General atendió a nivel nacional 50.325 casos de delitos relacionados a la Ley N°348, siendo el departamento de Santa Cruz el de mayor incidencia con 17.388 casos en total, seguido de La Paz con 12.395, Cochabamba 7.823, Tarija 3.427, Potosí 3.009, Chuquisaca 2.646, Beni 1.715, Oruro 1.373 y Pando 549 casos.
De acuerdo a los datos centralizados por la dirección de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil del total de casos de delitos inmersos en la Ley 348, 37.601 corresponden al delito de Violencia Familiar o Doméstica, 3.737 a Abuso Sexual, 3.140 Violación, 2.696 Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, 1.864 Estupro y 1.287 otros delitos.
Por eso, estas organizaciones exigen al Estado asumir su obligación de garantizar la prevención, el acceso a la justicia y la protección de las mujeres, en concordancia con lo previsto en la Constitución Política del Estado, los estándares internacionales y por tanto con el bloque de Constitucionalidad.
Denuncian que las consecuencias y efectos de esta reducción serán “devastadoras”, esto afectará inevitablemente a la atención idónea a las víctimas de violencia (que en el presente todavía tiene limitaciones estructurales), en los servicios y/o medidas de protección como los refugios temporales entre otros no menos importantes deja a muchas mujeres expuestas a mayores riesgos de violencia, lo que contraviene el derecho de las mujeres a recibir protección efectiva y asistencia integral.
/ERA
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