La Paz, 10 de diciembre (ANF).- En ocasión de conmemorar el Día internacional de los Derechos Humanos, este 10 de diciembre, las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los Derechos Humanos de Bolivia destacaron que el Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas recibió su Informe Alternativo en Ginebra, Suiza, el 23 de noviembre.
La Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de la Sociedad Civil de Bolivia, conformada por 11 instituciones que representan un total de 47 organizaciones de todo el país, presentó ante el CAT un Informe Alternativo respecto a la situación de los Derechos Humanos en Bolivia, en el que, entre otros temas, planteó que el país requiere una ley integral contra la tortura, ya que carece del mismo.
Para la representación y presentación de su Informe Alternativo ante el CAT, en Ginebra, la Coalición delegó a Emma Bolshia Bravo y André Gautier, miembros del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI) de Bolivia.
El informe se elaboró luego de una evaluación al cumplimiento de las recomendaciones del CAT para Bolivia, luego del anterior examen realizado en febrero de 2019, cuando el Estado presentó su informe periódico.
El CAT monitorea el cumplimiento de las obligaciones de los Estados Partes de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El Estado Plurinacional de Bolivia es parte de esta convención desde 1999.
Posterior a la recepción del Informe Alternativo de la Coalición, el pasado 23 de noviembre, el CAT realizó su sesión número 72 donde revisó el informe del Estado boliviano, los días 25 y 26 de este mes.
El Informe Alternativo presentado da cuenta de que Bolivia tiene una Constitución Política que establece un importante marco de protección frente a la tortura. Pero que, actualmente carece de iniciativas legislativas dirigidas a establecer un tipo penal de tortura que se ajuste al artículo 1 de la Convención contra la Tortura: “Se entenderá por el término ‘tortura’ todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.
Por ello la Coalición planteó la recomendación de que Bolivia debe “adoptar una ley integral contra la tortura con todos los elementos de la Convención, acompañada de una formación e información debida”.
En el Informe Alternativo de la Coalición ante el CAT, del 23 de noviembre, se informó también que existe en Bolivia una ausencia de garantías procesales, detenciones arbitrarias e ilegales. “La persona detenida no cuenta con la garantía de acceso a un abogado, menos de defensa pública formado en Derechos Humanos”.
Que el ciudadano boliviano está expuesto a situaciones de incomunicación al momento de la detención y es privado de su libertad “en celdas infrahumanas”. Además, que parte del “sistema represivo” son las detenciones preventivas de forma desmedida, que llegan a 65,41%, en tanto que el hacinamiento en las cárceles es de 264%.
“La justicia boliviana no documenta, investiga y procesa cuando una víctima presenta denuncias de tortura. El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), subordinado al Ministerio Público, no cumple con sus funciones. Bolivia ha ratificado la Convención, pero las víctimas de tortura nunca se han beneficiado de medidas de reparación por parte del Estado”, señala el informe de la Coalición presentada al CAT.
Por los puntos mencionados, las organizaciones plantearon la recomendación para el Estado boliviano de que debe “garantizar que toda denuncia de tortura sea investigada de forma exhaustiva, sancionada y reparada de forma integral para poner fin a la impunidad. Para los casos de obstrucción policial-judicial, se debe crear una comisión civil y política dependiente de la Defensoría del Pueblo”.
También se recomendó “crear una Fiscalía especializada en materia de Derechos Humanos; garantizar la independencia investigativa al IDIF y crear una sección especializada en la defensa pública para víctimas de tortura y otros malos tratos”.
El Informe Alternativo señala también que, a la fecha, las Fuerzas Armadas no armonizaron su Ley Orgánica con la Constitución para abordar cuestiones de discriminación y otras violaciones de derechos humanos dentro de la institución castrense, “como la tortura, los malos tratos, el racismo y la desigualdad de derechos”.
En este caso, se recomendó que el Estado boliviano debe “asegurar la adecuación de la Ley Orgánica de las FFAA a la Constitución”.
En cuanto a la violencia contra las mujeres, se informó que existe una prevalencia de la violencia doméstica e impunidad en Bolivia, donde 75% de las mujeres son víctimas de algún tipo de violencia por parte de su pareja. El dato alarmante de que en promedio se produce un feminicidio cada tres días y medio y que en algunos casos existe una denuncia previa.
“La violencia familiar o doméstica es el delito más recurrente en el país. Se tiene una limitada cobertura de los servicios de atención, en especial en el área rural, no cuentan con los recursos humanos y materiales suficientes. Muchas denuncias no son investigadas con la debida diligencia, concluyendo con rechazos y sobreseimientos por tanto quedan en la impunidad”, se informó.
En este caso se recomendó incrementar los recursos humanos y financieros de las instituciones del Estado encargadas de combatir la violencia contra las mujeres, tanto en prevención como de acceso a la justicia y cumplir con la investigación de todas las denuncias con la debida diligencia, sancionar a los agresores y reparar integralmente a las víctimas.
Sobre la penalización del aborto voluntario, los obstáculos para el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) y la maternidad forzada en el país, se argumentó que pese a que el aborto es legal en Bolivia cuando es resultado de violación o riesgo para la vida y salud de la mujer, existen varios obstáculos para su acceso: falta de infraestructura, equipamiento y medicamentos; el desconocimiento de la normativa, demoras injustificadas, exigencias arbitrarias de requisitos adicionales y la objeción de conciencia colectiva.
La Coalición destacó como “un grave caso de injerencia” de grupos vinculados a la Iglesia Católica que actuaron con anuencia del personal de un hospital público para suspender la interrupción legal del embrazo de una niña de 11 años, víctima de violación que ya se había iniciado. Se agregó que en este caso se violentó la confidencialidad, el secreto profesional y el derecho a decidir sin presiones, poniendo en grave riesgo la vida de la niña.
Se recomendó que el Estado boliviano debe garantizar una atención efectiva e inmediata a las mujeres que solicitan la ILE, prohibir la injerencia de terceros en sus decisiones y tomar medidas para reforzar la confidencialidad, la no revictimización y el respeto al consentimiento previo e informado sin coacción, en especial previniendo la maternidad infantil forzada.
Respecto a la población LGBTIQ+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales, Travestis, Intersexuales, Queers y más), se informó que en Bolivia existe vulnerabilidad al acoso, violencia contra privados de libertad y crímenes de odio.
Que, al interior de las cárceles, las personas LGBTIQ+ son agredidas física y psicológicamente por los propios reclusos que no aceptan las diversidades sexuales. Además, que existen reclusos transexuales y transgénero que se encuentran encerrados con hombres heterosexuales, que son víctimas de abusos y agresiones.
“En el periodo 2006 a 2016 se registraron 64 asesinatos de personas LGBTIQ+ en Bolivia, solo dos tienen sentencias contra los autores. Las instancias de administración de justicia no cuentan con datos oficiales sobre casos de personas de la población LGBTIQ+ que fueron víctimas de delitos contra la vida y seguridad personal en razón de su orientación sexual e identidad de género, tampoco cuentan con datos sobre el estado de los procesos”.
Se recomendó que el Estado boliviano debe: especializar a las y los operadores de justicia en las actuaciones en procesos judiciales en los que intervienen personas LGBTIQ+ tanto en calidad de víctimas como de denunciados. Además, poner fin a la impunidad de los crímenes de odio a través de investigaciones de oficio, oportunas y exhaustivas.
Respecto a las recomendaciones del CAT para el Estado boliviano, el Comité otorgó el plazo de un año, hasta el 3 de diciembre de 2022, para que Bolivia proporcione información sobre el grado de cumplimiento de los encargos emitidos.
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