La Paz, 28 de junio de 2024 (ANF). - Por terrorismo y alzamiento armado, el Ministerio Público presentó una imputación contra otros 14 militares que supuestamente participaron en la toma militar de plaza Murillo, pidió que sean recluidos en Chonchocoro. La defensa de los sindicados denunció que los fiscales están vulnerando el debido proceso y no se individualizó su participación.
“Por lo que, sin entrar en mayores consideraciones de orden legal, se resuelva imputar formalmente a Waldir M. H., Miguel Fernando I. S., Juan Carlos D. g., Juan Mario P. S., Luis Domingo B. G., Raúl B. M., Roberto Octavio A. R., Franz Luis O. M., Anibal Abel A. G., Marcelo Franklin G. F., Leonel Elio S. V., Julio Omar B. S., Roman Wilmer C. C. y Marco Mauricio C. C., por la comisión de los delitos previstos y sancionados de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado”, señala la resolución de imputación al que accedió la ANF.
La audiencia de medidas cautelares comenzó a las 22:00 de este viernes, misma que se realiza de forma virtual, la comisión de fiscales está pidiendo la reclusión por seis meses en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro. Los sindicados se encuentran en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
En ese contexto, el abogado de uno de los uniformados, Alexis Fuentes de la Barra, cuestionó que todos sean imputados por los mismos delitos y que los fiscales no hayan individualizado la participación de cada uno de los militares. Consideró que se está vulnerando el debido proceso y la presunción de inocencia.
“La audiencia nos parece irregular y el Ministerio Público está pidiendo de forma injusta la detención preventiva de seis meses en el penal de Chonchocoro. No estamos notando una individualización de cada uno de los sujetos procesales y eso nos parece muy extraño e ilógico, que no viene a enmarcar en el debido proceso. Se está vulnerando el debido proceso y la presunción de inocencia”, demandó.
De acuerdo a la resolución suscrita por los fiscales Omar Mejillones y Franklin Alborta, los uniformados fueron parte del hecho, pero no determina la participación especifica de cada uno de ellos, solo menciona que recibieron órdenes para el traslado de los vehículos blindados de las diferentes unidades militares hacia la sede de Gobierno.
A la vez, señalan que existen riesgos procesales de fuga porque todos tienen movimientos migratorios a diferentes destinos en el exterior: Argentina, Miami en Estados Unidos, Perú, Panamá, Paraguay, Venezuela, Chile y Brasil.
También se menciona que existe el riesgo procesal de obstaculización en la investigación porque pueden influir en los nueve testigos, además que al tener un cargo en las Fuerzas Armadas, pueden incidir en los investigados e informadores.
Vía militar
Por otra parte, el jurista observó que los militares no hayan sido investigados por la vía castrense tomando en cuenta que existe un procedimiento y una norma jurídica militar. Recordó que hay dos procesos sumarios, el ordinario y urgentísimo, en este caso debió aplicarse el segundo proceso que establece que se inicie la investigación en 48 horas.
“Tenemos que agotar la subsidiaridad, hablando de los militares ellos tienen una normativa militar y deberían ser previamente juzgados por la vía militar y luego pasar a la ordinaria. Existen dos sumarios, el ordinario y el urgentísimo y este se hace en las 48 horas, pero estamos en el segundo día y ni siquiera los del Ejército han venido a realizar un sumario informativo militar y esos extremos van a ser denunciados”, explicó.
A la vez, dijo que con relación a su cliente, él llegó desde Cochabamba en comisión porque era parte de la seguridad del general, por tanto, solo estaba siguiendo órdenes superiores para resguardarlo.
“Al ser militares hay la subordinación y constancia, mi patrocinado es seguridad del general Zúñiga y, entonces, al ser seguridad solo cumple esa función. Por eso no llega a implicarlo dentro de una labor y estamos manejando de muy mala manera la investigación y la justicia”, puntualizó.
Asimismo, cuestionó que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, los haya presentado como si fueran delincuentes ante los medios de comunicación, transgrediendo la presunción de inocencia y vulnerando los derechos que están amparados por la Constitución Política del Estado.
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