La Paz, 3 de agosto de 2022 (ANF).- El Ministerio de Gobierno envió cuatro notas al Ministerio de Defensa solicitando firmar un convenio de coordinación interinstitucional para la utilización de los radares en la lucha contra el narcotráfico. Pero el pedido del ministro de Gobierno no se concretó.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, respondió mediante una carta con fecha 22 de julio a la diputada Luisa Nayar, sobre los actuados realizados para llevar adelante convenios y acciones conjuntas con el Ministerio de Defensa para usar los radares contra el ilícito de las drogas.
En la nota enviada a la legisladora, el despacho de Gobierno detalla que a la fecha no se firmó un convenio pese a las varias veces que insistió a través de notas formales dirigidas al Ministerio de Defensa.
“Esta Cartera de Estado ha cursado las notas MIN.GOB-DESP N° 1338/2021 de 19 de julio de 2021; MIN.GOB-DESP N° 1598/2021 de 30 de agosto de 2021; MIN.GOB-DESP N° 1717/2021 de 15 de septiembre de 2021; reiterando la imperante necesidad de contar con este instrumento que permita desarrollar un trabajo conjunto de coordinación entre ambos Ministerios e instancias correspondientes, contra el tráfico ilícito de sustancias controladas”, se lee en la misiva.
El Ministerio de Gobierno el 24 de enero de este año volvió a mandar una nota con CITE: MIN.GOB-DESP N° 119/2022, nuevamente “se reiteró la necesidad de sumar esfuerzos en la lucha frontal contra el tráfico ilícito de sustancias controladas”.
La diputada Luisa Nayar cuestionó que estos aparatos no estén acompañando la lucha contra el narcotráfico, con base en los reportes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) sostuvo que en los últimos años esos vuelos con estupefacientes se incrementaron.
Precisó que durante la gestión 2021, 46 avionetas han sido encontradas con “20 toneladas de cocaína y 190 toneladas de marihuana”; mientras que en 2022 el dato es “exuberante” porque se identificó 83 avionetas y tres helicópteros con 11 toneladas de cocaína y 139 de marihuana.
A iniciativa del despacho del titular del Ministerio de Gobierno en enero de 2021, la Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (DGFELCN) sostuvo reuniones con miembros del Comando de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo (Cosdea), instancia en la que se acordó suscribir un instrumento legal que les permita ejecutar un acuerdo estratégico operacional.
Detalla que la División de Planeamiento y Operaciones de la DGFELCN emitió un informe técnico en marzo de 2021, en relación al “Proyecto de Cooperación Interinstitucional”, entre el Ministerio de Gobierno a través de la DGFELCN y el Ministerio de Defensa a de la Fuerza Aérea Boliviana y Cosdea, para realizar un efectivo control del espacio aéreo.
Este informe establece la necesidad de coordinar con la Fuerza Aérea para el uso de radares que permitan el control del espacio aéreo, en las operaciones de control y lucha contra el narcotráfico; el que concluye que el mencionado convenio cumple con las necesidades técnicas y operativas.
Asimismo, un informe jurídico del Ministerio de Gobierno en abril de 2021 estableció que el convenio “se considera viable legalmente porque no vulnera ninguna disposición normativa vigente”.
“El Ministerio de Defensa señala que la transmisión de imágenes en tiempo real de vuelos regulares e irregulares sería atentar contra la Seguridad de Estado, para lo cual se debe establecer los canales de correspondientes de transmisión de información (…) rechaza y no reconoce la factibilidad ni viabilidad del mencionado Proyecto de Convenio interinstitucional por los requerimientos que no aplican al alcance ni finalidad de las Tareas Operativas a realizarse enmarcadas en la normativa aplicable”, se lee en la carta de Gobierno a la diputada Nayar.
Añade, de acuerdo al informe jurídico del Ministerio de Defensa que “(…) no existe el consentimiento de los otorgantes, el objeto está sujeto a una condicionante que será el funcionamiento de Cosdea, cierto determinado y no sea incompatible con la norma”.
En consecuencia, el Ministerio de Defensa mediante una nota del 17 de septiembre de 2021 señaló que “(…) por los fundamentos que exponen haría inviable la suscripción del mencionado proyecto de Convenio en los alcances pretendidos”.
La diputada Luisa Nayar observó que el Ministerio de Defensa se niegue a coordinar en la lucha contra el narcotráfico a través del uso de los radares. Asimismo, cuestionó que a la fecha no estén funcionando al señalar los equipos de “fantasmas”.
Se habla de radares desde el 2015
En noviembre de 2015, el entonces ministro de Defensa Reymi Ferreira y el presidente de la empresa francesa Thales Thales Air Systems, Guy Delevacque, firmaron un contrato por una inversión de 200 millones de euros, por el que Francia debía transferir a Bolivia un sistema de radares para la lucha contra el narcotráfico.
El 23 de agosto de 2016, Bolivia realizó un contrato por 191 millones de euros (216 millones de dólares) con la empresa francesa Thales Air Systems para la compra e instalación de 13 radares de defensa y control aéreo, como parte de su lucha contra el narcotráfico.
De acuerdo al proyecto se debía completar en 31 meses, es decir dos años y siete meses, se estipulaba que los equipos se instalarán en diferentes regiones de Bolivia.
“Con la firma de este convenio, Bolivia va a constituirse en un referente en cuanto a seguridad de aeronavegación y junto a Brasil se va a convertir en uno de los países que tiene un sistema integrado civil militar”, dijo en ese tiempo el ministro Ferreira, en un acto público.
El 14 de febrero de 2014, el Gobierno de Bolivia promulgó la Ley de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo, que autoriza el derribo de aeronaves declaradas “hostiles”.
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