La Paz, 14 de mayo de 2024 (ANF). - El anteproyecto de ley ‘Lo ajeno no se toca’ que presentó el Gobierno la semana pasada, busca que Bolivia se convierta en el país más seguro de toda la región, afirmó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo; mientras que el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, admitió que ocasionará el incremento de los reclusos en los centros penitenciarios.
“Vamos a poder ir sacando uno a uno a estos delincuentes de nuestras calles, de nuestros barrios, para que Bolivia pase de ser el tercer país más seguro de la región a ocupar el primer puesto”, afirmó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.
Por su parte, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, admitió que inicialmente se incrementará la población privada de libertad en las cárceles del país, posteriormente se reducirá que se incurra en esos ilícitos.
“Tiene un enfoque disuasivo porque si bien la proyección es que en un principio si se incremente las personas privadas de libertad, pero además con sentencia en nuestro país, paulatinamente en su aplicabilidad y viendo los resultados positivos de esta se van a empezar a realizar menos estos delitos”, afirmó a Correo del Sur radio.
La semana pasada, se presentó el proyecto de ley Lo ajeno no se toca que prevé la incorporación de un nuevo tipo penal de “apoderamiento flagrante de cosa ajena” y la aplicación de un procedimiento sumarísimo, que permita emitir una sentencia de siete años de cárcel sin derecho a indulto en 24 horas.
Según un reporte de Régimen Penitenciario, el hacinamiento carcelario se incrementó en un 50,6% entre 2019 a 2023. De 18.208 privados de libertad en ese año se alcanzó a tener 28.838 hasta finales de la pasada gestión.
La propuesta normativa fue cuestionada porque vulnera el debido proceso y la presunción de inocencia que se encuentran inscritos en la Constitución Política del Estado (CPE). Además, el abogado especialista en derechos humanos franco Albarracín consideró que es el retorno al “sistema inquisidor”.
A la vez, plantea la creación de la “unidad de inteligencia antirrobo” que dependerá de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) encargada de la recolección, análisis y gestión de información para decisiones estratégicas en seguridad y defensa. Según Del Castillo, esos efectivos estarán infiltrados las 24 horas en los centros de abasto o donde exista mayor índice de inseguridad.
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