La Paz, 9 de diciembre de 2024 (ANF).- La falta de control efectivo por parte del Estado sobre los explosivos legales, como la dinamita e implementos, está generando un lucrativo mercado negro que no solo abastece a actores nacionales no autorizados, sino también a organizaciones criminales en el extranjero. Así lo advirtió el coronel Jorge Santistevan, miembro del servicio pasivo del Ejército y analista en seguridad y defensa, quien resaltó las falencias en los mecanismos de supervisión de estos materiales.
“El uso de explosivos está bajo el control del Ministerio de Defensa, un departamento de logística tiene prácticamente un manejo muy exclusivo de la comercialización, manipulación y uso, incluso control, integrado con las armas de fuego”, explicó Santistevan, enfatizando la responsabilidad directa del Gobierno en el manejo inicial de estos insumos.
Según el analista, el ingreso de explosivos al país ocurre con autorización estricta del Ministerio de Defensa, respaldado por un protocolo que justifica su uso en actividades como la minería y la construcción de infraestructura. “El propio Ministerio otorga a la empresa desde la frontera hacia el interior del país una especie de protección y seguridad mediante las Fuerzas Armadas”, señaló.
Sin embargo, Santistevan destacó que el control estatal se diluye en el punto de destino final. “Ese mecanismo hasta cierto punto es efectivo, pero el problema está en el punto de llegada. Desde ahí, ya se pierde el control”, advirtió. Según él, las empresas que solicitan el material a las distribuidoras, terminan manejándolo con poca o ninguna supervisión.
El coronel enfatizó que gran parte de los explosivos ingresan de manera legal al país, pero dentro del territorio son objeto de recomercialización. “Corre por debajo el mercado negro, donde se pone en reventa ese material”, indicó. En este contexto, sectores mineros y sindicalizados son los principales usuarios no regulados.
“Normalmente, la fuerza de seguridad no hace ese seguimiento; solamente ya ven el empleo en sí en movimientos sociales, en manifestaciones, en la minería ilegal y en una serie de reclamos públicos”, lamentó Santistevan. Esta falta de control convierte el tráfico de explosivos en “un negocio redondo que sale del control del Estado”.
Otro aspecto alarmante señalado por el analista es la salida ilegal de explosivos hacia países vecinos. “Este material también pasa por nuestro territorio y llega a otros estados que lo requieren, particularmente organizaciones criminales. Es como el mercado negro de armas y municiones: existe una demanda establecida”, afirmó.
El reportaje Dinamita ilegal: las rutas del mercado negro de explosivos mineros en Perú, da cuenta de cómo los explosivos llegan a Bolivia de forma legal y salen del mismo como contrabando o se comercializan en el mismo país en los mercados negros. Marcas como Fanexa y Famesa (Carmar) son las más conocidas.
Santistevan responsabilizó al débil control interno y la normativa insuficiente, señalando que la Ley 400, que regula el uso de armas de fuego y explosivos, queda como último nivel de control, pero solo en la portación. “Nadie controla ni administra cuánto emplean en munición o explosivos los sectores mineros sindicalizados”, agregó.
La situación no solo representa una amenaza para la seguridad interna, sino también para la estabilidad regional. Según el experto, el problema radica en la incapacidad del Estado para vigilar el flujo de estos materiales una vez que ingresan al país o se distribuyen internamente.
“El Estado tiene que asumir un rol más activo en la fiscalización, desde el punto de llegada hasta el uso final de estos explosivos”, subrayó Santistevan. Sin embargo, la solución no solo implica un fortalecimiento normativo, sino también un compromiso operativo por parte de las fuerzas de seguridad y los ministerios responsables.
Para Santistevan, es urgente rediseñar los mecanismos de control y supervisión, no solo para proteger el uso legítimo de estos materiales, sino para frenar su tráfico ilícito y su impacto en la seguridad regional.
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