La Paz, 22 de diciembre del 2023 (ANF). – El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó este viernes que la comisión de fiscales comunicó que presentarán el requerimiento conclusivo del caso “golpe de Estado I”; sin precisar quiénes son los sindicados, el representante del Ministerio Público adelantó que pedirán la máxima de 30 años por el delito de terrorismo.
“La comisión de fiscales me ha comunicado el día de hoy de que en las próximas horas vamos a presentar el requerimiento conclusivo del caso golpe I, donde vamos a presentar la correspondiente acusación (formal). Una vez que se presente esta acusación, vamos a brindarles mayores detalles sobre nombres, sobre delitos a los cuales está llegando a concluir”, dijo Alave.
No se descarta que entre los acusados estén la exsenadora de oposición Jeanine Añez y los exlíderes cívico Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari. Los tres guardan detención preventiva en diferentes cárceles del país.
En cambio, los cuatro exjefes militares que optaron por un juicio abreviado podrían estar exentos de la acusación formal.
Alave explicó que el requerimiento conclusivo significa la finalización del proceso de investigación que podría derivar en dos conclusiones: el sobreseimiento o la presentación de pruebas para la acusación formal. En este caso, dijo que presentarán las pruebas halladas.
“La acusación constituye que la Fiscalía ha conseguido elementos para poder acusar a una persona por determinados delitos. En este caso, si hemos establecido la comisión de delitos y en su momento los haremos conocer quiénes son esas personas sobre las cuales se ha establecido estos delitos”, precisó Alave.
Los delitos por los que serán acusados los investigados son terrorismo, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y usurpación de funciones.
Sin embargo, la tipificación penal de terrorismo, utilizada en Bolivia para juzgar a muchos detractores políticos, fue observada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El informe de seguimiento a las 36 recomendaciones del GIEI develó que “persiste (en Bolivia) la necesidad de adecuar el marco normativo aplicable al delito de terrorismo, tomando en cuenta que su formulación actual continúa incólume tras la decisión del TCP (Tribunal Constitucional Plurinacional) de declarar improcedente la inconstitucionalidad abstracta intentada”.
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